ONU-DH solicita a instituciones esclarecer desapariciones forzadas en México

ONU-DH solicita a instituciones esclarecer desapariciones forzadas en México

Defensores de DH y familiares exigieron justicia por las víctimas de la estrategia contrainsurgente que encabezaron gobiernos priístas
La ONU-DH responde al pronunciamiento de algunos organismos que han denunciado dificultades para acceder a ciertos archivos.

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó a las instituciones de seguridad e inteligencia a colaborar y garantizar el acceso a la información para esclarecer el paradero de las personas desaparecidas y sancionar a los responsables.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONU-DH precisó que los aparatos de seguridad e inteligencia deben sumarse a los esfuerzos de los avances normativos e institucionales que ya existen en México. “[De esta manera] esclarecer los hechos, buscar a las personas desaparecidas, realizar las investigaciones y transparentar el quehacer gubernamental”.

La ONU-DH responde al pronunciamiento de algunos organismos –como el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI)– que han denunciado dificultades para acceder a ciertos archivos. Con estas acciones, los centros de inteligencia y fuerzas armadas están incumpliendo el decreto presidencial de libre acceso a la información.

“Las negativas y obstáculos en esta materia, además de socavar los derechos de las víctimas, trastocan el derecho a saber, debilitan la confianza en las instituciones y contradicen lo dispuesto por normas e instrucciones giradas, incluso desde las más altas autoridades del Estado”.

La ONU-DH reiteró que las autoridades competentes tienen la facultad de disponer de los recursos suficientes –como archivos de órganos militares, policiales, de inteligencia– para acceder a la documentación e información pertinente.

Mientras que Jesús Peña –representante adjunto de la ONU-DH– sostuvo que “los controles civiles y democráticos sobre los aparatos de seguridad e inteligencia deben asegurarse, más aún cuando hay evidencia de que sus funciones en ocasiones se han desviado. Dichos aparatos deben actuar conforme a la ley y perseguir fines legítimos”.

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