La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó las Recomendaciones general 46/2022 y por violaciones graves 98VG/2023, que muestran cómo operó un montaje de redes militar-policiacos que reprimieron a la población disidente en México, principalmente considerada de izquierda, entre 1951 y 1990, en el periodo conocido como la Guerra Sucia.

En estos documentos se demuestra la violencia política de Estado contra miles de personas que pasaron a ser víctimas, mismas que hoy en día son incuantificables todavía, señaló Rosario Piedra Ibarra, presidenta del organismo autónomo, quien también dijo que en las páginas se podrá descubrir una serie de complicidades y actores políticos, religiosos, económicos y hasta medios de comunicación que actuaron en el mismo sentido durante la segunda mitad del siglo XX.

De manera detallada, la Recomendación general 46/2022 aborda temas de violaciones graves a derechos humanos, así como al derecho a la democracia, protesta social, reunión y asociación, entre otras, cometidas por el Estado entre 1951 y 1965.

Por su parte, la Recomendación 98VG/2023 describe casos de violaciones graves a los derechos humanos, libertad, seguridad jurídica, integridad personal, detención ilegal, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, así como derecho a la verdad y al interés superior a la niñez de 1965 a 1990. Ambos son fruto del trabajo de la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el pasado reciente.

“Si bien no tuvimos un Videla ni un Pinochet, tuvimos un Miguel Alemán, un Adolfo Ruiz Cortines un Adolfo López Mateos, un Gustavo Díaz Ordaz y un Luis Echeverría, iguales o peor de sanguinarios, porque sin tener uniformes usaron a nuestras Fuerzas Armadas para reprimir y matar al pueblo”, subrayó.

“Estas dos recomendaciones resumen parte de la historia negra de nuestro país, lo que erróneamente se denominaría como la Guerra Sucia cuando las autoridades fueron capaces de todas las atrocidades y atropellos para evitar la democracia y quitarle al pueblo su derecho a expresarse”, apuntó la presidenta de la CNDH antes de advertir que “persisten muchos intereses que quisieran que no se hablara nada de esto”.

En conjunto, buscan rendir un homenaje a las víctimas de la época, así como reforzar la memoria y verdad histórica, justicia, no repetición, esclarecimiento de los hechos y dignificación de las personas

Francisco Estrada Correa, secretario Ejecutivo de la CNDH, denunció que en sexenios anteriores hubo “irresponsabilidad de las autoridades para llegar a la verdad y la justicia”.

Otro reclamo sobre este tema fue vertido por Francisco Estrada Correa, secretario ejecutivo de la institución. “Los gobiernos del pasado no dieron un adecuado tratamiento a los documentos de los expedientes. Seguramente fue intencional, posiblemente no es casualidad, pero los registros de los años anteriores a 1990 fueron destruidos o eliminados sin criterio alguno y sin perspectiva, sobre todo de derechos humanos”.

Sin embargo, explicó que han colaborado con la Fiscalía General de la República y víctimas para dar continuidad a la integración de las averiguaciones existentes detenidas por años. También invitó a la población a ver la serie de ficción histórica que saldrá a la luz para presentar de manera gráfica aquello encontrado en los archivos históricos. Se llamará Los años heridos.

Recomendación 98VG/2023

Este documento reconoce 814 víctimas de violaciones graves a sus derechos, para quienes exige la reparación integral del daño. No obstante, la CNDH también aclaró que la investigación no ha culminado, todavía hay casos pendientes.

Además, destaca la responsabilidad de los expresidentes Adolfo López Mateos, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid en esta época; así como a funcionarios de diferentes instituciones, entre ellos al dirigente de la DFS, Miguel Nazar Haro.

Como parte de la Recomendación, se exige preservar, abrir los archivos restantes y buscar los no localizados de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, y la Secretaría de la Defensa Nacional.

También exhorta a “investigar las graves violaciones a derechos humanos contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, consideradas crímenes de lesa humanidad”; y fortalecer las áreas de investigación de la Fiscalía para atender “la complejidad y el volumen de los casos”.

Asimismo, propone crear sitios de memoria en lugares utilizados anteriormente para la represión, tortura y asesinatos; a la vez de retirar todo tipo de monumentos, estatuas y placas dirigidas hacia los responsables, cambiar el nombre de escuelas, calles y espacios públicos que los mencionen, y reconocer públicamente su responsabilidad en estas violaciones a derechos humanos.

La recomendación está dirigida hacia la Fiscalía General de la República, secretarías de Gobernación, Hacienda, Defensa; Subsecretaría de Derechos Humanos; Comisión por el Acceso a la Verdad que investiga este periodo; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Centro Nacional de Inteligencia; Archivo General de la Nación; la UNAM, el Politécnico y la UAM; el gobierno de Guerrero; y las cámaras del Congreso de la Unión.