Este 11 de octubre, se cumplen 15 años del golpe de Estado cometido por el gobierno del espurio Felipe Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En el contexto de la reforma al Poder Judicial, permite enjuiciar la actuación de jueces y ministros en aquel entonces. Durante los meses y años posteriores, impidieron que 44 mil trabajadores pudieran recuperar sus empleos, con recursos leguleyos y tramposas interpretaciones jurídicas.
Fueron despedidos ilegalmente, tras el impositivo decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. El mismo fue ejecutado mediante un inusual despliegue policiaco y militar, al mando del hoy sentenciado en las cortes estadunidenses, Genaro García Luna.
La madrugada del 11 de octubre del 2009 ha quedado registrada como una fecha que difícilmente podrá olvidarse. En aquel momento, se constituyó una de las peores infamias cometidas por un gobierno neoliberal contra la clase trabajadora del país.
Sin más, se extinguió una empresa pública bajo una serie de endebles argumentos, cuyo trasfondo fue iniciar el desmantelamiento y privatización del sector eléctrico, con el objetivo de abrir las puertas al capital privado; sobre todo, transnacional.
A unos días de cometida la barbarie laboral, juristas de diversas especialidades coincidieron en que Calderón Hinojosa había rebasado sus facultades, al haber violado los artículos 14, 16, 73 y 131 constitucionales. Por tratarse de un tema del sector energético, el entonces presidente tomó decisiones legislativas extraordinarias, sin contar con la autorización previa del Congreso de la Unión. Por lo tanto, procedía la promoción de una controversia.
De hecho, la Constitución facultaba a los legisladores para fincar juicio político a la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel, por incurrir en responsabilidad política, al haberse tardado tres años para darse cuenta de la supuesta ineficiencia de la empresa Luz y Fuerza del Centro.
Además de la controversia constitucional que invalidaría el infundado decreto, procedía el derecho de amparo. El dipsómano jefe del Ejecutivo había violentado las garantías constitucionales de los agremiados del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al transgredir los principios de legalidad, seguridad jurídica, derecho de audiencia y la defensa de los derechos laborales.
La consigna de la Presidencia hacia el Poder Judicial fue tal que el entonces ministro presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, desechó de tajo la petición formulada por el SME, para que el Máximo Tribunal investigara la grave violación a las garantías de 44 mil trabajadores.
El ministro José Ramón Cossio asumió la misma postura. Desoyó la petición de la entonces Asamblea Legislativa, la cual pedía estudiar la probable controversia constitucional.
También, la misma fue frenada en San Lázaro por el PAN y su partido cómplice, el PRI; hermanados en el objetivo político de defender no los intereses de la nación, sino de las empresas transnacionales, tal y como los lineamientos neoliberales dictaban.
Dos meses después del cierre de Luz y Fuerza, la jueza federal Guillermina Coutiño Mata negó el amparo solicitado por el SME, en contra del Decreto de Extinción. Según la impartidora de justicia, la Ley Federal de Entidades Paraestatales permitía al Ejecutivo liquidar organismos descentralizados.
También, basó su fallo en los argumentos del decreto de Calderón, en el sentido de la aparente inviabilidad financiera de la empresa pública, razón que hacía gravosa la permanencia laboral de los sindicalizados, según su endeble criterio jurídico.
Desde entonces, juristas reconocidos coincidieron que el asunto del SME se iba a enfrentar a un Poder Judicial sumiso y controlado desde la Presidencia. Se habló entonces que Coutiño había recibido línea por parte del titular del Consejo de la Judicatura Federal, Daniel Cabeza de Vaca, impuesto en el cargo por Calderón para tener el control de los jueces.
Otra prueba contundente de la falta de parcialidad y ética de los ministros de la Corte fue que, mientras los magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado Laboral confirmaron una suspensión provisional a favor del SME, el 5 de julio de 2010, el Máximo Tribunal negó en definitiva el amparo presentado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto validó el decreto de Felipe Calderón, hoy considerado como un narcopresidente.
La historia se repitió dos años más tarde, cuando el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó amparar al SME, al establecer que los argumentos de caso fortuito y causa de fuerza mayor no procedían, pues la materia de trabajo subsistía tras la extinción de Luz y Fuerza.
Por tal motivo, los magistrados votaron en mayoría la sentencia. Mediante ésta, se obligaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a asumirse como el patrón sustituto, con lo cual se ordenaba devolver sus empleos a los trabajadores injustamente despedidos.
Otra vez mediante argucias legales, el gobierno de Calderón pateó el bote hasta concluir su mandato. Después, pasó la estafeta presidencial a Enrique Peña Nieto, el primero de diciembre de 2012.
Sin embargo, como se ha demostrado, el PRIAN actuó en mutuo acuerdo y en sintonía neoliberal. De nueva cuenta, se echó mano a los abyectos ministros, cuyos miembros de la Segunda Sala echaron abajo el fallo de los magistrados, el 31 de enero del 2013, tal como pasó en 2010.
Entre éstos, se encontraba Alberto Pérez Dayán –el mismo que negó la actualización del pago de pensiones en salarios mínimos, al dejar su incremento en base a las unidades de medida y actualización (UMAs)–.
Contrario a lo sostenido por la juez Coutiño en el sentido de que el Ejecutivo sí tenía facultades para incidir en la desaparición de los organismos descentralizados, los ministros expusieron en contrasentido que el presidente no podía asumirse como patrón sustituto en la figura de la CFE, porque la ley no le daba tal competencia constitucional.
Ahora, con la Reforma al Poder Judicial, estos granujas, quienes han torcido la ley a cómo el presidente en turno les ha dictado, serán echados de los cargos que no supieron honrar. Ni tampoco, asumieron la defensa de los intereses de la nación y de las mayorías. Ya se van, para fortuna de los mexicanos. Va siendo hora de ponerles un alto a sus fechorías y de comenzar a cantarles Las golondrinas.
Martín Esparza Flores
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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