La legitimidad popular con la que se ejecutó la reforma judicial fue definitoria para que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá no alcanzara los votos para invalidar ilegalmente la Constitución vigente, considera la ministra Lenia Batres. En entrevista con Contralínea, indica que el triunfo de esta batalla de la mayoría del pueblo de México es muy importante, pero advierte que no hay triunfos definitivos y que hay riesgos latentes, como que en un futuro inmediato se insista en echar abajo los cambios constitucionales mediante el uso fraudulento de juicios de amparo. Por ello, llama al pueblo a estar atento y vigilante, además de involucrarse en todas las fases siguientes del proceso democratizador del Poder Judicial. También subraya que hoy quedó de manifiesto que los ministros cambian sus criterios en función de factores políticos, sociales y económicos, no de factores jurídicos, por lo que se ha demostrado que no existe la imparcialidad, independencia y neutralidad que tanto alegan

Tras varias horas de discusión, la tarde de este 5 de noviembre el bloque conservador enquistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación perdió, quizá, su último intento ilegal por echar abajo la nueva Constitución que busca democratizar al Poder Judicial y acabar con el régimen de privilegios, de nepotismo y de corrupción, para crear instituciones que velen por la justicia y el interés del pueblo y no de la oligarquía. Así, el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá no alcanzó los ocho votos que requería para invalidar la Carta Magna, algo que habría sido no sólo inédito sino inconstitucional –pues la Corte no tiene facultades para ello–, por lo que al final se desechó.

Consultada por Contralínea acerca de lo que se vivió esta tarde, la ministra Lenia Batres Guadarrama resalta que la legitimidad popular con la que se llevó a cabo la reforma judicial fue definitoria para que el proyecto de sentencia del ministro González Alcántara Carrancá no alcanzara los votos que habrían invalidado de forma ilegal la Constitución vigente.

Asimismo, considera que haber logrado que se desechara dicho proyecto es un triunfo muy importante para la batalla que ha librado la mayoría del pueblo de México, pero advierte que no hay triunfos definitivos y que aún hay riesgos latentes. Uno de ellos, indica, es que en un futuro inmediato se insista en echar abajo los cambios constitucionales mediante el uso fraudulento de juicios de amparo. Por ello, llama al pueblo a estar atento y vigilante, además de involucrarse en todas las fases siguientes del proceso democratizador del Poder Judicial.

También subraya que hoy quedó de manifiesto que los ministros cambian sus criterios en función de factores políticos, sociales y económicos, no de factores jurídicos, por lo que se ha demostrado que no existe la imparcialidad, independencia judicial y neutralidad que tanto alegan.

“Ha sido una sesión efectivamente bárbara en todos aspectos. Además, entramos [a la discusión del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá] sin tener certeza de qué iba a terminar resolviéndose. Efectivamente no se alcanzaron los votos, pero creo que hay que destacar aquí que hay elementos externos que han sido definitorios a este resultado, y creo que, sin duda alguna, el primer elemento fundamental ha sido la fuerza con la que llegó la reforma judicial: creo que le imprimió desde un principio esta inimpugnabilidad. Ni siquiera en la sesión de hoy o antes, en las últimas sesiones, [se negó] que esta reforma tuviese la legitimidad popular. Hay que reiterar eso porque ha sido el elemento definitivo de esta reforma”, señala la juzgadora.

Para la ministra Batres Guadarrama, si el llamado Plan C no hubiera logrado esa legitimidad, habría sido muy fácil que el conjunto de argumentos que hoy se intentaban sustentar para declarar inconstitucional a la Constitución tuvieran éxito, a pesar de que fueran inconstitucionales.

La juzgadora critica que buena parte de los argumentos jurídicos, en general, suelen contener mucha marrullería, para que no se les entienda nada, porque en el fondo se trata de argumentaciones falsas o falseadas, con apariencia de racionalidad, aunque buena parte no lo es. A veces, expone, incluso se trata de argumentaciones ilógicas, con valoraciones ideológicas, políticas, morales o de cualquier otro tipo, menos jurídicas.

Al respecto, la maestra en derecho recalca que en la sesión de este 5 de noviembre los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Lainez Potisek y Luis María Aguilar Morales hicieron una “confesión expresa de que pueden estar cambiando su punto de vista de acuerdo con quién y qué se les presente, y no de acuerdo con un tipo de construcción jurídica previa. Ese es un elemento muy importante entre las lecciones que hemos venido teniendo en los últimos meses aquí en la Corte”.

Por ello, reitera el elemento definitorio para que no se consumara la violación de la Carta Magna con una resolución favorable al proyecto fue la legitimidad que le dio el pueblo a la reforma judicial. Y agrega que la legitimidad no está dentro de la Corte, sino que está fundamentalmente en la fuerza con que el pueblo mexicano quiere realizar y sostener una reforma constitucional. Ese es el principal tema de conclusión de la sesión de hoy.

“A mí, por supuesto que me parece un enorme privilegio vivir este momento histórico aquí en la Corte. Ahorita comentaba con mi equipo que de alguna forma trascendimos al motivo por el cual estamos aquí”. Con orgullo, agrega que ha podido contribuir a una de las transformaciones históricas que el país necesita: la del Poder Judicial; y hace votos para que pueda seguir transitando en ese sentido.

Observa que hay mucha conciencia y mucho sentido de responsabilidad, por lo que implican los cambios en el Poder Judicial, y “que ha sido un esfuerzo de todas las personas que hemos buscado apoyar en la validez de la reforma”. Y agrega: “estoy contenta por esa parte; por supuesto, con este resultado. Además, sé que muchas mexicanas y mexicanos van a estar también muy satisfechos con esta posibilidad de que avance una reforma constitucional histórica, como la de este tamaño que es la reforma judicial”.

-Justo sobre este momento histórico que se vive con lo que pasó hoy al quedar desechado el proyecto de sentencia para invalidar la Constitución, ¿el pueblo de México que votó por ese Plan C puede estar tranquilo?, ¿ya no se intentará otra chicanada similar a la que vivimos?, ¿es decir, esto ya cierra el capítulo dentro del máximo tribunal, ya no habría ninguna otra intentona?

-Pues mientras haya ministros que estén en contra, y que además tengan estos pocos escrúpulos para intentarlo, pues seguramente que estará latente esa posibilidad. Sin embargo, creo que ésta era la batalla más fuerte, porque en este caso había la expectativa de que a través del pleno de la Corte pudiera, por medio de una acción de inconstitucionalidad –que es el máximo instrumento que podemos tener para invalidar una norma jurídica, para inaplicarla– pues pudiera haberse pensado que este era el momento. Creo que justo porque lo intentaron a través de cientos de amparos; decenas de suspensiones otorgadas; incluso con amenazas absurdas, ridículas, desmedidas y abusivas de incluso mandar a la cárcel a la persona titular de la Presidencia, y a las personas legisladoras, en esta desmesura que ya se había intentado, pues creo que este era el procedimiento que se esperaba. Estaban resolviéndose cinco acciones de inconstitucionalidad, obviamente todas improcedentes, todas débiles, porque no puede existir –como habíamos sostenido y como hoy peleamos en repetidas argumentaciones–, pues no puede existir una invalidación de la Constitución, una revisión de una reforma constitucional que implica que estamos queriendo extraer una parte del contenido constitucional; y en este caso por el capricho, porque no había, no hubo ni un argumento válido, válidamente constitucional, doctrinariamente sostenible. Más que un capricho que además fue reiterado, porque finalmente el proyecto nos estaba planteando, incluso de manera absolutamente incongruente, que una parte de las personas juzgadoras fuera electa, otra no. ¿Cuál, de acuerdo con qué criterio jurídico? Ninguno. De acuerdo nada más con la supuesta entrecomillas autocontención del ministro ponente. Pues nosotros no funcionamos así: un sistema jurídico y un Estado de derecho no puede funcionar por la autocontención de nadie, funciona por una estructura que distribuye competencias, que está dispuesta en una Constitución y que si nosotros la sobrepasamos pues implica que hay un abuso de autoridad de quien quiera que lo esté haciendo. Y aquí lo que estuvo a punto de sostenerse, o más bien lo que nos estaba proponiendo el ministro Juan Luis [González] pues era eso: que la Corte asumiera el máximo, el impensable, el inaudito, el inédito, nunca ocurrido, abuso de autoridad que podría implicar que la Corte decidiera que una parte de la Constitución es inconstitucional. Afortunadamente no se logró. Aquí fueron definitorios los cuatro votos que opinamos que no debería procederse así, pero incluso –ustedes lo observaron– estuvieron a punto de votar si era procedente declarar inconstitucional la Constitución por seis votos; o sea, ya en excesos de excesos. Entonces, ¿qué nos asegura que no volverá a intentarse? Pues nada. Pero ya no tienen instrumento, que eso es muy importante en la resolución de hoy: ya no tienen oportunidad para interponer acciones de inconstitucionalidad, ya no procede interponer otro instrumento ante la Corte.

“Y los juicios de amparo, es clarísimo que fueron admitidos en contravención expresa de lo que dispone la Ley de Amparo. Aquí ya ni siquiera tendríamos que irnos a la Constitución, que no les permite a los jueces admitirla. Aquí hemos sido muy categóricos y muy insistentes que el principio de estricto derecho bajo el cual debemos funcionar es un principio de seguridad de certeza jurídica, legalidad, es un derecho humano que las autoridades no podamos hacer más de lo que nos está estricta, expresamente permitido. Y ni a jueces, ni magistrados, ni ministros se nos está permitido cuestionar la validez de nuestra propia Constitución en un juicio de amparo, en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad.

“Por eso es que sí, yo sí asumo que el día de hoy tuvimos una victoria determinante. Cualquier otra acción que se intente, creo que va a ser todavía más evidente que es ilegal e ilegítima, si es que hasta ahorita se tuvo alguna duda; pero después de este intento aquí en la Corte, creo que es más fácil que se tomen medidas contra quien lo intente: el Consejo de la Judicatura Federal, a ver si empieza a sancionar, y si no pues en lo que avanza la propia instrumentación de la reforma, ya habrá autoridades y competencias que puedan hacer imposible un exceso como el que hoy pudo haberse cometido aquí en la Corte.

-Durante la sesión, ministra, usted advirtió que todo esto era ilegal, que iba contra la propia Constitución. No sólo es que cambiaran un criterio, sino que el criterio nuevo o ese nuevo pensamiento es inconstitucional. En ese sentido, usted decía que la Corte no sólo debía desechar el proyecto, como ocurrió finalmente, sino que se debía declarar la validez de la Constitución. Y hubo resistencias hasta de la ministra presidenta Norma Piña, donde dijo que definitivamente no se estaba declarando la validez y ella misma se pronunció en contra. ¿Por qué era importante que el pleno de la Corte hubiera asumido su responsabilidad frente al pueblo y por qué insistió en ello?

-Insistí porque justamente conozco a los abogados, y este tipo de razonamientos tramposos como el que se ha construido aquí en uno más de los excesos o de las extralimitaciones que ha tenido este pleno de la Corte, que es inventar un parámetro de invalidez constitucional, de leyes obviamente, y un parámetro de validez. Parece juego de palabras, pero en realidad ha sido muy grave porque resulta que nuestra Constitución solamente habla de cuando existe invalidez: procede declarar la invalidez de una norma jurídica cuando se obtienen ocho votos en una acción de inconstitucionalidad o en una declaratoria general de constitucionalidad, que son las dos formas de declarar una norma legal o inconstitucional. Entonces eso es lo que dice nuestra Constitución, pero aquí en la Corte se inventaron y tienen criterios de que para declarar la validez se necesitan seis votos. Esto no tiene ningún fundamento jurídico, entonces resulta que cuando se reúnen los seis votos se declara válida una norma jurídica que no reunió los ocho votos de invalidez, pero cuando no se reúnen esos votos resulta que aquí se tiene un criterio absurdo de que entonces pueden ser sometidos a algún tipo de procedimiento de invalidez en los juicios de amparo; entonces aquí se declara o simplemente no alcanzó la votación para invalidez. Y resulta que no se le declara válida, lo cual –insisto– no tiene ningún fundamento constitucional. Entonces los jueces de distrito la declaran para efecto relativo, es decir para efecto interprete en el juicio de amparo, no para efectos generales. Y ese efecto declara una norma inválida porque asumen que pueden declararla así, porque aquí en la Corte se discutió y no alcanzó esa votación. Y el tema aquí que estaba justamente planteándose es que se desestimaba la validez misma, la declaración de validez en lo cual tampoco tenía sentido, pero eso indicó en su primera declaración la ministra Norma Piña. Por eso me preocupó de todas formas en su propio criterio, que es absurdo, que no tiene fundamento jurídico, pero que se ha inventado a través de jurisprudencias. Una reforma constitucional no tendría porque ser sometida a una validez, simplemente no existe el fundamento, pero se resistió la ministra Norma. Hubo cuatro votos en contra, alcanzó los seis votos de validez, pues bueno sería absurdo, pero en este conjunto de engaños y de argumentación falaces que se acostumbra en los lenguajes leguleyos, podría tener algún asidero para algún juez de amparo que pueda recibir este mensaje de la ministra Norma como un agente para que insistan en declarar la propia reforma o alguna de sus partes como inconstitucional dentro del juicio de amparo. Eso yo creo que no debería preocuparnos si la autoridad, como es el Consejo de la Judicatura Federal, empieza a sancionar estos excesos de los jueces de amparo, que no sólo se regulan por estos criterios arbitrarios, sino fundamentalmente por la ley y que tienen en la propia Ley de Amparo –antes que cualquier criterio jurídico– uno que indica que es improcedente, ya no digamos el criterio de validez e invalidez que se haya tomado aquí en el pleno, sino que es improcedente simplemente admitir cualquier tipo de impugnación a una reforma constitucional. Suena medio cantinflesco pero es algo muy serio.

-Ministra, en esta sesión hubo muchos momentos donde se cayó en pseudo-argumentos, como cuando se dijo que se estaba tratando de evitar el “suicidio de la democracia”. Más allá de esto, por primera vez varios ministros asumieron durante la discusión que sus criterios sí son políticos, que son de acuerdo con la coyuntura social y que además tienen una carga que viene desde lo económico. Se quitan una máscara, aunque muchos sabíamos que así era, que su criterio es político y siempre lo ha sido. ¿Cómo lee esta parte de lo que ocurrió en esta sesión, ministra?

-Por un lado, intentaron negarlo. Incluso, mi discusión con el ministro Aguilar tuvo que ver con mi insistencia en eso: que él insistía en que no había cambiado su opinión, que él desde el principio previó que si hubiera algún tipo de reforma tan grave como la del día de hoy cambiaría su criterio. Y no es verdad. Por eso es que me tomé la molestia de estar leyendo su propia opinión en un voto concurrente de un tema anterior. Entonces sucede eso de que, con mucha facilidad, no se hacen responsables ante sus propios actos. Por eso yo insistía que sí están cambiando de opinión, hasta que hubo un momento en que el ministro de Laynez dijo: ‘sí estoy cambiando de opinión y qué, esta es una nueva reflexión’. Y bueno, pues a mí me parece justamente que esas nuevas reflexiones son muy graves porque no tienen sustento, y tienen que ver también con el nuevo mecanismo que tenemos para sentar jurisprudencia, porque ahora los precedentes –es decir, los votos anteriores de cada una y cada uno de nosotros– sientan un criterio, y tendríamos que ser congruentes con esos precedentes en los mecanismos anteriores que tuvimos para sentar jurisprudencia en el Poder Judicial. Antes era más difícil sentar jurisprudencia, es decir, criterios obligatorios para el conjunto de los jueces, magistrados de todo el país; era más difícil porque se necesitaba la recurrencia de cinco sentencias en un mismo sentido. Ahora es muy fácil, y esa facilidad debería de implicar algún tipo de responsabilidad. Pero resulta que pueden cambiar con mucha facilidad sus argumentos. Y yo les he venido documentando lo mismo que he documentado el día de hoy: este cambio de argumentación jurídica. En los últimos seis años, resulta que creció en más de 600 por ciento el número de invalidación [de leyes y reformas] por un cambio de criterio jurídico, así como lo manifestó el propio ministro Lainez: por cambio de contexto político, lo cual confirma, efectivamente, que el cambio de opinión tiene que ver con el tema, con el sujeto que está impugnando, y por eso es que incluso hasta lo hace notorio. Eso no debería suceder. Ellos han tratado de sustentar su legitimidad en ese mundo de la supuesta neutralidad e imparcialidad; ellos hablan de neutralidad, incluso lo pusieron en un Código de Ética, que estábamos obligados a ser neutros, y les dije: cómo va a ser si la característica del ser humano no es ser neutro, porque no somos objetos, tenemos criterios subjetivos y tenemos derecho a tenerlos. El problema no es tener criterios subjetivos, el problema es que, con base en esos criterios, justamente resolvamos con parcialidad, y lo que hicieron el día de hoy fue proponernos un proyecto absolutamente parcial. Su argumento se cae solito: eso de que si algún día viene el Congreso y nos impone la esclavitud, pues no es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo ni siquiera es esto que mencionaban de que se quiere cambiar la forma de gobierno por uno autoritario, pues no lo pudieron sustentar. Es más, yo incluso creo que no se cambian los elementos sustanciales de la forma de gobierno más bien, y eso propuse aquí en el pleno: que se profundice uno de sus elementos, una de sus características fundamentales, que es el elemento democrático, en el momento en el que pasamos a elegir en votación popular a las personas juzgadoras. No estamos eliminando la forma democrática de gobierno, en realidad la estamos profundizando, extendemos el ámbito de decisión democrática del pueblo mexicano. Por eso era muy importante que se avanzara y que se validara este aspecto, pero ni siquiera eso señalaron. Había una serie de argumentos falaces y hoy se cayeron absolutamente, creo que uno por uno, y se quedó tan desnuda en la intencionalidad de los ministros que tuvieron que aceptar, efectivamente, que tienen valoraciones políticas para cambiar de opinión jurídica. Que no sólo no es que sostenga la que tenía, sino que efectivamente están cambiando sus valoraciones jurídicas en función de los contextos sociales y políticos distintos. Y si efectivamente además hubo esa misión también en función de los elementos económicos que intervienen, en este caso, en el interés de que se cayera la reforma.

-Yo creo que el pueblo de México siempre ha sabido que es una Suprema Corte en su mayoría neoliberal, que estos personajes siempre han beneficiado a la oligarquía, y por supuesto que sus decisiones no van a favor de la justicia. Después de esta jornada tan larga, le pido ministra que le mande un mensaje a la audiencia de Contralínea y al pueblo de México sobre lo que acabamos de vivir, y también sobre lo que viene.

-Los procesos como estos se componen de muchos actos. Y la misma democracia es un proceso interminable que implica actuación: necesariamente hay que cuidar todos estos logros que van sucediendo, hay que cuidarlo responsablemente, porque no hay triunfos definitivos de nada. El día de hoy se ganó una batalla muy importante, tampoco podemos desdeñarla. Creo que jurídicamente la más difícil y la más significativa, pero pues en el tema de la reforma se tiene que construir: estamos ante un reto bárbaro, es un reto histórico porque es inédito, pero además un reto muy grande, justamente por el conjunto de resistencias, intereses, oportunismos y interferencias en este proceso. Entonces tiene que cuidarse. Ahora vienen los siguientes pasos, que son estas convocatorias abiertas, y el reto es que estos comités que nombró cada uno de los poderes sean muy responsables acerca de las personas, los perfiles y finalmente los candidatos que se vayan a designar para que pasen a las boletas electorales, y que permitan que la gente, con información, decida quiénes son los mejores perfiles para cumplir una función sustancial para la vida de cada persona. Cuando se somete una problemática determinada ante un juez, y sustancial para el conjunto del funcionamiento del Estado mexicano, entonces no es un asunto pequeño, el reto que sigue es muy grande y hay mucha posibilidad de que salga muy bien, pero pues para que eso suceda tiene que mantenerse vivo este elemento que ha permitido que hasta ahorita vaya adelante la reforma, y es esta vigilancia del pueblo mexicano. Entre más sigamos ejerciendo nuestros derechos ciudadanos, en este caso a estar informados y a opinar al respecto y reclamándolos, se puede avanzar.

“Y así como el día de hoy, ministras y ministros que estuvimos en este pleno fuimos seguramente muy observados por nuestra población, pues en los siguientes pasos también es importante que no se deje de observar cada fase, y por supuesto asumir que nos toca ser corresponsables, decidiendo con mucha conciencia quiénes deben ser jueces y juezas. Ahí, ya una mitad de los jueces actuales en funciones han decidido renunciar, entonces vamos a elegir o validar que se quede un mismo juez en el juzgado de distrito que estaba, o vamos a decidir que hay un mejor candidato o una mejor candidata. Y todo esto requiere información respecto del perfil y trayectoria, y pues es muy importante que decidamos con esa conciencia. Este es un poder muy grande que se tiene: un juez, un magistrado, una magistrada, un ministro, ministra tomamos decisiones importantísimas que le pueden significar a una persona elementos muy fuertes de viabilidad de su vida misma –decidimos pensiones, salarios o que las personas reciban derechos sucesorios o derechos de propiedad; validamos invasiones de ejidos o no, por supuesto, ojalá fuera lo contrario más frecuente; validamos también que la gente pague o no pagué impuestos, lo que tiene una enorme impacto en la viabilidad de las funciones del Estado mexicano sobre todas las áreas que requieren recursos: infraestructura, derechos sociales–, entonces es un poder muy grande, y creo que como nunca hemos logrado transmitirlo en toda esta fase de discusión de la reforma judicial. Y creo que una petición, si me permites ese mensaje que me decías para tu auditorio, una petición que tuviéramos directamente con las y los mexicanos pues es esa: no perdamos de vista lo que ocurre aquí y la responsabilidad que tenemos todas, y todos en lo que siga ocurriendo.