La iniciativa que enviará el Ejecutivo en materia de pensiones deberá tratar de resarcir el multimillonario robo que los banqueros han hecho a los ahorros de la clase trabajadora; entre otros objetivos. Desde 1997, entró en vigor el sistema de ahorro individual, el cual sustituyó al antiguo régimen solidario.
Desde un inicio, el cambio a este nuevo régimen fue planteado como una más de las recetas neoliberales dictadas por organismos internacionales –como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial– al entreguista gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Nunca se planteó como una alternativa a futuro para que los trabajadores pudieran tener una pensión suficiente para gozar de una vejez digna.
Zedillo diseñó un traje a la medida para echar a andar con la autorización oficial de su gobierno. A la distancia, se podría definirse como una Estafa Perversa, pues nunca se les establecieron obligaciones claras en sus reglas de operación a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Los diputados del PRI y del PAN –que desde entonces mostraron sus afinidades neoliberales a la hora de traicionar a la clase trabajadora– votaron por el retroceso social. No se detuvieron a pensar ni siquiera en medidas de protección mínimas a favor de los ahorradores.
Por ejemplo, México es uno de los países donde las Afores cobran las comisiones más altas del mundo a sus clientes, aun cuando las cuentas están inactivas. Sin embargo, tal vez sea la manga ancha para invertir libremente en una bolsa que asciende actualmente a más de 5 billones de pesos lo que ha ocasionado que los banqueros infrinjan –sin castigo o amonestación alguna– las constantes pérdidas al dinero que no es suyo.
En septiembre de 2022, las llamadas minusvalías –pérdidas– ascendieron a 200 mil millones de pesos. En agosto de 2023, sumaron 97 mil 733 millones de pesos. Y en septiembre, descendió a 96 mil 240 millones de pesos.
Ante estos multimillonarios quebrantos, las personas quedan imposibilitadas. El diseño del sistema de ahorro individual imposibilita pedir cuentas a los irresponsables y abusivos operadores de las Afores.
Por donde se le vea, la reforma al sistema pensionario de Ernesto Zedillo ha derivado no sólo en un monumental robo a los ahorradores, sino también en un gravísimo daño social. Sólo dos de cada 10 de los primeros pensionados de la generación de 1997 han alcanzado una pensión digna.
Los ocho restantes no lograron este beneficio. Por lo tanto, el Estado ha tenido que garantizar al menos un 30 por ciento de sus salarios. Se suponía que, de acuerdo a lo planteado hace 26 años, alcanzarían una pensión del 70 por ciento de su último sueldo, como mínimo.
Los afectados deberían tener el derecho de exigir una explicación del manejo de sus ahorros a los banqueros. En este sistema de cuentas individuales, los únicos que pierden son los trabajadores. A lo largo de los años, se calcula que el quebranto a su dinero puede ascender a casi 1 billón de pesos. Además, se estima que los operadores de las Afores manejan 5 billones 500 mil millones de pesos.
Sin embargo, como las leyes otorgan la más amplia protección e impunidad a los banqueros, nada se puede hacer al respecto. De hecho, millones de trabajadores no saben en qué se han invertido sus ahorros ni el por qué se registran pérdidas en vez de ganancias.
En el colmo de los abusos y aberraciones, la pandemia de la Covid-19 terminó por exhibir el abandono, en cual los gobiernos neoliberales dejaron a los hospitales del sistema de salud pública –como también del Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– por la falta de recursos.
Es fácil inferir cuántas camas de hospital, equipos de estudios médicos, quirófanos, entre otros enseres necesarios para una adecuada atención médica y hospitalaria pudieron adquirirse con los escandalosos montos de las pérdidas acumuladas, a lo largo de los años por las referidas minusvalías.
No puede seguirse tolerando que los banqueros continúen con el impune saqueo y el manejo irresponsable del dinero de la clase trabajadora. Además de no garantizar una pensión digna para la vejez, existe la presunción de que los millonarios recursos han ido a parar al fortalecimiento de empresas trasnacionales. Éstas no ofrecen beneficio alguno a los ahorradores ni a la economía nacional.
Al conocerse la intención del Ejecutivo por dar un golpe de timón al actual modelo de las cuentas individuales, muchos voceros de la oligarquía nacional e internacional han pegado el grito al cielo. Argumentan que representaría un colapso a la economía del país.
Los más de 5 billones contenidos en la bolsa de los ahorros de millones de trabajadores explican por sí solos la preocupación de esta mafia financiera ante el riesgo de que les sea arrebatado tan fructífero negocio.
Por eso, se hace necesario abrir foros de debate no sólo en el Congreso, sino también en otras instancias. Así informar a los afectados el por qué, luego de haber ahorrado por más de dos décadas, los banqueros salen con el cuento de que no sumaron lo necesario para poder pasar sus últimos días sin sobresaltos económicos.
El momento no puede ser más propicio. Los trabajadores organizados y afiliados en sindicatos, federaciones y confederaciones deben poner en el centro del debate sus propuestas. De esta manera, revertir los daños sociales que ha ocasionado la reforma privatizadora a las pensiones, efectuada por el sátrapa de Ernesto Zedillo.
Es necesario que haya una reforma en tal sentido. Se debe recuperar el viejo sistema solidario de pensiones y fortalecer la seguridad social, en beneficio de millones de trabajadores y sus familias.
Además, veremos qué actitud adoptan los herederos políticos de aquellos priístas y panistas en el Congreso. Fueron los responsables de que ríos de jubilados no tengan los recursos suficientes para una vejez digna. Los destrozos sociales saltan a la vista y deben corregirse.
Martín Esparza*
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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