Comunicaciones internas revelan que, en el gobierno pasado, mandos de la Sedena sugirieron incumplir las recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso Ayotzinapa, en especial las de la CIDH a la que acusaban de injerencista. El GIEI obtuvo documentos militares en los que también se proponía “filtrar” descalificaciones a su trabajo. Además, los expedientes evidencian que en el momento de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales, “los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre los hechos”

En el sexenio pasado, mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sugirieron que se debían incumplir las recomendaciones de organismos internacionales sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero –en particular, las emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, a la que señalaban de injerencista–, revela el tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ello, con base en los pocos documentos a los que ha podido acceder y que obran en los archivos de esa Fuerza Armada.

Además, en las comunicaciones internas de la Sedena se descubre que entre las propuestas que se generaron –cuando al frente de esa institución se encontraba el general Salvador Cienfuegos Zepeda– estaba la de “‘filtrar’ distintas líneas discursivas para descalificar el trabajo” de los expertos independientes. En esa misma época, los integrantes del GIEI padecieron obstaculización a su trabajo y acoso desde las instituciones federales, que incluyó espionaje a sus llamadas telefónicas y mensajes por correo electrónico y aplicaciones de mensajería instantánea, así como toda una campaña de desprestigio en medios de comunicación corporativos.

Incluso Tomás Zerón de Lucio –exdirector de la Agencia de Investigación Criminal– acusó públicamente a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de mentir. Ello, previo a que se le abriera un proceso disciplinario por el cúmulo de irregularidades en el que había incurrido, incluido el hecho de que sembró pruebas en el río San Juan. Actualmente, este exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia en Israel y bajo proceso de solicitud de extradición, acusado de haber cometido delitos como tortura y ocultamiento de pruebas en el caso Ayotzinapa.

Los expedientes de la Sedena también evidencian que cuando ocurría lo que el GIEI ha denominado “el gran operativo” de Ayotzinapa –la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014, que además de la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales suscitó seis ejecuciones extrajudiciales, más de 40 heridos en distintos ataques y persecución con tentativa de homicidio contra 120 personas–,  autoridades militares del más alto nivel estuvieron al tanto de esos crímenes en tiempo real, por sus labores de espionaje.

Las comunicaciones militares

En el Informe Ayotzinapa III, los expertos internacionales señalan que “entre los documentos militares a los que se tuvo acceso se encontraron análisis que cuestionan la instalación del GIEI en México, sus verdaderos propósitos, la objetividad de sus informes e, incluso, llegan a sugerir que no deben acatarse las recomendaciones y que deben ‘filtrarse’ distintas líneas discursivas que descalifican el trabajo del GIEI”.

Esos documentos militares a los que los integrantes del Grupo han podido acceder “recogen las comunicaciones que se realizan entre zonas militares, batallones, etcétera. Los documentos pertinentes no sólo se encuentran en el 27 Batallón, sino en los archivos de la Zona Militar 35 y de la IX Región Militar, a la que pertenecen, y en el EMD [Estado Mayor de la Defensa]”.

De acuerdo con el tercer informe, numerosas documentales que han revisado “evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía, e incluso realizaron informes al más alto nivel sobre hechos”.

Como ejemplo, citan un documento denominado “Antecedentes de los hechos violentos de Iguala”. Este archivo, se señala en el tercer informe del GIEI, carece fecha; al respecto, los expertos internacionales consideran que debió producirse luego de que el GIEI entregara su primer informe en septiembre de 2015.

Esa presunción se deriva de que el contenido del documento se refiere precisamente a esa entrega. “En el acápite sobre el análisis de la intervención del GIEI en el caso, indica: ‘El convenio suscrito por México con la OEA no fue negociado con el cuidado requerido, dando pie a [que] el GIEI realizara reclamos absurdos y se adjudicara el derecho de publicar un informe, creara controversias y buscara generar presiones al gobierno mexicano (pidiendo el respaldo de la investidura papal y del Parlamento Europeo)’”.

De acuerdo con el tercer informe –dado a conocer el pasado 27 de marzo–, en un apartado posterior, llamado “Consideraciones”, ese mismo documento afirma “que la CIDH no se guio por el propósito de esclarecer los hechos y encontrar a los estudiantes”.

Incluso va más allá, al señalar que la Comisión Interamericana “logró su propósito de injerencia y operó al GIEI como una herramienta para descalificar al gobierno mexicano, denostar a la PGR [Procuraduría General de la República] e inculpar, aun sin sustento, al Ejército Mexicano (sic)”.

En las documentaciones a las que los expertos independientes tuvieron acceso, los mandos militares también descalificaban a las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Al menos se trataría del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero el informe del GIEI no incluye esos datos. Lo que sí advierte, es que de los expedientes revisados se desprende que en la Sedena consideraban “ilegítimo su trabajo [de las organizaciones defensoras]”. Además se les vinculaba “a organizaciones denominadas en los documentos como ‘disruptivas’”. Sobre esto último, el informe del Grupo Interdisciplinario no específica a cuáles o de qué tipo exactamente.

Otras revelaciones del Ejército

Al referirse al papel que ha jugado la Sedena en el caso Ayotzinapa, el tercer informe del GIEI no sólo da cuenta de las labores de espionaje de forma ilegal a los normalistas rurales y de que tuvo conocimiento de lo que sucedía con los jóvenes en tiempo real, sino también de omisiones de información muy relevantes para esclarecer este crimen.

Por ejemplo, los datos sobre la salida de patrullas del Batallón 27 la noche del 26 de septiembre de 2014.

Al respecto, se apunta que “si bien varias declaraciones de mandos de dicho Batallón señalaron en distintos momentos de la investigación que los militares que salieron a patrullar la ciudad de Iguala lo habían hecho a partir de las 00:30 horas de la madrugada del día 27, cuando se había producido ya el segundo ataque a normalistas sobrevivientes y cuando ya los estudiantes desaparecidos habían sido llevados dos horas antes por las policías municipales que los detuvieron, nuevas declaraciones cuestionan estas versiones.

“Con base en las mismas podemos afirmar que las patrullas salieron antes de las 00:30 horas, porque ya se encontraban en Palacio de Justicia cuando ocurrió la segunda balacera en la calle Juan N Álvarez. De la misma manera, el recorrido incluyó otros sitios que no se habían reconocido en las primeras declaraciones como los separos (barandillas). Hay que tener en cuenta que existen varias pruebas y declaraciones de personas que manifestaron haber visto la presencia de normalistas detenidos en este lugar.”

El GIEI concluye en su informe que el Ejército estuvo en algunos lugares aledaños y en el lugar de los hechos antes de la hora que certifican en los documentos presentados como informes. Entre ellos, la caseta número tres de la autopista y en las inmediaciones del Palacio de Justicia donde se localizan dichas barandillas, pues éste contaba con protección militar.

Advierte que cuando los estudiantes desaparecidos se encontraban detenidos en los separos del Palacio de Justicia, autoridades militares que volvían de un operativo de protección de un derrame pasaron allí. Para entonces ya se encontraba detenido el autobús Estrella de Oro. Además, ahí permaneció un “agente de inteligencia M”, quien reportaba a sus superiores lo que sucedía. Por ello se indica que el Ejército contó con toda la información de lo que estaba sucediendo en tiempo real, y varias de estas informaciones fueron omitidas durante años.

Se confirma que elementos militares también estuvieron presentes en la calle Juan N Álvarez, algo que se negó en reiteradas ocasiones. El OBI [agente de inteligencia] que estuvo en esa zona señaló en sus distintas declaraciones ante la PGR que se había retirado a su casa sin llegar a dicho lugar, a pesar de la existencia de disparos de armas de fuego y de que en distintos documentos se refiere como este informó de lo sucedido en este escenario.

En sus nuevas recomendaciones, el GIEI pide a la Sedena que aporte toda la información que posea respecto de este caso, pues hasta ahora se ha mantenido reticente. Aún con falencias, los archivos que ha podido revisar revelan cada vez más una trama que se asemeja a una operación de Estado para ocultar la verdad y encubrir a los responsables del crimen de lesa humanidad.

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