A partir del Plan Nacional Hídrico, el gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca garantizar el derecho humano al agua y priorizar su uso para consumo humano; además de asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales.
“El agua deja de verse como una mercancía y se reconoce como un derecho; esa es una de las esencias del Plan Nacional Hídrico. Se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor a recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano”, indicó la primera mandataria.
Para ello, se destinarán alrededor de 20 mil millones de pesos en 2025. De igual manera, se impulsarán reformas legislativas, obras de infraestructura hídrica, y la regulación de concesiones. “Hay usuarios que tienen una concesión de agua, pero no la usan, en algunos casos hasta la venden. Entonces, ¿quién se beneficia de esa concesión? El particular. Entonces, lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella. […] Eso nos va a permitir disminuir la sobreexplotación y poder disponer de agua, que hoy está concesionada para otros usos, principalmente, para el consumo humano”, señaló la presidenta Sheinbaum.
Asimismo, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, puntualizó que el Plan Nacional Hídrico se basa en cuatro ejes: política hídrica y soberanía nacional; justicia y acceso al agua para que haya prosperidad compartida; mitigación del impacto ambiental y adaptación al cambio climático; y una gestión integral y transparente de los recursos.
“Vamos a crear el Registro Nacional de Agua para el Bienestar. Actualmente, el Registro Público del Agua, el REDPA, se alimenta de información contenida en cuatro sistemas, cuatro plataformas distintas, y esto ha complicado la integración de la información. El nuevo Registro Nacional de Agua para el Bienestar va a concentrar toda la información en una base de datos única y también va a tener una sola ventanilla de entrada; y esto nos va a permitir una gestión más eficiente, que exista total transparencia y, sobre todo, cero corrupción”.
También, el gobierno federal, a través de la Conagua, implementará un programa nacional de inspección para regular el uso y aprovechamiento del agua. Paralelamente, desde el Poder Legislativo, se impulsarán reformas a la Ley de Aguas Nacionales, en aspectos como transmisiones, cambios de uso y cuotas de garantía, con el objetivo de eliminar la especulación y mercados alternos. “Vamos a promover la expedición de la nueva Ley General de Aguas; vamos a defender el agua que le pertenece al pueblo”, remarcó Morales.
En este sentido, mencionó que el proyecto incluye el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, y la elaboración y ejecución de un Plan Maestro, el cual contiene 16 proyectos estratégicos para incrementar la dotación de agua potable.
Entre éstos, están la Presa El Novillo en La Paz, Baja California Sur; la Desaladora Playas de Rosarito, Baja California; el Sistema de presas para Hermosillo, Sonora; la Presa Tunal II en Durango; la Presa Milpillas en Zacatecas; el Acueducto Ciudad Victoria en Tamaulipas; la Presa Las Escobas en San Luis Potosí; Redes troncales para el proyecto Agua Saludable en Durango y Coahuila; el Acueducto Solis-León en Guanajuato; el Acueducto Zacualpan II en Colima; el Acueducto La Cangrejera-Coatzacoalcos en Veracruz; la Presa Paso Ancho en Oaxaca; el Acuaférico en Campeche; las obras de protección contra inundaciones en Tabasco; el Plan integral para Acapulco, Guerrero, y el Plan integral para la Zona Metropolitana del Valle de México.