Decenas de testimonios de madres y padres de los bebés víctimas del incendio en la guardería ABC, de bomberos, paramédicos, policías e incluso autoridades revelan la operación de Estado que orquestó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, en 2010, para ocultar la verdad de este crimen y encubrir a su esposa, la panista Margarita Zavala. Las desgarradoras narraciones formaron parte de la investigación que elaboró y defendió aquel año el ahora ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, e integran el nuevo expediente que la Fiscalía General de la República abrió en 2020
“Llegamos [al hospital] y me meto a[l área de] Emergencias y ahí me quedo parado en la entrada de Emergencias, por la parte de atrás, esperando que llegara una ambulancia. Empezaron a llegar muchas ambulancias de niños y todo eso. Se veía la cara de los doctores que no estaban preparados para algo así. Los doctores estaban asustados. También los paramédicos que llegaron en las ambulancias se les veía que estaban devastados y así fue todo el día”, narró el padre de Emilia Fraijo Navarro –una de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC– al ahora ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Abraham Fraijo Orozco continuó: “fácilmente pudieron identificarla por su etiqueta, por el nombre que estaba en su etiqueta… La primera niña que yo reconocí, ella no tenía ninguna quemadura: estaba negrita de lo tiznada del humo, pero no tenía ninguna quemadura, ninguna quemada, y por eso la pude reconocer. La levanté y vi la etiqueta. María Alejandra fue la primera niña que me tocó identificar. Y recuerdo que le dije a la doctora: ‘todos los niños tienen en su ropa el nombre, para que no batallen para identificarlos’. No sé por qué razón no nos informaban. Lo que pienso es que trataban de minimizar el daño: que no se viera a la luz pública las muertes que hubo en el momento de la tragedia”.
El testimonio –como decenas que recogió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2010– quedó asentado en la amplia investigación que hizo el ministro Zaldívar sobre este crimen, y que ha defendido hasta la fecha.
“Un padre me narró cómo durante todo un día buscó a su niña Emilia, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital. La reconocía por su ropita. Cuando tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba”, recordó el juzgador el 22 de febrero pasado, cuando reveló la operación de Estado que orquestó el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa para proteger a su esposa Margarita Zavala y a su familia. La inédita y grave declaración de Zaldívar sobre cómo operaron las autoridades federales para entorpecer las investigación y procurar impunidad es sólo una pieza de todo el trabajo que ha realizado en torno a este tema.
La primera reunión a la que asistió para escuchar a padres y madres de las víctimas de aquel incendio marcó para siempre su carrera judicial: “algún día en el salón de usos múltiples de la Corte estuve presente en una de las reuniones, en donde se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Una reunión donde no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el percibido ahí. Las madres y los padres de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno, una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o niño, y si estaban lesionados o habían fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque por tener que trabajar, por su culpa, se habían muerto sus bebés”.
Alrededor de las 14:40 horas del 5 de junio de 2009, y mientras los menores dormían la siesta, se inició el incendio en la bodega contigua a la guardería ABC, ubicada en Hermosillo, Sonora, y propiedad –en sociedad con otras personas– de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, prima de la entonces primera dama de México. Esa tarde, 153 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad se enfrentaron al infierno; 49 de ellos perdieron la vida. Todos fueron, son, víctimas de la negligencia, la corrupción y la impunidad.
El voto minoritario de Arturo Zaldívar que se presentó en 2010 –que fue acompañado sólo por los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan N Silva Meza– apunta: “los pequeños que no habían presentado lesiones aparentes y que fueron inicialmente valorados por paramédicos y entregados a sus padres, o bien revisados y dados de alta en los hospitales, días después presentaron cuadros de asfixia o accesos de tos, como consecuencia del daño pulmonar que sufrieron por la inhalación de gases tóxicos. Incluso niños que habían sido recogidos de la guardería antes del incendio, presentaron estas secuelas”.
Fue el caso de Carlos Abner Guerrero Herrera. Su madre, Cinthya Denisse Herrera, narró a la Suprema Corte que a su bebé “sí lo estuvieron revisando y le conectaron oxígeno. Estuvo como una media hora [en el hospital]. Y me dijeron: ‘quítaselo, ya no es necesario’. Pregunté que dónde se lo quitaba y ya fue la enfermera y se lo quitó. Pero me dijo que ni siquiera estaba prendido [el oxígeno]. Ese día era mucha tensión y me dijo que me lo llevara, que estaba bien. Nunca le tomaron radiografías ni nada. Cuando recogimos al niño venía con moco negro. Y cuando le quitamos el oxígeno se nos ahogó. Lo llevamos al Seguro y nos dijeron que estaba bien, que había sido el susto. Después de una semana lo empecé a llevar a que lo checaran y el niño sí estaba con los pulmones inflamados, los dos”.
La negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno se repitió en el resto de sobrevivientes, al grado de obstaculizar la atención médica. Con ello se violó el derecho humano a la salud de los infantes –ilícito que no prescribe– y se incurrió en delitos contra la salud.
“Una semana después [del incendio] nos contactaron de[l hospital] Shriners. Estuvieron hablándole a unos papás y nosotros fuimos. La revisaron, le tomaron una placa y sí sale inflamación en sus pulmones”, contó Lourdes Acuña Ortega, mamá de Anel Lourdes Castro Acuña.
La investigación de la Corte que encabezó el ministro Zaldívar apunta que los primeros testigos del incendio fueron los trabajadores de la llantera contigua al inmueble. El primer reporte lo realizaron a las 14:54 horas. El humo también “alertó a los trabajadores de la gasolinera cercana, transeúntes, vecinos y padres de familia que acudían a recoger a sus hijos. Fueron ellos, auxiliados por policías municipales, quienes iniciaron las primeras labores de rescate”.
El bombero Jorge García Orduño narró su experiencia en ese incendio: “me doy cuenta que afuera es un caos. El apoyo completo en sí no llegaba. Entonces mi trabajo ahí fue pasar información que se necesitaba a los policías para controlar la multitud, porque ya, por ponerle un ejemplo, parecía [una guerra:] no sé si ha visto los documentales de la guerra de Irak cuando las bombas truenan sobre los carros, así era. Horrible. Horrible. O sea, hasta a uno se le quiebra la voz de sólo acordarme ahorita. Entonces ya no era un servicio común y corriente: era algo que nos rebasaba en ese momento”.
Luz Haydee Tapia Uriarte, paramédico del cuerpo de bomberos, también narró a los funcionarios de la Suprema Corte que “no había suficientes transportes de ambulancia. Los estábamos echando o poniéndolos en las cajas de las pick up y así eran los traslados a los hospitales. Eran los traslados de muchos niños: iban dentro de las cajas de las pick up. Las pick up que son los carros de los estatales, que ahí eran los que estaban auxiliando y que estaban acomodando y subiendo niños y subiendo niños. Salía una unidad y salía otra unidad con niños”.
Para entonces todo Hermosillo era caos y desesperación. De acuerdo con la investigación del ministro Zaldívar, los bebés que no presentaban lesiones aparentes fueron llevados a un domicilio cercano que sirvió de albergue. Ahí fueron atendidos y resguardados hasta la llegada de sus padres. “Cuando los niños no eran localizados ahí, los familiares eran dirigidos al Hospital CIMA a donde la mayor a habían sido trasladados en un principio, por ser el más cercano; pero al llegar, fueron informados que varios niños habían sido llevados a otros hospitales, donde la situación también rebasó la capacidad de respuesta”.
La amplia y minuciosa indagatoria documenta que “en los alrededores de los hospitales la vialidad se dificultaba, en las salas de espera la identificación se hacía mediante letreros que indicaban los grupos a los que pertenecían los niños o mediante la exhibición de sus zapatos. Cada hospital adoptó políticas distintas en cuanto a la identificación y localización de los menores, así como sobre la información que proporcionaba”.
María Jesús Coronado Padilla, mamá de Paulett Coronado Padilla, contó: “yo encontré a la niña, iban a ser las 2 de la mañana. No entiendo el porqué todavía no nos hablaron para decirnos dónde estaban los niños. Para esa hora nos decían que habían fallecido casi 30 niños. Yo cuando vi a la niña ya estaba identificada, se podía identificar. Si las maestras entraron, las maestras la identificaron porque la niña no tenía quemada la carita, no la tenía. Entonces yo ahorita todavía siento mucho coraje. ¿Por qué no nos dijeron? ¿Por qué no nos avisaron? Que medio Hermosillo se hubiera vuelto loco, carros por donde quiera. Llegábamos a un hospital, teníamos que caminar hasta tres, cuatro calles, porque no había estacionamiento. Yo no sé quién mandaba. Andábamos caminando todo el día, con los pies hinchados, ampollados. Hasta esa hora que encontré a la niña y la niña tenía unas manchitas.”
Los desgarradores testimonios de padres y madres de víctimas se sucedían uno tras otro. “Luego de terminar esa reunión de más de 3 horas –de la que hoy todavía no entiendo por qué pude aguantar y no llorar– subí a ponencia y les dije a mis secretarios: ‘ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños, esto es una infamia que yo no voy a convalidar’”, recordó el ministro Zaldívar el pasado 22 de febrero.
Padres y madres le contaron que “el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, Estados Unidos, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema”.
Uno de esos testimonios es el de Lorenzo Alberto Huguez Galvez, papá de María Jimena Huguez Mendoza. “Ya como a media noche nos dicen que si queríamos trasladarla a Sacramento y nosotros decimos que sí. Y ya después como a las 5 de la madrugada nos dicen que siempre no se va a trasladar a Sacramento, que por decisión de los médicos se va a trasladar a Guadalajara, que porque hay un mejor servicio y nosotros decidimos hacerlo y al llegar allá no era un mejor servicio, era más de lo mismo”.
Otras madres, padres y familiares coincidieron. Manuel Montaño Estrada, tío de Danna Paola Villarreal, expuso: “empezamos a investigar aquí, y fue cuando contactamos aquí a Hermosillo, gente de Shriners. Les expusimos cómo estaba la cosa y ya que nos habían dicho eso: a varios niños querían amputarlos. Nos dijo el señor: ‘no, pues están mal, eso no se hace. Eso es el último recurso. Estando en Estados Unidos va a ser lo último que le van a hacer’. Por fin estuvimos, pelearnos y eso una semana que cómo le hacemos, con quién hablamos, a dónde vamos para que pueda gente del Shriners trasladarse a Guadalajara y que se lleven a los niños a Estados Unidos a sus hospitales”.
Francisco Villarreal, papá de Danna Paola, agregó: “los doctores ya habían venido y no los dejaron entrar a evaluar a los niños. Nosotros pedimos mucho eso. Cuando los dejaron evaluarlos, les decimos bueno que se la lleven, ahí nos decían: ‘es que Danna está muy bien, va muy bien. En un mes te la damos, 15 días te la damos de alta. Y la Danna no se veía tan bien como en 15 días darla de alta”.
Manuel Montaño Estrada continuó: “luego luego se vio que intervino el Seguro Social. Estuvo el Director General, no sé qué puesto es del Seguro Social, es Karam [Daniel Karam Toumeh], él era el que daba las órdenes: ‘vamos a llevar a niños para allá, vamos a hacer esto’. No sé en qué se basaba, pero así era. Luego luego se vio la intervención del Seguro Social. Algunos niños estuvieron muy bien atendidos en el Hospital del estado, en el Hospital Infantil del estado. No sé por qué se los llevaría para allá, estaba más cerquita. Es un hecho que me tocó a mí, cuando estábamos en el auditorio del Hospital Infantil, llegó gente del Shriners aquí en Hermosillo, llegó gente y dijo: ‘saben qué, nosotros tenemos ahorita lugar para 80 niños, si se los quieren llevar, nos los llevamos’, comentó el mismo señor, el licenciado, se me fue el nombre, Barrera se apellida, que es el delegado de Shriners Sonora. Puso a disposición: ‘tengo yo los medios para trasladar 80 niños. Ustedes díganme a quién me llevo’. Pues no le permitieron”.
La madre de Danna Paola, Marisol Montaño Estada, criticaba que “si no podían con el paquete, no estaban preparados ni especializados porque no tenían ni las instalaciones puestas, si no podían con el paquete los hubieran mandado a Estados Unidos. En vez de hacer el viaje a Guadalajara, los hubieran mandado a Sacramento”.
El pasado 22 de febrero el ministro presidente rememoró que los familiares de bebés lesionados le contaron que “los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado”.
Al respecto, en su comparecencia el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, también lo confirmó: “en una coordinación con el Seguro Social, esto es muy importante mencionarlo porque también hay muchas versiones sobre qué pasó con los movimientos del Seguro Social en Sonora, siendo estado fronterizo tiende mucho hacia la frontera norte, entonces los padres de familia, insistentemente decían que querían mover a los niños al hospital de Sacramento, el Shriners, Hospital de Los Ángeles, y al hospital de no sé dónde; los querían mover y el Seguro Social insistía mucho en moverlos todos a Guadalajara o a Ciudad Obregón, donde ellos tenían capacidad. Entonces, desde hacer las gestiones con algunas organizaciones de la sociedad civil que participaron muy activamente, por cierto, a estar al pendiente de ellos, y por eso les decía, como yo les comenté, reiterarles que al Seguro Social, al señor director, o sea, hay que hacer lo que los papás dicen, hombre, pues si los señores quieren que se vayan a Sacramento pues hay que llevarlos a Sacramento. No hay que pelear con ellos, qué necesidad tenemos todavía de crear o abrir un espacio más de discusión en algo que ya está suficientemente grave el asunto como para hacerlo. Y gracias a eso abrimos, ya se había cerrado el tema de Sacramento, que algunos niños pudieron ser movilizados”.
La propia investigación de Zaldívar da cuenta de esas resistencias de la autoridad federal. “De los testimonios de los padres entrevistados por la Comisión Investigadora se advierte la percepción de que el traslado de los menores fue obstaculizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, privilegiándose los traslados a hospitales de Obregón y Guadalajara, a pesar de que los padres deseaban su transferencia a Sacramento”.
Y agrega: “de los testimonios concatenados entre sí, se puede concluir que esto obedeció a una decisión centralizada del IMSS, lo que tuvo como consecuencia que, al menos, en opinión de muchos padres, los niños no recibieran una atención médica adecuada”.
En ese incendio todo fue una cadena de errores. Uno de las decenas de ejemplos de lo que se hizo mal tiene que ver con la falta de capacitación del personal. El informe de investigación relata que las maestras de la guardería ABC “jamás habían realizado un simulacro a la hora en que los niños dormían, de manera que no estaban capacitadas para enfrentar una situación de la magnitud que se vivía en las condiciones adversas que imperaban”.
El pasado 22 de febrero el ministro presidente Arturo Zaldívar denunció: “Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente [Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de ‘Estado de derecho’, de ‘autonomía’, y cuantas cosas, ¡sin ninguna autoridad moral para decirlo!, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento”.
Aún con el riesgo de ser desaparecido o ejecutado extrajudicialmente, por 12 años el ministro Zaldívar ha acompañado el dolor de las víctimas. En su reciente revelación denota el nivel al que llegaron las amenazas aquel día en que Fernando Gómez Mont –entonces secretario de Gobernación– lo visitó en la Corte para tratar de impedir que diera a conocer su proyecto.
“Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto, y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte.”
Una vez publicado su proyecto en internet, se vinieron en cascada más amenazas. “Recibo durante la semana, varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo. Llegamos a la discusión, que fueron tres días mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al Salón de Plenos, todo lo que acordamos parecía que no lo platicamos, empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado no se iba hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los padres de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad, y de humanidad. Ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando. Debatí prácticamente solo. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, nada más. Llevé el debate tres días contra el resto del Pleno de Ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación, porque hasta los hechos los votaron en contra. Pero no ganaron el debate, ni el juicio de la historia”.
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