Durante una visita de inspección en el predio La Rosita –propiedad de la empresa Calizas Industriales del Carmen, SA de CV (Calica), ubicado en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo–, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) advirtió “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas de seguridad las clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio”.

Entre otras cosas, la autoridad federal documentó que Calica ha incurrido en explotación de material pétreo debajo del manto freático. Ello ha causado graves daños ambientales, “como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo, la alteración de la presión del acuífero, riesgo de hundimientos y fracturas del subsuelo, así como la calidad y pureza del agua y el drenaje superficial y subterráneo por incrementos en la formación de oquedades, además de la alteración del paisaje natural y la fragmentación de los ecosistemas”.

En un comunicado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el operativo de inspección forma parte de las acciones que la institución ha emprendido en contra del aprovechamiento indebido de los recursos naturales de México y del deterioro del medio ambiente.

Durante la visita, los funcionarios de la Profepa verificaron si la filial de la estadunidense Vulcan Materials –y ahora denominada Sac-Tun– daba cumplimiento a la normatividad ambiental federal en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales y de impacto ambiental, con motivo de sus actividades y de las obras que ha construido, y determinaron que podría no ser así.

La Semarnat recordó que en 2017 y 2018, la Procuraduría ya “había impuesto una clausura y sanciones administrativas a esta empresa por aprovechamiento de roca caliza mayor al autorizado, en superficie y temporalidad en el predio El Corchalito, lo que derivó en una demanda [contra] el Estado mexicano bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, reclamando una compensación de más de mil quinientos millones de dólares estadunidenses, más intereses y gastos procesales”.

Asimismo, se refirió a los abusivos permisos con los que cuenta la empresa: “en 1986, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y el gobierno de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la explotación de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, sin determinar un plazo de vigencia, ni volumen de explotación específico”.

Agregó que “el segundo permiso lo obtuvo en 1996 para explotar piedra caliza por encima del manto freático en dos nuevos predios: El Corchalito y La Adelita, con una superficie conjunta de 1 mil 251 hectáreas. Y el 30 de noviembre del 2000, un día antes de culminar la administración de Ernesto Zedillo, se dio el tercero por 20 años para explotación de roca caliza por debajo del manto freático en estos predios”.

Por ello, la Semarnat se comprometió a cumplir la política ambiental del gobierno de México hasta “lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución, y velando por el interés general y el bien común, por encima de intereses particulares que ponen en riesgo la riqueza natural, y sin consultar ni pensar en las comunidades”.