En México existen diferencias sustanciales entre el Sureste y el Norte del territorio nacional en recursos hídricos; se observan áreas con gran escasez de agua y regiones con frecuentes eventos hidrometeorológicos que significan costosas inundaciones y afectación de asentamientos humanos e infraestructura

Mientras que en la zona centro-norte del país se concentra el 27 por ciento de la población y se genera 79 por ciento del producto interno bruto (PIB), se cuenta con sólo el 32 por ciento del agua renovable. En cambio, en la zona sur, donde se encuentra el 68 por ciento del agua el país, se asienta sólo 23 por ciento de la población y se genera 21 por ciento del PIB.

La mala calidad del agua superficial limita su aprovechamiento en términos de DBO (demanda biológica de oxígeno), ya que 22.7 por ciento del agua superficial se encuentra contaminada, 33.2 por ciento del agua superficial tiene calidad aceptable y 44.1 por ciento del agua superficial observa calidad buena y excelente.

En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población. El volumen de agua renovable promedio en el país per cápita es de 4 mil 28 metros cúbicos por habitante por año.

La cobertura nacional de agua potable es 91.6 por ciento; en zonas urbanas la cobertura es 95.4 por ciento. En zonas rurales (localidades menores a 2 mil 500 habitantes), la cobertura es 78.8 por ciento debido a la dispersión de la población en condiciones fisiográficas complejas, y la dificultad técnica y/o financiera de desarrollar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

De acuerdo con el análisis La crisis del agua en México del Consejo Consultivo del Agua AC, la cobertura nacional de alcantarillado es de 90.2 por ciento. En zonas urbanas la cobertura es 96.4 por ciento y en zonas rurales, la cobertura es 69.4 por ciento.

Señala que si bien oficialmente el 92 por ciento de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad y uso.

El 78 por ciento del agua es utiliza por el sector agropecuario; genera el 62 por ciento de las aguas residuales (cargas orgánicas, plaguicidas y fertilizantes, entre otros contaminantes).

“El agua para usos agropecuarios es virtualmente gratuita, no paga derechos por el uso del recurso y además recibe un alto subsidio en el costo de la energía para los casos en los que se utilizan aguas subterráneas, lo cual promueve la ineficiencia y la sobre explotación”, refiere el documento.

Indica que de los 653 acuíferos, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente en zonas de interfase agrícola y urbana, lo que plantea un horizonte previsible de agotamiento y la contaminación por minerales naturales (arsénico) que significan graves problemas de salud pública.

La mayoría de los organismos operadores de sistemas de agua para servicio público son ineficientes y opacos; funcionan con criterios políticos y clientelares, no están debidamente profesionalizados, dependen de cuantiosos subsidios, y no están constituidos como empresas públicas sujetas a reglas claras y transparentes de gobierno.

En las ciudades se desperdicia alrededor de 40 por ciento del agua, por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias.

Sólo 47.5 por ciento de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y sólo un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta de monitoreo y vigilancia) cumple con las normas de calidad de las descargas.

Las tarifas de servicio público son fijadas políticamente por los congresos y, con frecuencia, no son suficientes para asegurar la autosuficiencia de los organismos operadores, además de que algunos se manipulan con fines político-clientelares.

Constitucionalmente, los municipios tienen las facultades de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales. Con este justificativo la Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales. En el mejor de los casos, la regulación está a cargo de los gobiernos estatales.

Los organismos de cuenca tienen atribuciones amplias, pero no la autonomía que requieren, señala el estudio. Los consejos de cuenca son órganos consultivos solamente. La selección de los  representantes recibe críticas frecuentes.

La estructura de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no asegura la colaboración entre las áreas centrales y los organismos de cuenca y las concesiones de agua se otorgan con criterios poco claros para los usuarios que las solicitan.

La normatividad es obsoleta y relativamente laxa en materia de descargas de aguas residuales. Es de señalar la ausencia de una regulación y vigilancia eficaces de descargas de aguas residuales, así como la impunidad y falta de cumplimiento de la normatividad.

La autoridad no condiciona ni vincula el suministro primario con el cumplimiento de obligaciones de tratamiento y descarga de aguas residuales.

Hay una gran vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos extraordinarios, por regulación inadecuada del territorio a escala municipal, y por corrupción en la aplicación de los Programas de Desarrollo Urbanos.

No existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información pública creíble  sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, ni sobre la calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades.

Está ausente en la población una suficiente cultura de pago por los servicios de agua, de uso responsable, de calidad ambiental, y  de exigencia a los gobiernos municipales por un servicio de calidad, advierte el documento.

De los 13.9 miles de hectómetros cúbicos de aguas residuales que se generan al año, sólo se trata un 37.8 por ciento. La industria extrae 3.3 miles de millones de metros cúbicos, representa el 4 por ciento de la extracción nacional, y vierte en un año 5.3 metros cúbicos de aguas residuales, en los ríos y mares del país.

Todo ello, mientras que 9 millones de habitantes no tienen servicio de agua potable y 10.5 millones no cuentan con alcantarillado, un indicador de que la gestión de los recursos hídricos debe asegurar la calidad de vida y desarrollo de las sociedades, y conservar el ambiente.

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