El proyecto impulsado por legisladores republicanos estadunidenses –el cual busca imponer un impuesto del 5 por ciento a las remesas enviadas por migrantes– no sólo representa una medida discriminatoria, sino también violaría el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, vigente desde 1994, advirtió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Ante el avance de la discusión en comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la primera mandataria señaló que el gobierno federal iniciará acciones diplomáticas y legales, con el objetivo de frenar esta propuesta.
“La próxima semana el embajador de México en Estados Unidos [Esteban Moctezuma Barragán] va a tener reuniones, junto con distintas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera, muchos que se llaman ‘mexicanoestadounidenses’ para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una Comisión del Senado de la República conformada por todos los partidos políticos, y coordinada por el embajador de México en los Estados Unidos, hablará también con los congresistas estadunidenses diciéndoles que esta no es una buena idea”, puntualizó la presidenta Sheinbaum.
También, exhortó a los mexicanos que residen en Estados Unidos a enviar cartas a los congresistas de ese país, con el propósito de manifestar el desacuerdo ante esta medida. “Creemos que es buena idea que nuestros paisanos envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que: este impuesto sería discriminatorio y que violaría este Tratado”.
Al explicar las consecuencias de la iniciativa, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, advirtió que implicaría una “discriminación en términos fiscales” al Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos.
“¿Qué implicaría incumplir el Tratado de no doble tributación? Iría contra las prácticas internacionales, sería incumplimiento de un Tratado y probablemente iría contra las propias normas internas de los Estados Unidos, ¿no? Podría ser impugnable, es decir, los trabajadores que estarían sujetos a este tributo podrían impugnar el tributo y podría declararse nulo en su caso”.
Igualmente, Amador indicó que, en términos macroeconómicos, las remesas serían la variable más afectada por la imposición del gravamen, ya que representan una fuente clave de ingresos para millones de familias mexicanas.
“Las remesas en 2024 cerraron en 64 mil 700 millones de dólares, equivalentes más o menos al 3.5 por ciento del PIB nacional. Otro dato importante es que el 99.1 por ciento de estas se recibieron a través de transferencias electrónicas”, precisó. Y añadió que esto refleja la gran legalidad, transparencia y el nivel de regulación del mercado, el cual es monitoreado por las autoridades tanto mexicanas como estadunidenses.
Por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), José Ramón de la Fuente, informó que el gobierno mexicano ya respondió diplomáticamente. “Es una carta en la que se hace una argumentación detallada de por qué nos parece que esta iniciativa no tiene razón de ser y no estamos de acuerdo con ella. […] Aparte de la carta que usted instruyó, que se mandó de inmediato a este grupo, el embajador Moctezuma se ha estado reuniendo por separado con diversos grupos de representantes esgrimiendo la posición de México, las razones que aquí les hemos compartido del por qué no estamos de acuerdo”, puntualizó Ramón de la Fuente.
En este sentido, la presidenta Sheinbaum sostuvo que, desde el Senado de la República, hay una iniciativa para que una comisión asista a entablar diálogo con los congresistas de Estados Unidos. Y mencionó que, de ser necesario, el gobierno federal se movilizará y hará todo lo posible en términos diplomáticos, para impedir esa medida.
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