La reforma energética de 2013, aprobada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto con el respaldo del PRI y el PAN, abrió a particulares la importación de hidrocarburos. A partir de ese nuevo marco, se multiplicaron los permisos y las operaciones privadas en el mercado de combustibles, un esquema que años después sería aprovechado –según investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR)– para introducir hidrocarburos al país mediante operaciones presuntamente irregulares y evadir impuestos, señaló la dirigencia de Morena.
En conferencia de prensa, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la reforma energética impulsada por legisladores del PRIAN abrió la participación de particulares en la importación de hidrocarburos y, con ello, un nuevo mercado que, posteriormente, sería utilizado para esquemas de contrabando y evasión fiscal, también conocido como huachicol fiscal.
“Solo para recordar que ellos crearon el espacio y la manera de cómo importar hidrocarburos desde el extranjero”, externó.
Y es que, hasta antes de la reforma energética, la importación de gasolinas y diésel estaba reservada a Petróleos Mexicanos (Pemex). Sin embargo, el nuevo marco jurídico abrió progresivamente esa actividad a particulares. Incluso la Secretaría de Energía informó en 2015 que, a partir del 1 de enero de 2017, los permisos para importar hidrocarburos podrían otorgarse a cualquier interesado que cumpliera con los “requisitos legales”.
“Enrique Peña Nieto dio más de 1 mil 370 permisos, entre ellos esta empresa que se ha mencionado en la que participa Ernesto Ruffo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el 2020, pidió que se retiraran estos permisos. Hay que recordar que anteriormente solo Pemex podía realizar estos mecanismos de importación de combustibles de hidrocarburos en términos generales. Con la reforma energética esto cambia y se da el permiso a los privados”, explicó Ariadna Montiel.
En ese contexto aparece uno de los casos que actualmente han concentrado la atención de la FGR; es decir, el del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, vinculado por las autoridades con la empresa Ingemar y acusado de haber participado en una estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos; específicamente con toda una infraestructura empresarial con capacidad para importar hidrocarburos, operar transporte ferroviario y desplegar una red logística interestatal.
Como se recordará, la investigación de la FGR comenzó después del hallazgo de ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, y posteriormente se amplió hasta identificar una estructura empresarial que involucra a Ernesto Ruffo Appel. Pues, de acuerdo con la Fiscalía, la investigación reúne hasta ahora 96 datos de prueba, entre ellos dictámenes químicos para determinar las características de los hidrocarburos asegurados, estudios de ingeniería para establecer la capacidad de los ferrotanques y peritajes de criminalística, fotografía e identificación.
Por ello, Morena planteó hacer una revisión histórica del llamado huachicol fiscal. “Ahora conocemos que estas empresas son investigadas por la Fiscalía General de la República con pruebas, lo ha dicho la Fiscalía son más de 96 pruebas que tienen en la cárcel a Ernesto Ruffo”.
No obstante, el debate sobre el huachicol fiscal también se ha trasladado al terreno político por las acusaciones contra figuras vinculadas con Morena. En ese punto, Montiel sostuvo que ni los dirigentes partidistas ni los actores políticos tienen facultades para determinar culpabilidades, debido a que esa tarea corresponde únicamente a la Fiscalía y, en su caso, a los tribunales. Por ello, la dirigente celebró que la FGR haya descartado una investigación contra Andrés López Beltrán, en medio de señalamientos de la oposición que lo han relacionado públicamente con el fenómeno.
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