La reforma al Poder Judicial busca democratizar la elección de jueces, magistrados y ministros. ¿Por qué? Porque la democratización se presenta como una forma de cambiar la composición de este Poder,para así garantizar que quienes sean parte de él, tengan claro que la impartición de justicia debe ser en beneficio del pueblo. La no democratización del Poder Judicial nos llevaría a mantener la composición tal y como ahora está. Y esto, ¿qué efectos tendría? Que la población siga con un sentimiento de rechazo al Poder Judicial que, en los hechos, ha servido para defender los intereses de las grandes empresas multinacionales.
Ejemplo de ello es el caso de la reforma eléctrica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador: lo que hizo la SCJN fue invalidarla, a pesar de que buscaba establecer un orden de prelación que favorecía a la CFE sobre las empresas privadas –como Repsol e Iberdrola–, para inyectar energía a la red nacional de electricidad. Este punto implicaba fortalecer la rectoría del Estado en un sector estratégico y clave para el país: la industria eléctrica. Y con recursos públicos fortalecer a una empresa pública, CFE, que durante la etapa neoliberal se intentó desmantelar para entregar el sector eléctrico a la iniciativa privada. Lo que argumentó la SCJN es que se tenía que priorizar el “criterio de eficacia”, y al final esto se impuso al criterio del fortalecimiento de la soberanía energética y de ahí declararon inconstitucional la reforma que tenía amplia legitimidad y respaldo popular. La reforma también estaba muy bien sustentada, desde un punto de vista técnico. ¿Y cuál fue el resultado? Que la SCJN demostró, en los hechos, que defiende los intereses de las empresas privadas multinacionales sobre los intereses de la nación. Ahí la Suprema Corte semostró como un poder independiente del pueblo de México, anti-democrático, y cuya aplicación de la “justicia” es para el gran capital y no para los intereses nacionales. Por tanto, ahora no podemos decir que la SCJN es independiente del gran capital trasnacional. Y ejemplos como éste abundan.
Lo interesante es que la gente no olvida este comportamiento tramposo y traidor de la Suprema Corte, y en las elecciones presidenciales de 2024 se eligió votar por Claudia Sheinbaum y por el Plan C. En este sentido, es un compromiso de campaña, y los compromisos se cumplen. Se trata de ser coherentes con los valores de la democracia popular. La mayor parte del pueblo votó por la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y de Senadores para que el bloque legislativo dirigido por Morena logre sacar adelante las reformas que constituyen el Plan C. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial.
Sería un error estratégico para el equipo de Claudia Sheinbaum no sacar adelante esta reforma, porque en la democracia popular, justo de lo que se trata es de mandar obedeciendo. Si se empieza a suavizar el discurso de la Cuarta Transformación y se deja de empujar todo el conjunto de reformas que constituyen el Plan C, el escenario político que se viene para la presidenta electa y su equipo es el de la pérdida gradual de hegemonía. Una hegemonía que descansa en la formación de un gran consenso social,que justo logró captar y conectar, por medio de las ideas-fuerza de la Cuarta Transformación, todo un conjunto de reclamos y sentimientos populares que ahora se están resolviendo en esta etapa histórica posneoliberal.
Por su parte, la derecha ha estado generando una gran campaña de difusión de mentiras y desinformación, que se ha dado en torno a la reforma del Poder Judicial. Lo que buscan es desviar la atención de un problema de fondo: que la composición actual del Poder Judicial es insostenible desde un punto de vista ético y un punto de vista político. Es insostenible que los ministros ganen en un mes más de 700 mil pesos. Mientras que la mayor parte del pueblo de México tiene salarios de 7 mil pesos al mes. Es decir, ¡en un mes, un magistrado gana lo que un trabajador promedio ganaría en 9 años! Esta desigualdad es grotesca y es, sobre todo, inmoral. Así como no debe de existir gobierno rico con pueblo pobre, tampoco debe existir un Poder Judicial rico con pueblo pobre. De ahí que la iniciativa de reducir los salarios y homologarlos al nivel del presidente de la República sea una medida de justicia social.
Desde un punto de vista político, la composición actual del Poder Judicial se vuelve políticamente insostenible porque el pueblo sabe que ahí está unbastión político de las oligarquías. Y con el Poder Judicial corrompido han actuado, no como contrapeso, sino como un dique de contención a las transformaciones sociales. Y el desprestigio social que ello implica hace que la población tenga claro que ese Poder no es funcional a la democracia popular que se está construyendo y consolidando en México. Por esa razón, el quién elige y cómo elige a los miembros del Poder Judicial se vuelve un asunto fundamental para la vida pública del país y no un asunto técnico tal y como han intentado argumentar los conservadores. Si se mantiene como hasta ahora, el Poder Judicial seguirá deslegitimado. Si se hace la reforma, se le dará una nueva legitimidad, ya en un nuevo entorno histórico donde queda claro que en México hay un nuevo pacto social posneoliberal que se ratificó en las urnas en las pasadas elecciones presidenciales. Y sobre esa nueva realidad histórica es en la que hay que actuar. La reforma además ayudará a generar mayor estabilidad política y social en el país porque se reducirán así las posibilidades de que se desplieguen futuras guerras judiciales, conocidas como lawfare, en el país.
Los temas técnicos que tienen que ver con la impartición de justicia por supuesto que se tienen que discutir y resolver en leyes secundarias. Pero es claro que la reforma al Poder Judicial se tiene que hacer porque es un mandato popular.
Josafat Hernández*
*Doctor en filosofía de la ciencia; profesor–investigador DEM-CIDE
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