Rescate del sistema sanitario, parte esencial de la lucha por una vida digna

Rescate del sistema sanitario, parte esencial de la lucha por una vida digna

En México, el rescate del sistema sanitario forma parte de la lucha por acceder a una vida digna, saludable y de calidad.
FOTO: JUAN CARLOS CRUZ/CUARTOSCURO.COM

En México, el rescate del sistema sanitario forma parte de la lucha por acceder a una vida digna, saludable y de calidad. De 2019 a 2023, el gobierno federal ha instrumentado programas que impactan favorablemente en la esperanza de vida promedio, combaten las tasas de mortalidad materna, la prevalencia de enfermedades crónicas y amplían la cobertura de vacunación.

Con el objetivo de rescatar y mejorar el sistema sanitario de México, el gobierno federal inició un intenso programa de rehabilitación de hospitales y clínicas que habían sido construidos en administraciones anteriores y que quedaron en abandono o inconclusos.

De las 327 obras identificadas –algunas con más de 10 años de abandono–, se pusieron en marcha 61 hospitales en 26 entidades de la República. También, fueron instrumentados 129 centros de salud con personal médico, equipamiento y servicios básicos en 18 entidades federativas. Todo, con una inversión de 13 mil 850 millones 979 mil 348 pesos.

De igual manera, se contrataron a 718 médicos especialistas cubanos con el objetivo de contrarrestar la falta de personal sanitario en el país. Además, desde 2019, fue eliminada la caja de cobro en hospitales y centros de salud demarcaciones.

Otra medida importante fue el abasto de medicamentos e insumos médicos. Con el objetivo de terminar con el monopolio de farmacéuticas, durante el periodo 2023-2024, el Insabi, en conjunto con las instituciones del sector Salud y las 32 entidades federativas, participó en la Compra Bianual. La iniciativa adjudicó mil 809 claves de medicamentos con una inversión de 197.7 mil millones de pesos.

Además, se ha trabajado en la ampliación de los servicios de diagnóstico en las unidades de salud que brindan atención a personas sin seguridad social. El Insabi ha brindado asesoría y acompañamiento a 21 estados en la gestión de 49 proyectos de inversión. Ello ha permitido dotar de equipamiento a establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel.

En tanto, para brindar atención médica gratuita a personas con enfermedades víricas de trasmisión sexual,  se implementó la Triple Optimización del Tratamiento Antirretroviral. En colaboración con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) y el Sida (Censida), en lo que va de 2023, fueron atendidos 93 mil 256 personas sin seguridad social. De igual manera, se realizaron 879 mil 160 pruebas rápidas para la detección del virus de la hepatitis C. Fueron identificadas 27 mil 918 personas positivas, de las cuales 15 mil 887 fueron vinculadas a los servicios correspondientes.

Los programas sanitarios instrumentados a nivel federal durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador han tenido un impacto transformador en la población mexicana, especialmente en los grupos vulnerables y los más pobres, explica a Contralínea el investigador Óscar Rojas Silva, doctor en crítica de la economía política. El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que en estos casi cinco años se constató que el lema “primero los pobres” no es sólo un eslogan de campaña, sino una política gubernamental clara y de calidad que busca el bienestar de todos los ciudadanos.

De igual manera, indica que durante la pandemia se dejó ver la importancia de la salud, por lo que se volvió crucial recuperar el sistema sanitario y alejarlo de los intereses económicos, devolverlo a la esfera pública, y enfocarlo al cuidado preventivo. En línea con esta visión, fue destinado en 2021 para el sector salud un monto de 692 mil 430 millones de pesos. Para 2022, la cantidad ascendió a 856 mil 641 millones de pesos; y en 2023, a 892 mil 849 millones de pesos.

Estos esfuerzos se vieron reflejados en algunos indicadores, tal como la esperanza de vida. En 2016, ésta alcanzó los 75.2 años, con 72.6 años para los hombres y 77.8 años para las mujeres. En 2017, mantuvo una tendencia similar, con una esperanza de vida total de 75.3 años; mientras que en 2019, registró un aumento que alcanzó los 75.1 años en promedio.

Los datos más recientes muestran una mejoría. En 2021, la esperanza de vida total fue de 75.4 años; para los hombres de 72.5 años y de 78.2 años para las mujeres. Éstas cifras representaron el nivel más alto en una década.

Los programas implementados también mostraron resultados significativos en la tasa de mortalidad materna. Según el Informe semanal para la vigilancia de muertes maternas, en 2020 se registró una razón de mortalidad materna de 46.6 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados. Las entidades con el mayor número de defunciones fueron el Estado de México, Chiapas, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Ciudad de México.

En 2021 se observó un aumento en las muertes maternas. Se reportaron 53.1 defunciones por cada 100 mil nacimientos. Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco y Chiapas fueron las entidades con mayores decesos. Las principales causas fueron por la Covid-19 y “edema, proteinuria y trastornos hipertensivos que complicaron el embarazo, el parto y el puerperio”.

Sin embargo, en 2022, se logró una reducción significativa, pues se registró un índice de 30.4 defunciones por cada 100 mil nacimientos. Por tercer año consecutivo, Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Chiapas reportaron el mayor número de muertes. Esta disminución del 37.8 por ciento en comparación con el año anterior reflejó la eficiencia de los programas implementados y su impacto en la protección de la salud materna.

Pasado el contexto de la emergencia sanitaria, las principales causas de defunción materna fueron la hemorragia obstétrica, con un 17.4 por ciento; las enfermedades hipertensivas, el edema y la proteinuria durante el embarazo, el parto y el puerperio, con un 17.2 por ciento. El aborto, las enfermedades del sistema respiratorio y las complicaciones durante el embarazo, el parto y el puerperio, registraron el 7.1, 6.2  y 6.2 por ciento de las muertes, respectivamente.

En cuanto a la vacunación a menores de un año, se observó una evolución en los índices de cobertura. En 2014, la tasa de vacunación fue del 91.8 por ciento, mientras que en 2015 incrementó al 97.2 por ciento. En 2016 hubo una disminución al 89.7 por ciento, siguió un descenso al 85 por ciento en 2017. En 2018 fue registrado un leve aumento a 88.9 por ciento. Bajó drásticamente, en 2019, a 79.6 por ciento y en 2020, llegó a 74.6 por ciento. Finalmente, en 2021, la cobertura en la tasa de vacunación pasó a 88.4 por ciento.

Algunas enfermedades representaron un desafío significativo en el sistema sanitario del país. En el marco de la pandemia por Covid-19, en 2020, se observó un preocupante aumento en el número de muertes por enfermedades específicas. Los fallecimientos por padecimientos del corazón encabezaron la lista, con un total de 216 mil 967 decesos. La diabetes mellitus cobró la vida de 150 mil 532 personas; mientras que por tumores malignos y enfermedades cerebrovasculares, murieron 90 mil 245 y 36 mil 827 personas, respectivamente.

En contraste, en 2015, las enfermedades del corazón provocaron 128 mil 450 muertes; la diabetes mellitus, 98 mil 444  y los tumores malignos, 79 mil 415. Los padecimientos cerebrovasculares provocaron 34 mil 65 decesos.

Programas del Bienestar

El derecho a la salud es reconocido como parte de los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México, en el marco de la Carta Internacional de Derechos Humanos. Específicamente, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establece el derecho de toda persona a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental. De igual manera, el párrafo cuarto del artículo cuarto Constitucional también establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Al día de hoy, alrededor de 65.6 millones de mexicanos no cuentan con seguridad social, según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Ésta carencia es considerada un indicador de pobreza, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), quien establece que toda persona sin afiliación, adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta sufre de una carencia social.

En razón de ello, a fin de garantizar la seguridad social, los derechos a la salud, la atención médica y los medicamentos gratuitos a toda la población mexicana fue instrumentado el programa IMSS-Bienestar. Hasta junio de 2023, ya forman parte del sistema federal de salud: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Además, se ha instrummentado la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad que otorga becas económicas a niñas, niños y jóvenes de hasta 29 años con alguna discapacidad permanente, así como a personas con discapacidad de 0 a 64 años que pertenezcan a comunidades indígenas.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay 6 millones 179 mil 890 personas que viven con alguna discapacidad en el país. De las cuales, 49.5 por ciento se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema.

La población con discapacidad en México se distribuye en diferentes grupos de edad. En el rango de 10 a 14 años, hay 213 mil 31 personas con discapacidad. De 15 a 19 años, se registran 215 mil 199 personas; mientras que de 20 a 29 años, la cifra es de 393 mil 361. En el grupo de 30 a 39 años, la cifra es de 389 mil 677. A medida que la edad aumenta, también se observa un incremento en la población con discapacidad. En el rango de 45 a 49 años, se contabilizan 328 mil 216 personas discapacitadas. En el grupo de 50 a 59 años, las personas con discapacidad son 871 mil 253; mientras que en el de 60 a 69 años, la cifra es de un millón 70 mil 718.

En términos absolutos, alrededor 1 millón 474 mil 811 personas con discapacidad no están afiliadas a ninguno de los servicios de seguridad social. Pese a que es un grupo de la población que requiere de una cobertura universal sanitaria.

Actualmente, el programa cuenta con un presupuesto de 24 mil 77.7 millones de pesos para 2023 y atiende a un millón 273 mil 423 personas con discapacidad. De igual manera, alrededor de 24 mil 82 menores de edad han recibido 957 mil 616 terapias del Programa de Apoyo de Rehabilitación e Inclusión para el Bienestar de Niñas y Niños con Discapacidad.

Otro programa destinado a favorecer a la población vulnerable es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Actualmente, es un derecho constitucional que beneficia a alrededor de 11 millones 545 mil adultos mayores. Y se prevé que en enero de 2024, el monto dado aumente en un 25 por ciento.

En entrevista con Contralínea, el doctor Óscar Rojas Silva –director del Centro de Estudios del Capitalismo Contemporáneo–  señala que en el gobierno actual se ha observado una mejora en la inversión económica en comparación con las administraciones anteriores. Indica que proyectos como la construcción de hospitales o el tren México-Toluca, que estuvo paralizado durante mucho tiempo, se convirtieron en pretextos para fomentar la corrupción y permitir que los fondos destinados a los bienes públicos terminaran “en arcas privadas, en cuentas bancarias de políticos en el extranjero o en paraísos fiscales”.

Contrario a ello, enfatiza que al día de hoy, se está construyendo una economía que es consciente del momento histórico en el que se vive, en el que el mundo transita de un sistema unipolar a uno multilateral. “Se ha combatido con eficiencia la salud, se ha ido estableciendo la Ley de Austeridad y se ha venido combatiendo la corrupción en muchos niveles del gobierno, porque en todos lados estaban muchos negocios neoliberales”.

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