Como nunca en la historia del país, los candidatos y candidatas a puestos de elección popular enfrentan un alto riesgo a su seguridad, sobre todo en aquellas regiones y Estados, donde el crimen organizado y la infinidad de grupos delincuenciales han establecido sus cotos de influencia, poder y control.

En el sexenio de Felipe Calderón, fueron protegidos por su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –ahora procesado en Estados Unidos–. Las consecuencias de haber permitido el crecimiento y fortalecimiento exponenciales de los cárteles trajo como consecuencia que los capos encontraran la forma de obtener impunidad desde el poder mismo.

La colusión del crimen organizado penetró gubernaturas, como ocurrió en los gobiernos priístas con Tomás Yarrington Rubalcava, en Tamaulipas, hasta llegar al más alto nivel con el narcogobierno de Calderón.

Las consecuencias han sido altas. Hoy, se paga un alto precio porque los delincuentes han perdido el respeto a los políticos, sean del partido que sean. Y, en el peor de los escenarios, exigen el cobro de facturas por apoyos financieros en pasadas campañas.

A la vista de la ciudadanía, las campañas políticas se han venido tiñendo de rojo. A menos de un mes de la elección presidencial del 2 de junio, 30 aspirantes de los diversos partidos han sido asesinados en varios puntos del país; sean hombres o mujeres.

También, se han hecho presentes las amenazas y los secuestros. De las primeras, se han contabilizado no menos de 77, y de los segundos, 11. A esto, se le suman más de 170 ataques.

En este escenario de generalizada violencia política, llama la atención que hay Estados como Zacatecas, donde la desbandada de aspirantes a cargos de elección sea preocupante. A la fecha, han renunciado 277 candidatos, a causa de la violencia política en razón de género, el clima de inseguridad por el crimen organizado y la debilidad de las autoridades para combatirlo.

En esa entidad, hay municipios como Fresnillo, donde se han asesinado tanto a ciudadanos de a pie como a funcionarios del ayuntamiento. Esto justifica el temor de quienes se han postulado por esta región en llamas.

Ante el pánico que se ha apoderado de la población y el riesgo de que no acuda a votar, el Instituto Electoral ha tratado de matizar el problema. Declaró que varias de las renuncias han sido por razones personales –aunque omite decir que la razón principal es el temor a su integridad–, cambios de partido o asuntos de trabajo o salud.

No ha pasado un día, en el cual algún candidato o candidata no solicite la protección de las autoridades o la Guardia Nacional. A la fecha, son 767 las peticiones hechas de manera formal. Tan sólo en la última semana, 110 candidatos se sumaron a la lista de aspirantes protegidos. En total, son 360 los políticos ya custodiados.

Guanajuato es otra de las entidades donde contender a un cargo de elección popular se ha convertido en un encargo partidista de alto riesgo. Sobre todo, tras el asesinato de Gisela Gaytán, aspirante a la alcaldía de Celaya por Morena, a plena luz del día y una plaza pública.

Tan sólo en ese Estado, las autoridades federales han recibido 204 solicitudes de seguridad. El grado de inseguridad es tal que las peticiones se han justificado en 201 de los casos. No hay un sólo partido en Guanajuato capaz de afirmar que sus nominados no tienen temor a salir a las calles para realizar su proselitismo.

La imparable crisis de violencia e inseguridad política azota también a Zacatecas. Asimismo, Michoacán –con 57 peticiones–; Guerrero –con 20–, y Puebla –con 44– encabezan la lista de Estados con solicitudes para protección a aspirantes a cargos de elección.

Hay un dato que no debe pasar desapercibido: ningún partido escapa a la violencia, amenazas y agresiones del crimen organizado. Desgraciadamente, la fuerza de las armas está sustituyendo a la fuerza del voto ciudadano.

Igualmente, en el actual contexto de violencia, debe analizarse que los candidatos son susceptibles de sufrir todo tipo de amenazas y agresiones; en muchas ocasiones, mortales. Dentro de los casos registrados, están las intimidaciones a candidatos de origen indígenas en Chiapas y otras regiones apartadas del país.

Y, de manera lamentable, hay que aceptar que no son pocos los políticos, quienes llegan al poder con el apoyo económico de estos grupos delictivos. Piensan que esta ruta fácil no traería consecuencias.

La colusión ha llegado a los extremos de que el crimen organizado ha cobrado derecho de piso a los alcaldes en diversos municipios de Michoacán. Fortalecen así sus finanzas con los propios recursos públicos.

Los jefes de estas peligrosas mafias regionales saben lo rentable que es tener controladas a las autoridades locales. Esto explica el por qué diversos operativos de las fuerzas federales han terminado por exhibir la complicidad de los policías municipales con los delincuentes.

La lista de candidatos caídos es alarmante. El grado de impunidad permite a los miembros de estas mafias amedrentar e imponer sus condiciones. Esperemos que en las semanas que restan para los comicios del 2 de junio, la gente no se abstenga de votar por miedo en muchas regiones del país. O, en el peor de los escenarios, voten por los candidatos o partidos dictados por la delincuencia organizada. México no se merece ese tipo de democracia teñida en sangre.

Martín Esparza Flores*

* Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas