Seis años después de ser torturado por policías municipales de Tlaxiaco, Oaxaca, Ángel Daniel Bautista Vázquez advirtió, durante el acto de disculpa pública que le ofreció el Estado mexicano, que ese reconocimiento “no debe quedarse en un discurso vacío”.

El acto se realizó luego de que el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinara que el Estado mexicano violó los rtículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura, relativos a la obligación de realizar investigaciones prontas e imparciales y al derecho de las víctimas a presentar denuncias y recibir protección frente a posibles represalias. La ceremonia estuvo encabezada por representantes de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Bautista Vázquez agradeció el reconocimiento a las instituciones presentes, así como a su familia y a su defensor, pero insistió en que la disculpa, por sí sola, no cierra el proceso. Relató que la búsqueda de justicia le tomó seis años, periodo en el que enfrentó “un sinfín de obstáculos”, y consideró que el acto representa “un paso importante”, aunque “falta mucho para verlo como una noticia real”.

La víctima también denunció que, desde el día de los hechos, ha sido difamada y señalada, y describió las consecuencias de la agresión como un daño tanto físico como emocional. Al concluir su intervención, pidió a otras víctimas de tortura que no bajen la voz ni se dejen intimidar, “incluso a veces por las mismas instituciones que deberían protegernos”.

En entrevista para Contralínea, Bautista Vázquez explicó que la disculpa pública representa “un paso importante”, pero no el final de la lucha que sostiene desde hace seis años. Reconoció el desgaste físico y emocional que el proceso ha significado para él y su familia, y sostuvo que, más allá de las palabras pronunciadas por las instituciones durante el acto, “estamos a la expectativa de que realmente sean cumplidas”.

Sobre la reparación integral del daño, señaló que el tema apenas comienza a discutirse. Detalló que requiere una rehabilitación “lo más completa posible”, tanto física como emocional, pues las secuelas de la agresión han repercutido en su vida personal, familiar y laboral. Afirmó que, pese a su esfuerzo por seguir adelante, aún enfrenta dificultades para desplazarse físicamente.

Respecto a lo que espera del Estado para evitar que casos como el suyo queden impunes, planteó que la disculpa pública debe ir acompañada de garantías de no repetición, “no solamente hacia mi persona, sino hacia toda la ciudadanía en general”. Pidió mayor vigilancia sobre los funcionarios públicos y capacitación para las instituciones encargadas de impartir justicia, y criticó que muchas denuncias por tortura terminan archivadas: “les dan el carpetazo y simplemente las víctimas ahí están sufriendo, exigiendo justicia, pero no son escuchadas”.

Cronología de los hechos

De acuerdo con el relato de los hechos presentado por el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), la noche del 21 de marzo de 2020, alrededor de las 21:45 horas, Bautista Vázquez viajaba como acompañante en un vehículo particular rumbo al domicilio de sus padres, en Tlaxiaco, cuando una patrulla municipal les marcó el alto. El conductor se orilló a unos 30 metros de la casa; al bajar del automóvil y cerrar la puerta, Bautista Vázquez escuchó disparos de arma de fuego y sintió dolor en la pierna izquierda.

Cuatro policías municipales lo sometieron de inmediato: le colocaron las esposas, lo tiraron al suelo y lo trasladaron a un terreno baldío cercano. Ahí, uno de los agentes se sentó sobre él y, mientras lo jalaba del cabello, le exigió que declarara que había disparado contra los policías, bajo amenaza de muerte.

Al no responder, el agente le colocó la bota sobre la nariz y la boca, impidiéndole respirar, mientras reiteraba las amenazas. Bautista Vázquez recibió después varios golpes con la culata de un arma y patadas en distintas partes del cuerpo hasta perder el conocimiento.

Recuperó la conciencia hasta el día siguiente, 22 de marzo, en un hospital y en presencia de su padre. Permaneció hospitalizado hasta el 24 de marzo, cuando fue trasladado a una clínica para ser intervenido quirúrgicamente por fracturas ocasionadas por un disparo de arma de fuego en la pierna izquierda y por una fractura en la pierna derecha. Los historiales clínicos también registran una herida en el labio inferior y dolor moderado en el tórax.

Sobre los hechos, el titular del CEDHAPI y abogado originario de Tlaxiaco, Maurilio Santiago Reyes, detalló que el día de la agresión el hospital donde Bautista Vázquez fue atendido quedó rodeado por policías municipales, quienes le impidieron el acceso pese a que se identificó como su representante legal.

El defensor precisó que el 4 de julio de 2025 se resolvió la vinculación a proceso de uno de los policías señalados, dentro de la causa penal 121/2025, con prisión preventiva, y que la audiencia de debate continúa pendiente. Expresó temor de que los elementos de la policía municipal implicados puedan quedar en libertad y afirmó que la defensa de los acusados estaría vinculada con autoridades del gobierno municipal de Tlaxiaco y del gobierno del estado.

El defensor de derechos humanos añadió que, tras los hechos de 2020, Bautista Vázquez y su familia han enfrentado amenazas, vigilancia y hostigamiento. Planteó que el caso debe entenderse como una muestra de un problema más amplio: la falta de resultados en las carpetas de investigación por tortura abiertas en Oaxaca.

Disculpa institucional

Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ofreció la disculpa “a nombre del Estado mexicano”, y reiteró el compromiso federal de cumplir las determinaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Recordó que Bautista Vázquez fue detenido y acusado de agredir a los policías tras el ataque, y que posteriormente fue liberado al cuestionarse la legalidad de su detención.

El funcionario reconoció que, durante años, Bautista Vázquez acudió a las instituciones en busca de respuestas oportunas y efectivas que no llegaron. Recordó que el Comité contra la Tortura concluyó que la investigación no se desarrolló con la prontitud e imparcialidad exigidas por los estándares internacionales, lo que constituyó una violación a los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura. Por ello, dijo, el Estado tenía la obligación de actuar con mayor diligencia para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

El subsecretario extendió también el reconocimiento al entorno familiar de la víctima. Expresó respeto y solidaridad a sus padres y seres queridos, y subrayó que las consecuencias de una violación a los derechos humanos –el miedo, la incertidumbre y el desgaste emocional– alcanzan a toda la familia, no solo a quien la sufre directamente.

Añadió que toda persona tiene derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad, sin discriminación y con respeto a su identidad cultural, lengua y pertenencia comunitaria.

El subsecretario reafirmó la prohibición absoluta de la tortura como “una de las violaciones más graves a la dignidad humana” que ninguna circunstancia ni autoridad puede justificar, y reiteró el compromiso del gobierno federal con su prevención, investigación, sanción y erradicación.

Sostuvo que la confianza en las instituciones se construye con acciones concretas –mejorar los mecanismos de investigación, fortalecer las capacidades institucionales y garantizar la reparación a las víctimas–, y cerró su intervención con un mensaje directo a Bautista Vázquez: “tu voz es importante, tu denuncia fue importante y tu búsqueda de justicia contribuye a fortalecer la protección de los derechos humanos en nuestro país”.