En sustitución a la Secretaría de la Función Pública se creará la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, la cual tiene por objetivo reducir la corrupción, al pasar de un enfoque correctivo a uno preventivo. Será precedida por Raquel Buenrostro.

“Queremos cambiar la mística y la vocación de la Secretaría de la Función Pública para que tenga un mayor impacto en la vida del pueblo mexicano. […] Empezamos por cambiarle el nombre, como sugerencia de la presidenta, a Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”, indicó Buenrostro, en conferencia presidencial.

La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno tendrá un alcance transversal. Esto significa que estará vinculada a las dependencias gubernamentales. Asimismo, contará con facultades normativas y de supervisión, además de la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En total, tendrá 10 pilares. El primero se basa en dignificar la carrera del servicio público, a través de la formación en integridad y capacitación para el cumplimiento de sus metas; el segundo, consta de dar acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar los programas prioritarios; el tercero, moderniza a la ASP para inhibir la corrupción y eficientar su desempeño; el cuarto, consolida compras públicas transparentes, a precios justos, que fomenten proveeduría nacional; el quinto, busca la transparencia proactiva, y el sexto, tiene el fin de sumar a la sociedad y al sector privado en la lucha contra la corrupción.

Asimismo, el séptimo pilar sumará al Órgano Interno de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia; el octavo, fortalecerá la cultura de la denuncia y garantizará la confidencialidad; el noveno, realizará investigaciones que inhiban la corrupción, y el décimo se basa en combatir la impunidad.

De igual manera, Buenrostro detalló que “partimos de un ejercicio que ya se hizo de empezar a separar el poder político del poder económico. Eso significa que el gobierno en lugar de estarse preocupando siempre por beneficiar a los grupos más poderosos, a los más ricos, está viendo por el bien del pueblo”.

Entre las bases de esta modificación, mencionó que el gobierno seguirá trabajando, con el objetivo de eliminar la condonación de impuestos y los privilegios a las clases más altas. Además, explicó que la entrega de programas sociales continuará sin intermediarios, así como la austeridad republicana.

“Las grandes fortunas eran beneficiadas cada cambio de administración, venía una condonación de impuestos grandes a todos los poderes económicos que habían apoyado en las elecciones previas y eso, al final del día se traduce en menos recursos para gobernar, menos recursos para programas sociales y menos recursos para inversiones públicas. Eso se eliminó. Se acabaron los privilegios”.

La meta de los primeros 100 días de la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno será la reestructuración de la Administración Pública Federal; el acompañamiento a obras como el Tren Maya, al sector salud y en la seguridad alimentaria, y las reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras.

“Y otro tema es el futuro de la transparencia. ¿Qué tenemos en la transparencia? Lo primero que tenemos que saber es que la propuesta de reforma mantiene la promoción, el respeto, la protección y la garantía del derecho al acceso de la información pública y a la protección de los datos personales, es decir, no cambia en nada lo que requiere la gente en cuanto a información. En caso de aprobarse esta reforma, nosotros ya estamos trabajando en una propuesta de Ley General de Transparencia que garantice que esta secretaría pueda llevar a cabo todas estas funciones y, al mismo tiempo, que no sea juez y parte con el involucramiento”, puntualizó.