Roma, Italia. La crisis migratoria se agravó en Italia durante 2023, pese a las constantes medidas adoptadas por el gobierno para solucionar ese problema y lograr un mayor respaldo regional y mundial.

Desde el primer trimestre, se apreció un aumento en el arribo de emigrantes. Sobre todo, por vía marítima a través de la peligrosa ruta del Mediterráneo central con destino a la pequeña isla de Lampedusa, situada 115 kilómetros de las costas norafricanas. La misma se encuentra saturada por miles de recién llegados.

Durante la noche del 25 al 26 de febrero, una tragedia aconteció no lejos de allí. En las playas de Cutro –ubicadas en la también sureña región de Calabria–, naufragaron 180 emigrantes que viajaban en una vieja goleta procedente de las costas de Esmirna, en Turkiye, de los cuales más de 80 murieron.

Esas muertes –a las que se sumaron luego otras muchas en los meses sucesivos– removieron la conciencia nacional. Condujeron a tomar decisiones dirigidas a controlar el desborde migratorio, estimulado por bandas de traficantes de personas y motivado por conflictos bélicos y crisis económicas.

El denominado decreto Cutro –un proyecto emitido por el Consejo de ministros que luego pasó a ser ley– estableció sanciones más severas contra los contrabandistas de seres humanos, pero también regulaciones que afectaron a los migrantes.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, anunció al respecto que “hemos puesto en marcha un servicio policial avanzado en alta mar, al que contribuyen la Policía, la Guardia de Finanzas y la Marina, en operativos que ya han posibilitado la detención de varias personas”. También anunció que se fortalecería el sistema para la expulsión de migrantes irregulares inaceptables, ante el alto incremento de llegadas.

Se recrudeció la aplicación de acciones contra buques rescatistas reguladas desde fines de 2022. Esto con el propósito de frenar el constante traslado de emigrantes hacia puertos de Italia, muchos de ellos salvados de naufragios en aguas mediterráneas.

En agosto, la primera ministra, Giorgia Meloni, convocó de forma permanente al Comité Interministerial para la Seguridad de la República. La activación de ese órgano tuvo como objetivo “abordar el problema de forma pragmática, con decisiones rápidas y coordinadas”, dijo. Al mismo tiempo, reconoció la presión migratoria que experimenta Italia “como no se había visto desde hace muchos años”.

Meloni llamó a aplicar medidas anticrisis, entre las cuales mencionó la repatriación de migrantes clandestinos y la implementación de medidas legislativas adicionales “para luchar contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos”.

A mediados de septiembre, durante una visita a Lampedusa, en medio de una de las tantas crisis por la masiva llegada en pocas horas de miles de migrantes, la líder italiana volvió a apelar a la ayuda de la Unión Europea. Señaló que “si no trabajamos seriamente y juntos para combatir las salidas ilegales, las cifras de este fenómeno abrumarán primero a los estados fronterizos, pero luego a todos los demás”.

En ese recorrido por la meridional ínsula, participó también la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, quien anunció allí un plan de intervención de 10 puntos. Incluiría el apoyo de la Unión Europea “para sacar a los inmigrantes de Italia apelando al mecanismo de acogida voluntaria”.

“Debemos mejorar la vigilancia naval y aérea trabajando también en nuevas misiones”, apuntó Von der Leyen. Asimismo, planteó que “es necesario, con la colaboración de las autoridades italianas, destruir todas las embarcaciones utilizadas por los traficantes”.

A fines de septiembre, durante su intervención en la Asamblea General de Naciones Unidas, Meloni demandó un mayor apoyo de la comunidad internacional en la lucha que libra su país contra el tráfico de migrantes.

En dicho foro, aseveró que es obligación de ese organismo “lanzar una guerra sin cuartel contra los traficantes, pues de la misma manera que su papel en otros momentos fue definitivo para erradicar el crimen universal de la esclavitud, no puede tolerar que ésta regrese con otro nombre. Éste debería ser un objetivo que nos una a todos; debería ser un objetivo de las Naciones Unidas”.

Entonces, preguntó “¿Cómo podemos cerrar los ojos ante esta tragedia? ¿Podemos pretender no ver que no hay actividad más lucrativa que la trata de emigrantes?”. Según dijo, “emula con el tráfico de armas y de drogas”.

A inicios de diciembre, el Consejo de ministros de Italia aprobó un proyecto de ley para la ratificación –por el Parlamento– de un cuestionado pacto migratorio. Fue firmado el 6 de noviembre entre Meloni y el primer ministro de Albania, Edi Rama.

Ese documento establece la construcción por Roma de estructuras en el puerto albanés de Shengjin, para trasladar hacia allí a inmigrantes embarcados en el Mediterráneo a bordo de naves italianas, así como otra en Gjader, para ubicar unas 36 mil personas y procesarlas para su posible repatriación.

Sin embargo, a mediados del último mes del 2023, el Tribunal Constitucional de Albania anunció la suspensión de los procedimientos parlamentarios para dar luz verde a ese acuerdo. Ésta fue una decisión que el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, consideró como sólo “una cuestión jurídica que se resolverá con bastante rapidez”.

Poco después –el 20 de diciembre–, en Bruselas, Bélgica, tuvo lugar la aprobación de un Pacto sobre Migrantes y Asilo por la Unión Europea. Piantedosi la valoró como un gran éxito para su país. Asimismo, destacó que ese convenio regional permitirá a Europa y a Italia “contar con nuevas normas para gestionar los flujos migratorios y luchar contra los traficantes de seres humanos”.

Se mantiene en el mismo que el primer país de la Unión al que ingrese un migrante o refugiado será responsable de procesar su caso, pero se establece un nuevo mecanismo de solidaridad para equilibrar el sistema actual, según el cual, un pequeño grupo de naciones –dada su posición geográfica– gestiona la mayoría de las solicitudes de asilo.

En esas regulaciones, se prevé que deben entrar en vigor en el primer semestre de 2024. Tras su llegada al territorio de una nación de la Unión Europea, parte de los inmigrantes deberán reubicarse en otros países que, de negarse a acogerlos, tendrán que aportar una importante contribución financiera.

En resumen, pese a las disposiciones implementadas por el gobierno italiano, lejos de frenarse, aumentó el incesante flujo de emigrantes. En 2023, desembarcaron en el país del 1 de enero al 28 de diciembre un total de 155 mil 201 personas, cifra muy superior a las 103 mil 469 que llegaron en igual período de 2022.

Oscar Redondo/Prensa Latina*