En la Cámara de Diputados se podría aprobar una reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales que atenta contra las variedades de maíz mexicano. La iniciativa alienta la producción de transgénicos, pues promueve proteger a los “obtentores de innovaciones en materia de variedades vegetales”; es decir, grandes trasnacionales del agro, alerta la doctora Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida

La iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) que se pretende revivir en la Cámara de Diputados pone en grave riesgo a las variedades de maíz mexicano, alerta la doctora Malin Jönsson, coordinadora de la Fundación Semillas de Vida, AC. Ello, porque establece “detonar la investigación y el desarrollo de variedades vegetales de cultivos básicos y de alto valor para el campo mexicano”, un eufemismo que se usa para no nombrar directamente a los transgénicos.

Para la investigadora, establecer eso en la ley es “sumamente grave para México, porque somos un país megadiverso, cultural y biológicamente”. Añade que en este país “hay más de 100 especies domesticadas, por lo que somos centro de origen y diversificación constante”, y todo eso estaría amenazado en caso de que se apruebe la reforma.

En entrevista con Contralínea, la profesora en problemática rural y derechos humanos en la Escuela Nacional de Trabajo Social (de la Universidad Nacional Autónoma de México) explica que esta diversidad existe gracias a los pueblos originarios y campesinos. Éstos, añade, “han llevado a cabo procesos y prácticas campesinas milenarias: tan sólo en el caso del maíz hablamos de casi 10 mil años y 330 generaciones de comunidades campesinas, indígenas, que han seleccionado las semillas más adecuadas, las guardan, y la siguiente cosecha las siembran otra vez”.

La doctora Malin Jönsson expone que “en ese proceso, cada planta es diversa, tiene un ADN único. Cuando hay una sequía o cambios bruscos en el clima, las plantas más adaptadas son las que resistirán el cambio; también se escogen las semillas más adecuadas para la cultura alimentaria, los más de 700 platillos de maíz, y todas las plantas que tenemos”. Por ello, destaca que la importancia de esta semilla va mucho más allá, pues el maíz es el eje de la milpa y de la sociedad mexicana, de su cultura alimentaria.

Proteger corporaciones, el fondo

La LFVV se originó en 1996, en el marco de un convenio internacional llamado Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Upov), mismo que fue negociado desde la década de 1960 y al que  México se adhirió en 1968. Al respecto, la coordinadora de la Fundación Semillas de Vida explica que “eso implica que se puede registrar las semillas”.

Aunque la frase no suena tan grave, la realidad es que esto representa un paso hacia la privatización de las semillas, asegura la doctora Malin Jönsson. Ello, detalla, porque ese convenio internacional ha sido impulsado por las corporaciones y países que no tienen diversidad de semillas. Lo que buscan, advierte, es “poder controlar la diversidad y las semillas, y con ello la alimentación [del mundo]”.

El convenio Upov de 1991 ya establecía el concepto de “obtención”. Al respecto, la profesora universitaria señala que su significado es el establecimiento de patentes, porque protege los derechos de las corporaciones e instituciones públicas que desarrollan semillas. Y acota: “sobre todo de corporaciones porque son las únicas que tienen semillas registradas en México y en el mundo como obtentores de las semillas”.

Y aunque los verdaderos obtentores de ese conocimiento sobre el maíz, chile, frijol, etcétera, son las generaciones de pueblos originarios y campesinos que los han desarrollado, éstos no son reconocidos como tales en esa conceptualización internacional. Por ello, la doctora advierte que la reforma que se propone hacer a esa Ley de Variedades Vegetales lo que va a proteger son “los derechos” de las corporaciones sobre las semillas.

Y agrega que con ello se legaliza el hecho de que las semillas sean “propiedad intelectual” de las corporaciones. “Lo que se puede hacer con ese cambio de reforma es agarrar al maíz, y a través de una selección controlada en laboratorios, seleccionar las semillas y controlar la polinización. Dentro de ese ambiente controlado desarrollan un poco la semilla, y lo hacen homogéneo, estable, e intentan poner la diversidad de la semilla en una caja, y definirlo como propiedad privada. No solo es la semilla, sino las hijas de las semillas, porque se prohíbe la diversidad esencial lo que significa que todas las plan tras que vienen de ese maíz -y yo he patentado como derecho protegido- que pertenezcan a él, son mías también”

La también integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País señala que con estos cambios legislativos a favor de las trasnacionales derivan en la criminalización de las prácticas campesinas y los procesos para proteger y desarrollar ese reservorio genético que hay en México. “Como sabemos, se mezclan con otras plantas y los campesinos las guardan, por lo que pueden darles multas elevadas, según esa iniciativa, por lo que es una amenaza grave a nuestra cultura alimentaria, y a la biodiversidad”.

Una vez que por polinización natural una siembra se contamina con transgenes de semillas patentadas, los campesinos serán acusados de robo de propiedad intelectual aún cuando ellos mismos rechazan los transgénicos en sus siembras. “Aquí vemos también cómo se prohíbe la comercialización de esas semillas. Yo no podré vender mi maíz, y menos podría seguir la diversificación constante. Ese es el eje de la problemática”.

Los obtentores

La ley agrega que debe “protege[r] y garantiza[r] el derecho de los obtentores de variedades vegetales que hayan sido objeto de un proceso de mejoramiento comprobable, por lo que tampoco busca legislar sobre el acceso a los recursos…”.

Por el contrario, acusa Malin Jönsson no hay leyes que protejan los derechos de los pueblos originarios campesinos. No aseguran que ellos puedan seguir sembrando sus maíces, y diversificándolos, para garantizar la cultura alimentaria del país.

Esto va en contra en todo lo que ha dicho el presidente, que quiere la autosuficiencia alimentaria. “Es sumamente importante que no se apruebe. Ahora está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Agricultura”, se trata del futuro de la población mexicana, porque se violan muchos derechos humanos con esa iniciativa de ley.

Ejemplifica que hay una violación al derecho de los pueblos originarios, del territorio, del uso de la biodiversidad, también al derecho de intercambiar semillas de las comunidades. “También está el derecho de no regresividad de los derechos humanos, porque ahora ponemos en riesgo el derecho a un medio ambiente sano, a la biodiversidad y una alimentación adecuada. Son muchos derechos violados con esa iniciativa. No es viable aprobarla”, dice.

Carta a AMLO

Las organizaciones integrantes de Sin Maíz No Hay País enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado, en la que señalan que, de ser aprobada esta iniciativa, “representaría una violación a los derechos humanos a la conservación y utilización sostenible de los recursos biológicos (Convenio sobre la Diversidad Biológica), a una alimentación adecuada y una serie de derechos de las comunidades campesinas e indígenas del país; como el derecho a proteger los conocimientos tradicionales relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, el derecho a conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que hayan conservado después de la cosecha”.

Al respecto, comenta que no se ha recibido una respuesta, “nuestros argumentos van en la misma línea con la política general del presidente. Él ha mencionado la importancia de los maíces, y de hecho el decreto presidencial contra el glifosato y los maíces transgénicos  de diciembre de 2020, está mostrando que sí, realmente esa iniciativa de la reforma de ley de variaciones vegetales, va contra toda la política del presidente”.

“Aunque tenemos el decreto presidencial y en paralelo la demanda colectiva contra los maíces transgénicos. El decreto nos puede dar pauta, y va contra la iniciativa; por tanto, ahí también sería muy lógico que sí recibiéramos una respuesta explícita de que no se hará esta reforma”.

Estas modificaciones, dice, beneficiará a trasnacionales, como Monsanto, que es la semillera más grande del mundo. Aliada de Bayer desde 2018, que es una empresa de medicamentos, y es la empresa más grande de agroquímicos en el mundo. Ahora, expone, “Bayer Monsanto es el dueño del proceso productivo, al ser dueños de las semillas y los agroquímicos. Ellos [Bayer Monsanto] controlan más del 30 por ciento del mercado mundial de las semillas”.

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