En los últimos meses han sido notorias las diferencias y enfrentamientos legales y mediáticos entre el gobierno federal y el Grupo México –que preside el magnate Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, abajo de la fortuna acumulada por Carlos Slim–. A diferencia de lo que Larrea conseguía en gobiernos panistas y priístas, la actual administración lo ha obligado a cumplir con sus obligaciones fiscales, regresar concesiones de vías ferrias, devolver anticipos millonarios por obras del Tren Maya, indemnizar y reparar contaminaciones industriales provocadas por sus empresas mineras y enfrentar demandas penales por violaciones de acuerdos y contratos de sus filiales.

Acostumbrado a doblegar al poder político en favor de sus intereses económicos y en perjuicio de la población, principalmente cuando tenía enfrente a gobiernos sumisos y mediocres del PAN y del PRI, las decenas de empresas de Larrea que integran Grupo México lo mismo contaminan ríos, tierras y aire en varios estados de la República, violan acuerdos y contratos de obras y servicios gubernamentales, buscan eludir al fisco mediante la operación de fundaciones y ocultan su fortuna en paraísos fiscales.

En sexenios anteriores todo se le permitía a Grupo México y cuando había alguna intención de hacerlo cumplir con la ley, sus despachos de abogados de inmediato acudían a tribunales en busca de amparos, por lo que jueces, magistrados y ministros a su servicio le otorgaban fallos a su favor.

Esa complicidad que tenía Grupo México con los poderes Ejecutivo y Judicial se ha modificado en este sexenio o se ha combatido en tribunales, pues la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado mediante disputas legales, negociaciones privadas y exposiciones públicas que las empresas de Grupo México reconozcan y acepten, con la anuencia de su presidente Germán Larrea, devolver obras públicas al gobierno federal, regresar anticipos de contratos incumplidos, responsabilizarse por desastres ecológicos provocados en distintos puntos del país, pagar 24 mil millones de pesos anuales por impuestos y pelear en tribunales un crédito fiscal por más de 200 millones de peso.

Tiemblan los concesionarios de vías férreas

Algunos ejemplos de lo anterior es cómo el gobierno federal consiguió recuperar tramos de vías férreas de 120 kilómetros entre Coatzacoalcos y Medias Aguas, en Veracruz, que tenía en concesión Ferrosur, filial de Grupo México. Un caso donde los despachos de abogados de ese corporativo pedían como indemnización 9 mil 500 millones de pesos por ese tramo ferroviario que recuperó el gobierno por considerarlo de utilidad pública, con el propósito de establecer un corredor que permita mediante el Canal Interoceánico del Istmo de Tehuantepec unir las costas del Pacífico con el Atlántico y beneficie el comercio, la transportación y amplíe el tráfico de mercancías.

En respuesta, el presidente de la República rechazó entregar alguna compensación en efectivo de dinero público a Grupo México, al que convenció de aceptar la ampliación de un plazo por ocho años de otra concesión sobre un tramo de vías férreas que va del Istmo hacia Veracruz, el cual vencía en 2036 y se prolonga hasta 2044.

Un segundo caso fue cuando el gobierno federal dio por terminado un contrato con otra filial de Grupo México para la construcción del tramo 5 de la obra pública del Tren Maya, que va de Playa del Carmen a Tulum, y allí el grupo de Larrea pedía una indemnización de 4 mil millones de pesos de dinero público por cancelación del contrato.

El problema se inicia cuando el gobierno federal exige que la obra fuera concluida en julio de 2023, a lo que le empresa se opuso porque, según ella, era imposible por los cambios en trazos de ruta con el propósito de proteger el medio ambiente y la fauna animal de la región.

Al cancelarle dicho contrato, Larrea ordenó a sus abogados presentar una demanda por indemnización de 4 mil millones de pesos; sin embargo, en la mesa de negociación se acordó no pagar ni un quinto a Grupo México y, por el contrario, tuvo que devolver 1 mil 200 millones de pesos como parte de los anticipos que le habían pagado.

Un tercer caso que aún está en litigio por disputas con Grupo México, es la denuncia penal que presentó en su contra el gobierno federal el 17 de agosto pasado, en donde se acusa al empresario y su corporativo de incumplir la remediación ambiental del Río Sonora y el afluente Bacanuchi, según informó la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González.

El problema es que la empresa filial Buenavista del Cobre provocó el 6 de agosto de 2014 una grave contaminación tóxica por el derrame de 40 mil metros de sulfato de cobre acidulado en dicho río.

Según la funcionaria del medio ambiente se trata del peor desastre ambiental en la historia de la minería metálica en el país, pues no se trató de un accidente, sino de una negligencia en la construcción por el pésimo diseño hidrológico del sistema Tinaja I.

Larrea Mota Velasco se había comprometido y su grupo había firmado un acuerdo para remediar dicha contaminación del río e indemnizar a los afectados por dicho derrame de ese metal de sulfato, pero una vez más Grupo México alega que sí cumplió al pagar en efectivo a los funcionarios del gobierno de Peña Nieto y que éstos fueron quienes de robaron el dinero, pero al no haber evidencias de ello ahora enfrenta una denuncia penal, la cual el presidente López Obrador ha dicho que su gobierno está dispuesto a retirarla si Larrea remedia los daños ocasionados e indemniza a las víctimas, y deja de simular y violar los acuerdos.

Un cuarto tema sobre Germán Larrea que mantiene ocupadas a las autoridades hacendarias, viene de 2021 cuando el magnate minero apareció en la larga lista de nombres que se filtró en millones de documentos que identificaban a empresarios, funcionarios y políticos de todo el mundo que ocultaban sus fortunas en paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos, lavar dinero sucio u ocultar y triangular recursos.

Aquello que generó un escándalo mediático mundial y que fue identificado como los Pandora Papers, también permitió a las autoridades de varios países, entre ellos México, abrir expedientes sobre los involucrados para determinar si incumplían con sus obligaciones fiscales. En el caso de Larrea tiene un crédito fiscal de más de 200 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria le exige pagar y el asunto se ventila en tribunales.

Desde ese entonces, el gobierno de López Obrador empezó a integrar un grueso expediente sobre las operaciones financieras de todas las empresas del Grupo México y a revisar minuciosamente los ingresos y egresos del segundo hombre más rico del país, por lo cual paga anualmente impuestos por 24 mil millones de pesos, y desde que empezó este sexenio Larrea ha mostrado su inconformidad y malestar permanente que a veces no lo deja ni dormir, pues a veces ya no siente lo duro sino lo tupido de las acciones de gobierno por obligarlo a cumplir la ley y las normas sociales.

Un quinto tema que el gobierno federal revisa por instrucciones de López Obrador y que preocupa a los concesionarios de vías férreas, es el memorándum que el presidente les enviará en los próximos días para informarles que dichas vías que ahora sólo son empleadas para transportación de productos y mercancías también serán utilizadas para trenes de pasajeros, por lo que se tendrán que rehabilitar y electrificar.

Será primero una invitación a los concesionarios para que respondan en un plazo razonable a ese memorándum y si los empresarios convocados presentan ellos mismos proyectos que permitan rehabilitar las vías y proyectar los trenes de pasajeros, pues de lo contrario sería el gobierno federal el que lance una convocatoria o que directamente sean militares los que tengan esa facultad.

“Si dicen: ‘no nos importa, nosotros vamos a seguir dando el servicio de trenes de carga’, bueno, entonces, nosotros tenemos dos posibilidades: una es que unas vías se concesionen a la Secretaría de Marina. O sea, que el Tren del Istmo, que ya está manejado por Marina, llegue a Veracruz y a la Ciudad de México, o sea, como concesión. Y lo otro, es que el Tren Maya se convierta en el tren del norte y se extienda a Guadalajara y Sinaloa, Sonora y Nogales, y la otra vía a Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. O sea, esa es otra opción”, precisó López Obrador en esta nueva disposición que incomodó sobremanera a los concesionarios como Larrea.

Una tercera opción sobre esa propuesta presidencial, es que el gobierno entre en sociedad con empresas nacionales que estén dispuestas a arreglar las vías y establecer trenes de pasajeros. De aceptarse la propuesta presidencial, es regular horarios de circulación de trenes de carga y de pasajeros, pero de principio se observa que se trata de un gran proyecto en beneficio de las comunidades locales y en general de todos los mexicanos viajeros.

El planteamiento de la Presidencia de la República es que el país regrese a la transportación de trenes que no son contaminantes y, como sucede en Europa, se beneficie a toda la población.