El sistema de justicia mexicano se reformará por mandato ciudadano, asegura la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. En entrevista con Contralínea, observa que en las elecciones presidenciales del pasado 2 de junio se reveló que “los jueces, magistrados y ministros salimos mal evaluados” en el diagnóstico social; por ello, la doctora en derecho estima que el país requiere juzgadores con humanismo social para que el Poder Judicial recupere la confianza ciudadana. Asimismo, explica los siete puntos de la propuesta que presentó al Legislativo: elección por voto popular de todos los integrantes la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; sustitución progresiva de jueces y magistrados con elecciones cada tres años; garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de juzgadores; respeto a los derechos laborales; observancia a la paridad de género; juzgadores cercanos a la gente; y justicia para todos por igual. Sobre este último punto, critica que lo que hay ahora es una “justicia” de élite
“La reforma al Poder Judicial Federal es inminente. Es un proceso que se está llevando a cabo porque esta reforma al Poder Judicial se va a dar”, asegura la ministra Yasmín Esquivel Mossa. Integrante del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –institución que se espera enfrente cambios estructurales profundos–, la jurista dice a Contralínea que esta reforma responde a la realidad político-social de México, pues es “el mandato de los ciudadanos en las urnas, el pasado 2 de junio”, y que el cambio deberá servir para que la ciudadanía confíe en el PJF.
Entrevistada en su oficina –ubicada en el recinto de la SCJN, en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México y al lado de Palacio Nacional–, apunta que el sistema mexicano de justicia cambiará por ese mandato ciudadano. “Esta reforma se da como consecuencia de un diagnóstico donde los jueces, magistrados y ministros salimos mal evaluados. Mal evaluados por la sociedad, y necesitamos recuperar esta confianza ciudadana”.
El objetivo de la reforma, estima, “es que los ciudadanos confíen en sus jueces, que tengamos jueces cercanos a la gente, jueces con un humanismo social para que puedan advertir todo este tipo de exigencias de la sociedad”.
Para la doctora en derecho, la principal propuesta de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, presentada el pasado 5 de febrero, es la elección popular de ministros, magistrados y jueces: “que intervenga la sociedad para elegir quiénes van a ser sus juzgadores. Ésa es la premisa principal”.
Al respecto, recuerda que el pasado 27 de junio, las ministras y ministros de la Suprema Corte asistieron al Parlamento Abierto sobre la reforma judicial, en la Cámara de Diputados. “Por primera vez, los dos Poderes nos reunimos, a invitación de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Puntos Constitucionales, para analizar cuáles son nuestras visiones sobre la reforma al Poder Judicial Federal”.
Fue en ese diálogo que planteó siete puntos, algunos de los cuales coinciden con la iniciativa presidencial, y otros disienten: elección por voto popular de todos los integrantes la SCJN y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial; sustitución progresiva de jueces y magistrados con elecciones cada tres años; garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de juzgadores; respeto a los derechos laborales; observancia a la paridad de género; juzgadores cercanos a la gente; y justicia para todos por igual.
Elección escalonada de jueces y magistrados
El tema controversial de su propuesta tiene que ver con el punto dos, pues, aunque la ministra Esquivel Mossa está de acuerdo con la iniciativa presidencial en que todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, de jueces y magistrados sean electos por voto popular, recomienda que en el caso de jueces y magistrados se haga en forma progresiva. Esto significaría que la renovación total se concluiría hasta 2037, cuando lo planteado por el primer mandatario es una refundación inmediata de todo el sistema judicial: que todo el aparato se elija popularmente en 2025.
La propuesta de la doctora Esquivel Mossa busca que se designen por voto popular en una primera elección (en marzo de 2025) sólo 300 jueces y magistrados vacantes, los nueve ministros y ministras de la Corte y todos los integrantes del tribunal disciplinario; pero que el resto sea electo en forma escalonada: en 2028, 2031, 2034 y 2037, a 340 jueces y magistrados en cada elección hasta llegar al total.
Voces críticas a esta propuesta –como la de la ministra Lenia Batres Guadarrama– indican que esto generaría dos sistemas judiciales: el del viejo régimen, que prevalecería con mayoría de juzgadores, y el del nuevo. El riesgo no sólo se advierte en que los del pasado ganarían más dinero que los recién ingresados, sino que estarían enquistados en las mismas estructuras de presunta corrupción y abusos del pasado.
No obstante, la ministra Yasmín Esquivel defiende su propuesta: “por qué lo planteo así, porque la implementación de la reforma al Poder Judicial Federal debe llevar todo un proceso de cambio, de adaptación, de transformación; y estos procesos no se pueden dar de la noche a la mañana. En esta elección, sucesiva, progresiva de jueces y magistrados, únicamente en las vacantes nos permitirá proteger los derechos adquiridos de jueces y magistrados, que hoy están en el Poder Judicial Federal”.
Además, considera que “esos 1 mil 653 jueces y magistrados que trabajan en el Poder Judicial Federal son personas que han llegado a estos cargos –de jueces y magistrados– a través de toda una carrera judicial, a través de muchos años de servicio, donde han venido escalando desde oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado; son personas que se han preparado, han hecho cursos de especialización, maestrías, doctorados y han hecho sus exámenes de oposición para accesar a estos cargos”.
La ministra también asegura que “estos funcionarios públicos son un capital humano que tenemos hoy, y que atiende más de 1 millón 500 mil asuntos al año. Entonces tenemos cientos de miles de expedientes en proceso; de tal manera que esta gradualidad nos permita la adaptación de los nuevos juzgadores que vienen electos popularmente con los requisitos de excelencia en el servicio de la técnica jurídica, así como la experiencia jurisdiccional, puedan irse adaptando a estos nuevos procesos que tenemos”.
Consultada respecto de los riesgos que se han advertido de caer en dos sistemas judiciales, uno ligado al viejo Poder Judicial y otro nuevo, la ministra Yasmín Esquivel responde: “no serían dos sistemas; sería el mismo sistema judicial, el mismo sistema jurisdiccional; sin embargo, la forma de elección es distinta; tendríamos los jueces que ya existen y tendríamos los jueces nuevos que tienen también el conocimiento técnico, pero fueron electos de una forma distinta o llegaron al puesto de una forma distinta con la participación de la ciudadanía, para que elija sus jueces y magistrados. E inclusive desde el punto de vista operativo, esto permitiría a las autoridades electorales tener un mejor manejo, desde el punto de vista operativo ir sustituyendo gradualmente estas elecciones judiciales, estas elecciones por voto popular de nuestros jueces y magistrados en todo el país”.
Acerca de los jueces y magistrados que serán electos por voto popular, indica que “van a tener alta legitimidad social y que son jueces de excelencia, que es lo que queremos lograr con esta reforma y entiendo que ése es el espíritu: recuperar la confianza ciudadana, la confianza que hoy no existe en el Poder Judicial Federal”.
Respecto de esto último, la juzgadora reconoce que el Poder Judicial salió “con una gran devaluación en nuestra presencia ante la sociedad. Hoy tenemos que revisarnos, regularnos, hacer propuestas e ir caminando para que disminuyamos la corrupción, erradiquemos las malas prácticas y logremos los objetivos de la iniciativa presidencial, y del dictamen que seguramente estarán elaborando en los próximos días, los legisladores y las legisladoras”.
—¿Esto último se podría lograr incluso dejando jueces y magistrados que vienen ya de tiempo atrás? Con la separación de la Corte del Consejo de la Judicatura, que ahora será el Tribunal de Disciplina, ¿se podría lograr que quienes incumplen, tienen malas prácticas o incluso incurren en actos de corrupción se limpien? O sea, ¿esa legitimidad se puede lograr a pesar de dejar a una plantilla que ya existe? –se le pregunta.
—El planteamiento de la iniciativa presidencial es separar lo que es la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Presidencia del Consejo, pero ya no se va a llamar Consejo, ahora va a ser un órgano administrativo integrado por cinco personas por designación de los tres Poderes, y un tribunal de disciplina judicial independiente al órgano administrativo, independiente a la Corte, electo popularmente, [e integrado] por cinco magistrados. Estos dos órganos –el administrativo y el Tribunal de Disciplina Judicial– son lo que hoy conocemos como Consejo de la Judicatura; pero este Tribunal de Disciplina, de acuerdo con la iniciativa, tiene facultades amplísimas para poder analizar todas las quejas que haya en contra de jueces y magistrados, realizar las visitas de inspección, las visitas extraordinarias. Es un tribunal que va a hacer un trabajo muy efectivo de supervisión, de vigilancia, de prevención y de sanción hacia jueces y magistrados; es un tribunal con facultades muy amplias. Creo yo que eso definitivamente va a ayudar para que se vayan erradicando las malas prácticas que llegaran a existir.
“Entonces así es como se está conformando esta nueva constitución del Poder Judicial Federal, es una renovación completa, se va a lograr esa renovación completa dando pasos muy firmes, muy importantes, muy fuertes, de manera progresiva y cuidando mucho todos los aspectos para que nuestro sistema pueda salir fortalecido al final del camino.”
Acerca de cómo se puede lograr un mejor contacto del Poder Judicial con el pueblo de México, la ministra Esquivel Mossa confía en que las bases estarán dadas con la propia reforma. “En la iniciativa presidencial se plantean las sesiones públicas del Pleno de la Corte, esta integración ahora disminuye de 11 a nueve ministros, se plantea que no haya sesiones de sala y que sólo sean sesiones de pleno y estas sesiones sean públicas. En esa ruta, si hay sesiones públicas, pues el público, la gente conocerá cuáles son los criterios y cuáles fueron las formas de votar de cada uno de los ministros y ministras”.
—¿Cómo fortalecer a este Poder, cuando se tiene la impresión de que parte de la impunidad que priva en nuestro país viene de decisiones de jueces, magistrados, incluso ministros que no generan justicia? Ello, porque se tienen casos muy específicos donde el Poder Judicial libera a delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado; además de algunos temas fiscales donde trasnacionales acuden a tribunales para no pagar sus impuestos.
—Tenemos un sistema de justicia, en el caso de la materia penal, que inicia desde el primer respondiente, que es la policía; el Ministerio Público, que es quien se encarga de la investigación; y luego lo presenta ante el juez para judicializar ese expediente. En estas fases intervienen tres instituciones. Esto es importante porque cada una de las instituciones es perfectible. Todas estas instituciones –Seguridad Pública, fiscalías y el Poder Judicial Federal– son instituciones perfectibles que tenemos que hacer bien las cosas. En la medida en que se hagan bien las cosas, se podrá tener el éxito. Y depende ya de cada caso: si el expediente, la responsabilidad de la salida del delincuente fue del Poder Judicial Federal, fue del Ministerio Público o fue desde el inicio, desde la policía que tuvo deficiencia en la integración, tendríamos que analizar cada caso; pero es cierto que cada institución tiene que revisarse, auto reformarse, perfeccionarse, para combatir estas prácticas de impunidad, que al finalmente lo que sucede es la impunidad; y ya no sabe el ciudadano dónde quedó el problema, porque el juez le echa la responsabilidad al Ministerio Público y el Ministerio Público al policía, o a la inversa.
Para la ministra Yasmín Esquivel, es necesario tener bien acotados los procedimientos, que se sepa exactamente cómo debe hacerse esta reforma judicial; y en el tema de fiscalías y policía, “perfeccionar todos estos procedimientos para que no se genere la impunidad, pero se tiene que analizar todo el proceso. No es un proceso aislado, sino todo el proceso en el caso de la materia penal. En el caso de la materia fiscal, pues sí, definitivamente necesitamos que cada uno de los jueces y magistrados analice perfectamente: si el particular tiene la razón, se le dará; pero si la razón la tiene el SAT, se le tiene que dar la autoridad, toda vez que la autoridad tiene que encargarse de la recaudación fiscal, que es una obligación esencial del Estado, y definitivamente en ese sentido si necesitamos jueces muy sensibles ante este tipo de problemas fiscales, de problemas mercantiles, de problemas civiles, penales, en todas las materias”.
Perfiles de excelencia
Además de explicar la elección por voto popular de todos los integrantes la Corte y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como su proposición de sustitución progresiva de jueces y magistrados, la ministra Yasmín Esquivel expone sus otras cinco propuestas: garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles de juzgadores; respeto a los derechos laborales; observancia a la paridad de género; juzgadores cercanos a la gente; y justicia para todos por igual.
Respecto de la excelencia de jueces y magistrados que serán electos por voto popular, plantea la creación de una comisión técnica de evaluación integrada por los tres Poderes, destinada a analizar que los aspirantes cumplan los requisitos de capacidad, certificación y experiencia jurisdiccional.
“Capacidad y certificación en las materias que van a competir, si es la materia penal, civil, mercantil u otra administrativa; que sean expertos técnica y jurídicamente para poder llegar a estos cargos. Esto nos permitirá que el ciudadano tenga la seguridad de que el juez que va a revisar su caso, fue un juez con una alta legitimidad social, sin duda alguna, pero también es un juez que tiene los conocimientos suficientes para poder analizar su caso y conocer la Constitución, la ley, los convenios y todos los instrumentos jurídicos para poder resolver cada uno de los casos.”
La doctora explica que “la impartición de justicia es un tema técnico-jurídico y es importante que estas personas tengan esa capacitación, entonces le damos una tranquilidad al ciudadano en estas dos vertientes, sobre la legitimidad social, el conocimiento técnico y la excelencia del juez. Una cosa no está peleada con la otra: podemos tener jueces electos popularmente que sean abogados, con el conocimiento técnico y la excelencia que necesitan para el cargo. La forma de designación no está peleada con la excelencia que debe reunir como requisito esencial el juez y magistrado”.
Acerca del cuarto punto, indica que corresponde al respeto de los derechos laborales. “Ya la iniciativa del señor presidente prevé un artículo décimo transitorio donde todos los empleados del Poder Judicial Federal mantendrán sus mismos derechos laborales. Eso es importante señalarlo porque ha habido una gran preocupación por parte de la base trabajadora. Decirles a ellos que la protección de sus derechos laborales en la reforma al Poder Judicial Federal está totalmente garantizada”.
Continúa con el detalle del quinto punto que plantea: “hay que aprovechar la reforma que se va a dar al Poder Judicial Federal –que es la más importante en los últimos 200 años– para incorporar de una vez el principio de paridad de género”. Al respecto, critica que mientras en el Ejecutivo hay un gabinete paritario, y que afortunadamente la próxima presidenta de México es mujer –“eso nos llena de orgullo”– y se cuenta con una legislatura de la paridad, “en el Poder Judicial no tenemos esta ventaja: apenas el 25 por ciento de las mujeres tienen el cargo de jueces y magistrados. Entonces, aprovechemos esto para que la mitad de las candidaturas que van a competir por la elección de un juez o magistrado sean mujeres”.
Al referirse a la paridad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Esquivel Mossa destaca que, “por primera vez en la historia, la integración de la Corte hoy tiene cinco mujeres de 11 [ministros], de las cuales el señor presidente Andrés Manuel López Obrador propuso las cuatro últimas. Las cuatro últimas propuestas del señor presidente han sido mujeres. En la historia del Poder Judicial Federal nunca habíamos tenido en el pleno cinco mujeres, hoy cuatro de ellas fuimos propuestas por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo en el caso de jueces y magistrados traemos solo 25 por ciento de presencia”.
En punto seis de su propuesta, indica “que necesitamos que estos jueces tengan una gran cercanía con la gente: tribunales y juzgados de puertas abiertas, donde las partes puedan ser escuchadas por el juez. El juez que va a decidir, que no tan sólo revise lo que es el expediente, sino también pueda tener la posibilidad de que, mediante la oralidad y la inmediatez, que son principios muy importantes, pueda escuchar a las partes, ver cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus agravios, cuáles son sus planteamientos”.
Y respecto del punto siete –justicia para todas las personas–, la doctora en derecho apunta que “hoy tenemos una justicia que es para aquellos que pueden pagar un abogado, que pueden pagar un despacho jurídico y entonces se vuelve una justicia para los que tienen la posibilidad de pagar, una justicia de élite. Necesitamos una justicia que sea para todas las personas. Qué es lo que sucede, que no tenemos defensorías jurídicas gratuitas fuertes, fortalecidas, que vayan a los poblados más alejados de nuestro país a ver cuáles son las demandas de justicia que se están presentando; por qué hablo yo de los lugares alejados, porque hablo de la justicia itinerante, que es cuando el defensor jurídico acude a esas poblaciones lejanas para ver cuáles son los planteamientos y los problemas que viven allá”.
En ese contexto, observa que quienes residen en comunidades indígenas, rurales, no tienen posibilidad económica de ir a las cabeceras municipales donde puede haber un abogado defensor de oficio gratuito, por lo que el PJF está obligado a contar con una Defensoría Pública fuerte, con capacidad de acudir a estas comunidades. Sólo así habrá una justicia que llegue a todos los rincones del país.
“Estos son mis siete planteamientos, las propuestas que deje por escrito [al Legislativo], con el texto propuesto en la iniciativa presidencial y el texto que yo propongo, para efecto de que estos siete puntos se puedan implementar en la reforma. Esto estará a discusión, a debate, a análisis por parte de los legisladores, y ellos revisarán si este sistema que yo les estoy planteando para implementar la reforma es un sistema que pueda dar resultados y que pueda dar el éxito adecuado”, dice a Contralínea la ministra Yasmín Esquivel.
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