Los dos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) solicitaron a la Fiscalía General de la República que cite en calidad de declarante al senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación. Ello, con el objetivo de que aporte pruebas o su testimonio acerca de las labores de agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en los lugares y al momento en el que ocurrieron las desapariciones forzadas de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
“Hemos pedido a la Fiscalía que tiene que haber una declaración del señor Osorio Chong ,como secretario de Gobernación y responsable del Cisen, sobre mucha de las cosas del Cisen”, señaló Carlos Beristain durante la presentación del sexto y último informe del caso Ayotzinapa, luego de que los dos integrantes anunciaron su salida de este caso porque ya se cumplió su acuerdo con el gobierno federal.
Beristain expuso que en esta última edición del análisis que realizaban. “Las pocas cosas que les hemos podido contar del Cisen ahora son cosas que no hemos sabido hasta ahora. El hecho de que había gente del Cisen en un lugar donde se llevó a cabo la desaparición forzada no lo sabíamos. Lo supimos hace unos meses por un testigo que nos lo contó, nos dio el nombre, nos dio el teléfono”.
El integrante del GIEI observó que toda esa información ·”ya está en manos de la Fiscalía para que lo busque, para que dé con él. Es una persona conocida que sigue trabajando en Iguala, entonces eso es parte de lo que se tiene que decir: qué pasó con la información, qué pasó con la participación en torturas, qué pasó con otra información”.
Al respecto, se refirió a uno de los más recientes hallazgos, documento que fue proyectado durante la presentación. “Ustedes han visto el documento de Sedena que tiene una cosa por encima que dice Cisen; eso [es] como si el documento se hubiera revisado, chequeado. ¿Revisó el Cisen toda esa información? ¿Qué informes hizo? ¿Dónde están? Eso es parte de lo que se necesita conocer y obviamente hay que tomar declaración a estas personas”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunció que no ha habido voluntad política en las secretarías de Defensa Nacional y la falta de insumos para otras áreas de conocimiento. Respecto del traslado de archivos relacionado con la desaparición de los jóvenes, indicaron: “sabemos que la respuesta que dio sedeña es que eso no había pasado y que necesitaban saber quién era la fuente de esa información para poder investigarlo”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señaló que gran parte de la obstaculización en la investigación para esclarecer el caso de Ayotzinapa vino de la Sedena y miembros de la Marina. Por lo que se advirtió que no hay condiciones para seguir trabajando en México, debido al ocultamiento de información.
Pese a que Andrés Manuel López Obrador ha intervenido para que se les provea de información, esta ayuda no ha sido suficiente. “El músculo del Estado estaba presente, actuaron y no protegieron, saben y sabían lo que pasó. El ocultamiento de esa información ha significado el ocultamiento de responsabilidades y se ha constituido, en sí misma, en una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes”, dijo Beristain.
Las instituciones
En el proceso de la desaparición de los jóvenes normalistas estuvieron implicados miembros del Órgano de Búsqueda de Información (OBI) de la Sedena, elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México y un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Así lo informaron Carlos Beristain y Ángela Buitrago, miembros del GIEI durante su sexto y último informe sobre el caso de Ayotzinapa.
Además de la participación activa del Ejército, se expuso la implicación dela Policía Federal, la Policía estatal, la Policía Ministerial, la Policía municipal de Iguala y miembros del cártel Guerreros Unidos, lo cual se conoce gracias a la construcción de una ruta de geolocalización mediante las llamadas que se realizaron en la noche del 26 de septiembre del 2014 y días posteriores, mismas que fueron recopiladas por un centro de información de denuncias denominado C4.
En el informe actualizado se muestra “los distintos niveles de implicación y de responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes”, señaló Carlos Beristain, miembro del GIEI. Quien además mencionó que la actuación del Ejército se debió a dos posibles factores: la colusión con el narcotráfico o la visión contrainsurgente de los jóvenes.
“Para evitar que se tergiverse la información, no hay ni un solo documento de los que hemos analizado que señala que los jóvenes estuvieran coludidos con el narcotráfico. Sin embargo, hemos encontrado muchos documentos que señalan a Sedena como a las autoridades de Cocula, Iguala, Taxco y otros municipios coludidos con el narcotráfico, tanto presidentes municipales como jefes de policía”, añadió Beristain.
Por su parte, Buitrago mencionó “nos pusimos a la tarea de verificar desde cuándo existe el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) porque nos han negado [Sedena] la existencia de este centro y nos han dicho que solo empezó desde 2015, pues en sus propios documentos este cuerpo funciona desde el 27 Batallón desde marzo de 2014 dirigido por Sedena. Y desde este punto de vista no solamente han negado insistentemente este hecho sino que bajo el análisis de sus propios documentos están demostrando las mentiras que están plasmando en estos informes que nos están entregando”.
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