Un documento interno de la Sedena –denominado PSO Aspectos Militares– identifica como principales amenazas al Estado mexicano al narcotráfico, el terrorismo, la falsificación de moneda, el lavado de dinero, el trasiego de armas, la trata de personas y, entre otros, el tráfico de órganos. Enfoca su sistema de inteligencia en la “erradicación, intercepción y combate” a estos delitos
La estructura del sistema de inteligencia militar está enfocada en combatir 11 actividades que ponen en riesgo la permanencia del Estado mexicano. Un “Procedimiento Sistemático de Operar”, del cual Contralínea posee copia, detalla el funcionamiento y las responsabilidades de las secciones del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la protección al territorio, la población y régimen político mexicanos.
Narcotráfico, terrorismo, falsificación de moneda, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, tráfico de órganos, asaltos carreteros, secuestros, tráfico de menores y robo de vehículos son las principales actividades delincuenciales que ponen en riesgo la seguridad nacional, señala el documento DNP3500.
“Una de las tareas que en años recientes ha adquirido mayor importancia para las fuerzas armadas por las repercusiones nacionales e internacionales que conlleva es el narcotráfico”, fenómeno que obliga a mantener una constante búsqueda de información respecto a las “áreas de siembra y cultivo: rutas de tráfico (terrestre, aérea, marítimo y lacustre); organización de cárteles, comercialización, mercados, y centros de acopio y distribución”, subraya el documento.
Señala que, en el combate al narcotráfico, la Sedena, “siempre en apoyo a las autoridades se encausa en tres vertientes: erradicación, intercepción y combate a la delincuencia organizada”.
En ese sentido, puntualiza que serán sancionados como miembros de la delincuencia organizada, quienes cometan acciones de terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico y acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, secuestro, tráfico de menores y robo de vehículos.
El documento advierte que, para el gobierno pasado, encabezado por Enrique Peña Nieto, los análisis de riesgos de la seguridad física en instalaciones gubernamentales vitales sólo se tomaban en consideración “las amenazas de tipo social y que estén relacionadas con la operación de la instalación evaluada”.
Ahora, de todo el abanico de ilícitos, las acciones desarrolladas por la Sedena se enfocan en tres de los 11 delitos señalados: contra la salud, tráfico y acopio de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Por ello, ante la importancia de todas las fases de la delincuencia organizada –presente en todas las fases del narcotráfico–, advierte que es esencial que los comandantes de todos los escaños de mando consideren como prioridad la búsqueda de información para producir inteligencia estratégica.
Acciones de inteligencia estratégica, que han demostrado ser el medio más eficiente para vulnerar las partes sensibles de las organizaciones delictivas, obteniendo información sobre áreas contaminadas, población afectada, necesidades de mejoramiento y áreas susceptibles de reforestación.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada condena a tres más o más personas que acuerden organizarse para realizar conductas para realizar delitos como terrorismo, contra la salud, falsificación o alteración de moneda, operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico y acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, asalto, secuestro, tráfico de menores, tráfico de menores y robo se vehículos.
Amenazas sociales, naturales y accidentales constituyen un riesgo para las instalaciones estratégicas de México, cuya alteración por organizaciones sociales, el crimen organizado y grupos terroristas podría afectar la estabilidad del país en sectores vitales como el del gobierno, el militar, las comunicaciones y transportes, la salud, energía, electrónico y del ciberespacio.
Entre las amenazas a instalaciones vitales destacan las de carácter social, como ataques, asaltos, sabotajes, destrucción, intrusión, robos a instituciones públicas y privadas; secuestro, colusión, extorsión de funcionarios, por lo cual “implican una negación total del sistema de normas y leyes; sus consecuencias afectan la vida, bienes y el ambiente”, considera el documento.
Indica que las fallas en instalaciones vitales, como accidentes, procedimientos peligrosos, pueden causar muertes, lesiones, daños, enfermedades; pérdida de servicios; afectaciones sociales, económicas y ambientales, incendios, explosiones, colapso, constituyen amenazas imprevistas o accidentales, derivan de condiciones anormales de sistemas, procesos o planes de las instituciones del Estado.
La inteligencia y los “Campos del Poder”
Corresponde al Estado Mayor de la Defensa Nacional planear y dirigir la búsqueda de información a nivel nacional y realizar en forma completa en ciclo de la información en forma completa a las regiones, zonas y guarniciones militares, así como peticiones de información a las agencias, determinar las necesidades de información de la Sedena y realizar el acopio de información y materializar el enlace interinstitucional en la eficaz toma de decisiones.
El comandante de la región militar, deberá realizar las siguientes acciones: planear y dirigir la búsqueda de información de las zonas y guarniciones militares de su jurisdicción, elaborando para el efecto su estimación, plan de búsqueda, órdenes y peticiones; realizara el acopio de información que le remitan las zonas, guarniciones militares y sus agencias; y clasificará la información obtenida por asuntos, a efecto de generar inteligencia misma que será remitida al EM de la SN, explotando de inmediato la que le afecte en su jurisdicción.
Al mismo tiempo, realizará análisis prospectivos de la situación prevaleciente en su jurisdicción y establecerá el enlace interinstitucional con las dependencias federales y estatales de su jurisdicción; elaborará la valuación estratégica de la región militar, y elaborará la agenda de riesgos semestral, mensual y semanal de los actos relevantes de su jurisdicción, remitiéndolas al EDDN (Estado Mayor de la Defensa Nacional ) en los primeros cinco días de 1os meses de iulio enero de cada año, al tiempo que informará de los cambios que se presenten en sus agendas de riesgos.
También, dar a conocer a las secciones militares regionales la información e inteligencia bajo los planes centralizados y su ejecución, descentralización, planeo detallado de las actividades de inteligencia, empleo intensivo de las agencias, acopio y análisis de la información.
Lo más importante, elaborará un panorama mensual de los Cuatro Campos de Poder, de grupos de tendencia radical, por lo que establece indispensable obtener información para determinar las amenazas existentes, contenidos en la Agenda Nacional de Riesgos (ANR).
En ese sentido habla de identificar áreas y puntos críticos en las instalaciones vitales; determinar sistemas o áreas de instalaciones vitales; así como identificar las características geográficas y los incidentes más frecuentes en ellos, para mantener un constante flujo de datos, se requiere información de las áreas estratégicas del Estado mexicano, como Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y su red nacional de ductos.
Así como se consideran instalaciones estratégicas, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la constitución, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
Se establece que es necesario determinar amenazas existentes; identificar áreas y puntos críticos en las instalaciones: determinar sistemas o áreas de instalaciones estratégicas, identificar características geográficas, así como los incidentes más frecuentes.
Asimismo, recomienda, privilegiar acciones de inteligencia, las cuales “han demostrado, ser el medio más eficiente para logar vulnerar las partes más sensibles de organizaciones” radicales.
Por estalaciones vitales, la Sedena identifica, además de Pemex y la CFE, “áreas del estado susceptibles de un ataque virtual o físico a sus instalaciones”.
Entre ellas de destaca espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipos y bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de actividades vitales del estado, así como aquellas que tiendan a mantener su integridad, estabilidad y permanencia, señala la ley de seguridad nacional.
Entre las amenazas a instalaciones vitales destacan las de carácter social, como ataques, asaltos, sabotajes, destrucción, intrusión, robos a instituciones públicas y privadas; secuestro, colusión, extorsión de funcionarios, por lo cual “implican una negación total del sistema de normas y leyes; sus consecuencias afectan la vida, bienes y el ambiente”, considera el documento.
Respecto a las fallas en instalaciones vitales, como accidentes, procedimientos peligrosos, pueden causar muertes, lesiones, daños, enfermedades; pérdida de servicios; afectaciones sociales, económicas y ambientales, incendios, explosiones, colapso, constituyen amenazas imprevistas o accidentales, derivan de condiciones anormales de sistemas, procesos o planes de las instituciones del Estado, indica.
Por su alcance y magnitud, las amenazas representan un riesgo para la seguridad nacional y, por su origen, se clasifican en naturales (geológicas, hidrometeorológicas, biológicas), sociales e imprevistas, asienta la Guía de Análisis de Riesgos para la Protección de Instalaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional.
La vulnerabilidad de las instalaciones estratégicas se vive día a día. Por ejemplo, el robo de combustible que evidenció la capacidad de los grupos delictivos y cárteles de afectar los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y obligó al gobierno federal a ordenar la intervención de las Fuerzas Armadas.
“Se puede complicar más la seguridad de instalaciones vitales de Estado, por lo que las medidas de protección deben ser integrales, considerar diferentes escenarios por parte del comité de crisis de las instalaciones estratégicas que supervisa a los grupos que conforman el plan integral de seguridad, para mantener la continuidad de su operación”.
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