Londres, Inglaterra. La cifra desproporcionada de muertes por Covid-19 en América Latina y el Caribe es resultado de desigualdades ya existentes, y los efectos más devastadores de la pandemia recayeron en grupos históricamente marginados, expuso un nuevo reporte de la organización humanitaria Amnistía Internacional (AI).
Con sólo 8.4 por ciento de la población mundial, la región ha padecido 28 por ciento del total mundial de muertes a causa de la Covid, recordó el informe elaborado por AI junto al estadunidense Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR, por su sigla en inglés).
Según ambas organizaciones “los gobiernos de la región deben aumentar con urgencia el gasto destinado a protección social y salud, para afrontar la escandalosa desigualdad socioeconómica que ha resultado fatal durante la pandemia”.
“Si los países latinoamericanos hubieran actuado de este modo en los decenios previos a la pandemia, la región podría haber evitado tanto dolor y pérdida de vidas”, afirmó Kate Donald, directora ejecutiva del CESR.
El reporte recuerda que se considera a la región como la más desigual del mundo y presenta una larga lista de factores con los que esa brecha social contribuyó a los terribles impactos de la pandemia que se desató a comienzos de 2020.
En 2019, el 20 por ciento más rico de la población concentraba casi la mitad del total de ingresos, mientras que el 20 por ciento más pobre disponía de menos de 5 por ciento. Uno por ciento de las personas más ricas concentra casi la cuarta parte del total de ingresos.
Los países más desiguales (como Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú) tuvieron cifras muy altas de muertes por Covid por millón de habitantes.
En 2019 se consideraba hacinados a 30 por ciento de los hogares. La mitad de los hogares de personas que vivían en la pobreza tenían condiciones de hacinamiento.
Menos de un tercio de los hogares vulnerables tienen acceso a una computadora en casa.
En 2019 solo 47.2 por ciento de las personas empleadas estaban afiliadas o contribuían a sistemas de pensiones. Una de cada cuatro personas de más de 65 años no percibía una pensión.
En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, las medidas de protección de emergencia social adoptadas cubrían a menos de dos tercios de la población.
Un total de 64 programas de transferencias monetarias se implementaron en 24 de los 33 países. Sin embargo, más de la mitad de las intervenciones beneficiaron directamente a menos de 10 por ciento de la población, y consistieron en transferencias de ingreso inferiores al salario mínimo mensual.
En la región, 30 por ciento de la población no tiene acceso a atención de la salud pública gratuita, debido a la falta de cobertura de seguro de salud. Ningún país de la región amplió el seguro de salud o habilitó un seguro de emergencia durante la pandemia.
Excepto Argentina, Cuba y Uruguay, ningún otro país de la región gasta 6 por ciento de su producto interno bruto (PIB) en salud pública, cifra considerada mínima para asegurar la atención universal establecida por la Organización Panamericana de la Salud.
Debido a la falta de acceso efectivo a salud gratuita y pública, millones de familias cubren sus gastos en salud con sus ahorros. Los gastos pagados del propio bolsillo representan 28 por ciento del total de gasto en salud en la región.
El impacto de estas carencias recayó con mayor severidad en las mujeres, que perdieron empleos con más frecuencia que los hombres y cuya carga desproporcionada en el cuidado de la familia sigue traduciéndose en un disfrute desigual de los derechos, aún más si son indígenas o afrodescendientes.
Los países de América Latina y el Caribe recaudan menos impuestos en porcentaje del PIB que otras naciones con un nivel de desarrollo semejante. La región solo recauda 22 por ciento del PIB en impuestos, frente a 33 por ciento de los industrializados países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La recaudación depende en gran medida (46 por ciento) de los impuestos indirectos, como son los que gravan el consumo y que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y otros grupos que están sobrerrepresentados entre las personas pobres.
Los países de América Latina y el Caribe pierden anualmente 40 mil 100 millones de dólares debido a fraude tributario de las empresas. Se calcula que con los ingresos perdidos en los últimos 10 años, la región podría haber garantizado el acceso a agua potable de 492 mil 632 personas o haber impedido la muerte de 42 mi 281 niños y niñas.
La evasión fiscal en América Latina y el Caribe ha dado lugar a la pérdida de cientos de miles de millones de dólares de ingresos públicos. En 2018, sus Estados perdieron aproximadamente 350 mil millones de dólares, el 6.1 por ciento del PIB regional.
Esa cantidad sería suficiente para cubrir los recursos mínimos destinados a asegurar la salud universal en la región.
Inter Press Service
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