La reforma a la Ley de Amnistía –que se aprobó ayer 17 de abril en el Pleno del Senado– establece la posibilidad de otorgar este beneficio a personas que aporten elementos útiles para conocer la verdad sobre hechos y casos relevantes para el Estado mexicano, como es el asunto de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa –desaparecidos el 26 de septiembre de 2014–, afirmó esta mañana la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.

“Estamos hablando de casos particulares como el caso Ayotzinapa. Aquí hemos informado que hay un pacto de silencio que queremos romper, lo que queremos es encontrar a los jóvenes, la ubicación de los jóvenes y en este sentido estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para que puedan aportar información aquellos que conocen o que saben dónde pudiesen estar. Y la idea es contar con un marco jurídico que nos permita avanzar en romper ese pacto de silencio y en poder llegar a encontrar a los jóvenes”, indicó la funcionaria federal.

Durante la conferencia presidencial, la abogada destacó que también ayer se aprobó en el Senado una reforma a la Ley de Amparo. Al respecto, explicó que “está relacionada con esta facultad excedida por parte de jueces y magistrados, en donde si una persona presenta amparos o controversias constitucionales en contra de leyes aprobadas por el Congreso que no proceda la suspensión con efectos generales”.

Como ejemplo, citó casos extremos como el de la Ley Eléctrica, que por juicios de amparo interpuestos por trasnacionales se echó abajo por dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También, recordó que ocurrió lo mismo en el caso de los libros de texto gratuitos, donde en dos entidades federativas no se pudieron distribuir durante algunas semanas, porque se usó ese mismo mecanismo del amparo.

Además, expuso que también están en riesgo obras de infraestructura, como en su momento ocurrió con el Tren Maya y el AIFA. Ello, porque Alcalde Luján acusó que hay una campaña política –en la que participan incluso juzgadores– contra la transformación del país, que utilizan mecanismos como el juicio de amparo para frenar las acciones del gobierno. Ambas iniciativas aprobadas ayer en el Senado pasan ahora a la Cámara de Diputados para su discusión.

La secretaria de Gobernación también destacó la discusión en la Cámara de Diputados sobre las reformas de pensiones, “en beneficio de las y los trabajadores, sobre todo de aquellos que comenzaron, iniciaron a laborar después de 1997 y de 2007. Estas dos reformas nefastas que cambiaron por completo el sistema de pensiones hicieron un antes y un después, todos los que empezamos a trabajar después de estos años estamos condenados o estábamos condenados a una pensión sumamente baja, de entre 3 mil y 5 mil pesos, es decir, un porcentaje aproximado del 30 por ciento de los salarios que estábamos recibiendo cuando estábamos en activo”.

Las reformas que se están discutiendo, dijo, buscan revertir los efectos de la privatización de las pensiones a través de las Afores, “y que los trabajadores puedan jubilarse con el ciento por ciento de su salario, hasta aquellos que ganen menos del salario promedio establecido en el seguro social, y para ello la creación de este Fondo de Pensiones para el Bienestar”.