El fiscal general de Estados Unidos, Merrick B Garland, confirmó que el hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue extraditado a ese país desde México. Se le acusa de los delitos de tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero y violencia en relación con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, ascenso que tuvo junto a sus tres hermanos (los Chapitos) tras el arresto y extradición de su padre al vecino país del norte.
Específicamente, los cargos en contra del joven conocido como el Ratón son: conspiración para distribuir sustancias controladas; pertenecer a una empresa criminal de forma continua; conspiración para importar sustancias controladas; conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilícita; distribución de una sustancia controlada; conspiración para cometer lavado de dinero; uso y posesión de un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas. Las penas van de los 10 años y hasta cadena perpetua.
Respecto de la extradición, el Departamento de Justicia emitió la tarde de este 15 de septiembre una declaración de Garland, en la que el fiscal general estadunidense reconoció la colaboración entre los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden en materia de combate al narcotráfico.
“Hoy, como resultado de la cooperación policial entre Estados Unidos y México, Ovidio Guzmán López –líder del Cártel de Sinaloa– fue extraditado a Estados Unidos. Esta acción es la más reciente en el esfuerzo del Departamento de Justicia para atacar todos los aspectos de las operaciones de esa organización criminal”, expuso Garland.
Añadió que la lucha contra los cárteles del narcotráfico ha implicado un valor increíble por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos, así como de las autoridades militares y policiales mexicanas. Reconoció que muchos de los elementos de seguridad de ambas naciones incluso han dado sus vidas en la búsqueda de justicia.
“A ellos y a los fiscales del Departamento les agradezco su trabajo y su sacrificio. También agradezco a nuestros homólogos del gobierno mexicano por esta extradición. El Departamento de Justicia seguirá responsabilizando a los responsables de alimentar la epidemia de opioides que ha devastado demasiadas comunidades en todo el país”, indicó el fiscal general estadunidense.
Ovidio Guzmán López fue arrestado el 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa. Y desde entonces había permanecido en prisión a la espera de ser extraditado, situación que culminó este 15 de septiembre cuando fue enviado a Estados Unidos, en vísperas de los festejos por la Independencia de México.
Al igual que a sus hermanos Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López, el pasado 14 de abril un gran jurado federal de Estados Unidos lo acusó de los delitos de tráfico de drogas a gran escala, lavado de dinero y violencia en relación con su liderazgo en el Cártel de Sinaloa, ascenso que habría tenido tras el arresto y extradición del Chapo Guzmán al vecino país del norte.
Las autoridades estadunidenses declararon en abril pasado que a los cuatro hijos de Joaquín Guzmán Loera se les conoce como los “Chapitos”. En aquella ocasión el mismo fiscal general Merrick Garland, así como el fiscal federal Randy Grossman y otros funcionarios anunciaron los cargos contra los cuatro hermanos, y advirtieron que éstos se derivaban de una investigación multidistrital realizada por el Distrito Sur de California, la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Penal del Departamento de Justiciay el Distrito Norte de Illinois; mientras que el Distrito Sur de Nueva York también reveló una acusación relacionada que acusaba a tres de los cuatro hermanos.
La acusación presentada en el Distrito Norte de Illinois señalaba que los Chapitos son acusados bajo el “Estatuto de Empresa Criminal Continua”, que apunta a los narcotraficantes a gran escala que son responsables de conspiraciones de drogas complejas y a largo plazo. Desde entonces se les imputaron cargos adicionales de tráfico de drogas y armas de fuego, lavado de dinero y delitos violentos.
La acusación contra los Chapitos incluye investigaciones en torno al Cártel de Sinaloa que se remontan a 15 años atrás, y describe las supuestas redes de transporte y distribución de drogas de la organización criminal, su infraestructura financiera que ha lavado cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas, y el uso extensivo de la violencia para mantener el poder, incluida una lucha interna por el poder.
De acuerdo con el comunicado que emitió el Departamento de Justicia el 14 de abril de 2023, las autoridades estadunidenses presumen que los Chapitos obtuvieron y transportaron repetida y sistemáticamente toneladas de cocaína desde y a través de América Central y del Sur(incluidos Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala) hacia México, donde eran almacenadas. Posteriormente, los cargamentos de droga eran transportados a la frontera entre México y Estados Unidos, para introducirlos a este país y distribuirlos por todo su territorio.
“Los Chapitos y los miembros del Cártel de Sinaloa supuestamente también obtuvieron, fabricaron y transportaron otras drogas, incluidas marihuana, heroína y metanfetamina, a sabiendas y con la intención de que dichas drogas serían importadas y distribuidas en todo Estados Unidos. Supuestamente, los Chapitos también obtenían sustancias químicas precursoras para la fabricación de drogas sintéticas y operaban laboratorios para fabricar metanfetamina”.
El Departamento de Justicia indicó que la acusación formal contra los cuatro hijos del Chapo Guzmán –incluido Ovidio–y otros miembros y asociados del Cártel de Sinaloa señala que éstos utilizaron diversos medios para evadir y escapar del personal militar y policial, y para proteger sus actividades de distribución de drogas. Incluso recuerda el Culiacanazo, ocurrido el 17 de octubre de 2019, cuando la Guardia Nacional mexicana capturó y luego liberó a Ovidio Guzmán López, por la violencia que la organización criminal desató en Sinaloa.
Para evadir la acción de la justicia, los Chapitos recurrieron a la violencia armada extrema (incluidos asesinatos, secuestros, agresiones y agresiones contra las fuerzas del orden, narcotraficantes rivales y miembros de su propia organización de narcotráfico); al pago de sobornos a servidores públicos corruptos; e incitaron, amenazaron y participaron en actos de violencia, señala la acusación penal.
Además, indica que para traficar sus drogas y precursores químicos, los cuatro jóvenes supuestamente utilizaron aviones de carga, aviones privados, submarinos y otras embarcaciones sumergibles y semisumergibles, portacontenedores, embarcaciones de suministro, lanchas rápidas, embarcaciones pesqueras, autobuses, vagones de ferrocarril, remolques de tractores, automóviles y vehículos interestatales y comerciales privados y comerciales, y transportistas extranjeros. “Supuestamente mantenían una red de correos, túneles y escondites en todo México y Estados Unidos para promover sus actividades de narcotráfico. Los Chapitos habrían utilizado estas redes para importar la droga a Estados Unidos”.
Acerca de las actividades del Cártel de Sinaloa, la acusación contra Ovidio Guzmán López, Joaquín Guzmán López, Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, señala que cuando éste era dirigido por Joaquín el Chapo Guzmán e Ismael Zambada García –alias el Mayo–, sus miembros y asociados (presuntamente incluidos los Chapitos) contrabandeaban cantidades significativas de drogas de México a Estados Unidos. Y que fue luego del arresto de Guzmán Loera en enero de 2016 y su extradición a Estados Unidos en enero de 2017, cuando los Chapitos supuestamente asumieron el liderazgo de la organización criminal, junto a Zambada García y Dámaso López Núñez, también conocido como Licenciado.
“Posteriormente, los Chapitos acumularon un mayor control sobre el Cártel de Sinaloa al amenazar y provocar violencia contra Dámaso López Núñez, su familia y sus asociados y, como resultado, se convirtieron en los principales líderes y narcotraficantes dentro del Cártel de Sinaloa”.
Por ello, el Departamento de Estado estadunidense ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Iván Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, y hasta 5 millones de dólares por información que derive en el arresto y/o condena de Joaquín Guzmán López.
El número de caso con el que se procesará a Ovidio Guzmán es el 09-CR-383 (ND-IL), y también incluye a sus tres hermanos. Sobre estos cuatro mexicanos se indica que la acusación no es prueba de culpabilidad, y que se presume que los acusados son inocentes y tienen derecho a un juicio justo en el que el gobierno tiene la carga de demostrar su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
*Iván Guzmán Salazar, edad: 40 años, originario de Sinaloa.
*Alfredo Guzmán Salazar Edad: 37 años, originario de Sinaloa.
*Joaquín Guzmán López Edad: 36 años, originario de Sinaloa.
Ovidio Guzmán López Edad: 33 años, originario de Sinaloa.
*Fugitivos
En el resumen de cargos se indica:
-Conspiración para distribuir sustancias controladas en violación del Título 21 USC. Plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta cadena perpetua; multa de 10 millones de dólares.
-Empresa criminal continua, en violación del Título 21 USC. Plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 20 años y hasta cadena perpetua; multa de 2 millones de dólares. “Los demandados son acusados como administradores, organizadores o líderes principales de la empresa o son uno de varios de dichos administradores, organizadores o líderes principales; y la violación involucró 300 veces la cantidad de una sustancia descrita en la subsección 841(b)(1)(B) (100 gramos de heroína, 500 gramos de cocaína, 100 kilogramos de marihuana o 50 gramos de mezcla de metanfetamina), que es obligatoria cadena perpetua”.
-Conspiración para importar sustancias controladas, en violación del Título 21 USC. Plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta cadena perpetua; multa de 10 millones de dólares.
-Conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilícita, en violación del Título 21 USC; plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta cadena perpetua; multa de 10 millones de dólares.
-Distribución de una sustancia controlada, en violación del Título 21 USC; plazo de custodia que incluye un mínimo obligatorio de 10 años y hasta cadena perpetua; multa de 10 millones de dólares.
-Conspiración para cometer lavado de dinero, en violación del Título 18 USC; plazo de custodia de hasta 20 años de prisión; multa de 500 mil dólares o el doble del valor del instrumento monetario o fondos involucrados, lo que sea mayor.
-Uso y posesión de un arma de fuego durante un delito de tráfico de drogas. Plazo de prisión preventiva de hasta cadena perpetua y pena consecutiva obligatoria de 30 años de prisión.
Te puede interesar: Estados, aún sin resultados en combate al ‘lavado de dinero’