México debe avanzar en la prohibición por ley de la minería a cielo abierto, consideran expertos consultados por Contralínea. Ello, porque se trata de una de las actividades extractivas más nocivas para el medio ambiente, que más daños causa a la salud humana y que más agua consume. Aunque en lo que va del sexenio del presidente López Obrador no se han emitido nuevas concesiones y se presentó una iniciativa de ley para impedir esta actividad, los permisos vigentes no se cancelaron
Impacto ambiental, daños irreversibles a la salud de las personas que pueden llevar a la muerte, así como un uso irracional del agua, son las principales características de la minería a cielo abierto. Por ello, expertos consideran que a México le urge que esta actividad extractiva se prohíba por ley.
Los impactos de la minería a cielo abierto tienen que ver con “lo emblemático, lo simbólico, lo ambiental, los servicios hídricos, las emisiones, los contaminantes, los derrames, los impactos a la salud”, expone Manuel Llano, director de la “iniciativa civil” Carto Crítica. Además, explica, esta actividad se basa en “un extractivismo rapaz que se lleva todo y nos deja un hoyo”, y que, cuando aparece, “desaparece el agua, y esa realidad es la que ves en todo el territorio”.
Acerca de la explotación irracional del vital líquido, Gerardo Suárez advierte que “es una de las actividades extractivas más nocivas para el medio ambiente porque tiene que transformar el paisaje totalmente”. El integrante el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)acusa que la minería “es de las que más agua consume”.
Con base en estos problemas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de reforma el pasado 5 de febrero –como parte del proyecto “en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y derecho al agua”– que propone “prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto”.
A Isidro Téllez Ramírez, doctor en geografía por la UNAM, la iniciativa se le hace “muy necesaria”, aunque la industria, conglomerada en la Cámara Minera de México (Camimex), se haya jactado de aportar el 2.46 por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional y el 8.63 por ciento del industrial en 2022. En su informe anual de 2023, también argumentó que “las empresas mineras concentraron sus esfuerzos en asegurar el acceso al agua para las comunidades”.
Más que sequía, acaparamiento
“El agua es un insumo fundamental para cualquier proyecto minero, ya que se requiere en la parte de operación y a veces también en la construcción de una mina”, explica Agustín Breña Naranjo, coordinador de Seguridad Hídrica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) en entrevista para Contralínea. Las empresas mineras obtienen el agua a través de títulos de concesión otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Además, durante el proceso de construcción de la mina a cielo abierto –y de acuerdo con la región donde se ubica la mina– se pueden encontrar acuíferos a poca profundidad, por lo que “drenan el acuífero para secar el yacimiento” y poderexplotar el área sin problemas. A esas aguas, que sólo a veces se utilizan, “se les conoce como aguas de laboreo”, continúa el también doctor en hidrología por la Universidad de Friburgo, quien añade que éstas no son reportadas por las mineras, pues “no hay una ley que obligue a la mina a medir[las]”.
A través de una revisión, el IMTA identificó que, para 2019, “el volumen de agua concesionado para la industria minera y consignado en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), ascendía a” 472.53 millones de metros cúbicos (m3) al año”. No obstante, también identificaron que el agua de laboreo es 2.9 veces mayor a la cantidad otorgada en concesiones, por lo que, según sus cálculos, llega hasta los 1 mil 128.9 millones de metros cúbicos al año.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una persona “requiere de 100 litros de agua al día (cinco o seis cubetas grandes) para satisfacer sus necesidades, tanto de consumo como de higiene”. Por tanto, ya que 1 metro cúbico de agua es igual a 1 mil litros de líquido, una persona necesita, en el límite más bajo, aproximadamente 37 metros cúbicos de agua al año.
El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales publicó en 2018 el informe El agua en México. Actores, sectores y paradigmas para una transformación social ecológica. En este, estimaron que alrededor de 12 millones de personas en México carecían del vital líquido. El año pasado, la asociación civil Consejo Consultivo del Agua, estimó que 21 millones de personas no tienen acceso diario a agua potable.
Tan sólo con el agua concesionada a la industria minera se podría abastecer a una población de 12 millones 771 mil personas. Por su parte, el agua de laboreo podría satisfacer el consumo mínimo de alrededor de 30 millones 510 mil personas. Siempre, según los cálculos del IMTA.
En el caso de las concesiones en lugares donde el agua es escasa, observa Breña Naranjo, es “que sea una práctica muy cuestionable ambientalmente y también en un punto de vista social”.
Prueba de ello es la Minera Peñasquito, propiedad del capital estadunidense Newmont, que opera dos minas a cielo abierto –Peñasco y Chile Colorado– para producir oro, plata, plomo y zinc. Comenzó operaciones en 2006 en fase de exploración y, según Redpa, tiene nueve títulos de concesión que le permiten extraer 35 millones 247 mil 376 m3 de agua anual.
De acuerdo con una publicación de 2015 de la revista Oxímora, de la Universitat de Barcelona, las concesiones secaron a la postre las norias en Peñasquito, Las Mesas, Palmas y Cedros. Agustín Breña, quien ha visitado la zona, asegura que en la comunidad “están preocupados. Cada vez tienen que bombear más profundo y a mí me tocó ver un pozo que ya se había secado”.
La revista de Geografía Agrícola de la Universidad Autónoma Chapingo publicó en 2016 un artículo del doctor Federico Guzmán López, en el que se señaló que en “los 12 municipios zacatecanos donde se ha realizado la megaminería registraron un déficit total de -185.43 millones de metros cúbicos de agua por año. Para ese entonces, la minería consumía más agua que toda la población de Zacatecas.”
Sobre esto, la revista Región y Sociedad de El Colegio de Sonora añadió que Conagua dijo que los acuíferos tenían una recarga de 54.5 millones de m3 de agua al año, cuando el cálculo había sido por 10.1 millones. Con esta nueva cifra pudieron dar concesiones de agua a Peñasquito, por lo que “la empresa perforó 50 pozos con una profundidad de 300 metros”, dejando sin agua los de 30, 80 y 150 metros de profundidad.
En su tesis para maestría en el Colegio de la Frontera Norte, Ana Karen Campa Madrid, estudió el caso de las minas en Álamos, Sonora. Los proyectos mineros más destacados, señala, eran Piedras Verdes, de Cobre del Mayo, SA de CV;y Álamo Dorado, de Minera Corner Bay, SA de CV. La primera tenía reservas estimadas de 420.3 millones de toneladas de cobre, la segunda podía obtener 118 gramos de plata por tonelada extraída y 0.33 gramos de oro por tonelada. Por sí solas tenían concesionadas el 9.37 por ciento del territorio municipal.
Piedras Verdes era abastecida por la cuenca San Bernardo a través de 4.05 millones de m3 de agua al año en ocho títulos de concesión, es decir, el 16.87 por ciento del total disponible en la zona, calcula el texto. Por su parte, la cuenca Cuchujaqui da 1.46 millones de m3 de agua al año a Álamo Dorado, 6.36 por ciento de su total. Juntas, las empresas utilizaban “más del 20 por ciento del agua disponible en el municipio.
“Mientras el gobierno municipal busca la forma para administrar el recurso en términos de disponibilidad para la población, a nivel federal se otorgan las condiciones para que la actividad utilice el agua necesaria para sus procesos y además tenga poder sobre el abastecimiento de zonas aledañas, como el caso de Piedras Verdes”, comunidad que es suministrada de agua por parte de la empresa Cobre del Mayo “a través del bombeo”, dice Campa Madrid.
A pesar de esta situación, es posible, confirma Breña Naranjo, que la industria utilice menos agua. “Cada vez es más común que las mineras traten y rehúsen sus aguas residuales”, pero depende de la empresa y sus políticas. A “mayor recirculación, tratamiento, rehúso de tu agua, pues va a implicar una huella hídrica menor”, sugiere el funcionario del IMTA.
Una ley para los mineros
En 1992, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se modificó la Ley Minera. Esta ley era “para los mineros; hecha de ellos”, como expresa Manuel Llano para Contralínea. Entre sus puntos más críticos, está el que señala que las concesiones tendrán una duración de 50 años, prorrogables por otros 50; así como la que señala que la actividad extractiva será “preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”; o que donde haya una concesión, la “profundidad [es] indefinida”, hacia abajo todo era de su propiedad. Josefina Morales advierte que “esa palabrita de preferente le dará la posibilidad de explotar donde sea. Si de pronto hay oro debajo de tu casa, te tiran tu casa. Entonces es una clasificación de una autorización de completa impunidad para el capital minero junto con la privatización”.
Esto ocasiona “una captura del Estado [que] resultaba en una forma de acumulación por despojo, generación de riqueza y de valor a expensas del territorio, de los recursos: del aire, del agua” y no pagaban regalías. Pero no es un tema de costos, “es un tema de con qué derecho y a costa de quién se apropian de los recursos”, observa el director de CartoCrítica.
Ceder el territorio
De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Minería, elaborado por la Secretaría de Economía (SE) en 2019, primer año de gobierno de AMLO, había 25 mil 414 concesiones mineras; el Anuario Estadístico de la Minería tiene un dato diferente: 24 mil 66, es decir, 1 mil 348 menos.
En 2022, el Prontuario decía que las concesiones habían bajado a 24 mil 123. Sonora tenía la mayor parte (4 mil 206), seguida de Durango (3 mil 377) y Chihuahua (3 mil 142). Camimex señaló en su informe anual, que en 2022 había 1 mil 218 proyectos mineros, de los cuales 263 estaban en fase de exploración, 77 en producción, 33 en desarrollo, ocho en cierre y 837 postergados.
Tras llegar Vicente Fox Quesada al poder (2000-2006), el precio del oro se incrementó exponencialmente a nivel mundial, explica Isidro Téllez para Contralínea, por lo que comienza el interés por explotar el metal, “pero también por especular […] Entonces eso hizo que creciera la superficie concesionada, destinada, sobre todo, a los metales preciosos”. Esto impulsado porque “es muy ventajoso México para la minería”. Este expresidente otorgó 15 mil 753 títulos de concesión sobre un área total de 24.9 millones de hectáreas.
“De 2003 a 2013 […] la superficie concesionada empieza a crecer: pasa del 3 por ciento al 25 por ciento del territorio nacional”, continúa el doctor en geografía. Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) dio 12 mil 864 títulos de concesión, que equivalieron a 35.5 millones de hectáreas de territorio. Enrique Peña Nieto (2012-2018) entregó 5 mil 474 concesiones en un área de 9.9 millones de hectáreas. La explotación de oro y plata “va a adquirir tal dimensión y tal intensidad que van a superar […] el valor de lo que se produjo en la extracción” de la etapa colonial, añade Josefina Morales.
En términos generales “no se otorgaron nuevas concesiones [en este sexenio], y ese es un posicionamiento muy serio de compromiso social, ambiental, frente a un sector que se cree todo poderoso”, dice Manuel Llano. Como él, Isidro Téllez considera positivo esto; pero también observa que faltó revisar las que están vigentes. Sobre todo “por muchos usos del suelo donde no debería existir concesiones mineras”, pues se otorgaron en todos lados, hasta en Áreas Naturales Protegidas y en el mar.
Tan sólo en Fresnillo, Industrias Peñoles tiene el 74 por ciento de las concesiones mineras del municipio, señala un artículo del Instituto de Geografía de la UNAM. Esto equivale a 261 mil 170 hectáreas que representan el 51 por ciento del territorio de la ciudad. En Álamos, Sonora, los proyectos mineros Piedras Verdes y Álamo Dorado contaban con el 9.37 por ciento del área del territorio y el 46.89 por ciento de todas las concesiones de ese lugar.
Carto Crítica señala que actualmente, “el 9 por ciento de la superficie terrestre está concesionado a la minería”. Pero el artículo de la UNAM observa que “la superficie impactada realmente por los emprendimientos mineros […] representa únicamente 0.1 por ciento de la superficie continental de México”, por lo que se pregunta por qué entonces solicitan un área que no van a ocupar.
Es ahí donde entra la especulación. No necesariamente debes extraer el metal para “especular en la bolsa de valores”, con saber cuánto mineral hay se puede vender después cuando suba el precio. “Eso hizo que creciera la superficie: para especular”, analiza el doctor en geografía. La especulación “movió a que se otorgaran concesiones y que el gobierno las otorgó independientemente del lugar donde las pidieran y el tamaño como lo pidieran”.
Según Camimex, de los 1 mil 218 proyectos mineros que hubo en 2022, 837 estaban en estatus de postergado, es decir, el 68.7 por ciento del total, que está en espera de una revalorización del precio. Hoy en día, el precio del oro es de 2 mil 166.25 dólares la onza, la plata en 24.59 dólares por onza y el cobre en 3.965 dólares por libra, según datos de la Cámara Minera en su página web. “Es importante también decir que a las personas dueñas de [las] tierras no se les notifica cuando se concesionan sus terrenos a un particular para la explotación minera”, evidencia Gerardo Suárez en entrevista para Contralínea.
Además, los precios de las concesiones son muy bajos. De acuerdo con las cuotas publicadas el 26 de diciembre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, en el primer año de concesión, si se tiene un área de hasta 30 hectáreas, se paga solo 17.92 pesos por cada una, que sube hasta 109.40 pesos para las de siete años en adelante. Las concesiones de 100 hasta 500 hectáreas pagan 71.77 pesos por hectárea en el primer año, que puede ascender a 430.77 pesos a partir del año siete. Quien tenga una superficie concesionada de más de 50 mil hectáreas, deberá pagar, si es su primer año, 50.25 pesos por hectárea o 3 mil 446.30 pesos si lleva más de siete años.
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