Formalmente, la UNAM destinó en 2018 casi 1 mil 267 millones de pesos a un programa de retiro voluntario de profesores de carrera. Se trata de uno de dos capítulos para la renovación de su planta académica. Sin embargo, no cuenta con los documentos ni los instrumentos para evaluar los resultados del programa ni la comprobación del destino de los recursos. El despacho contratado para la evaluación, Arapau y Asociados, no cumplió con la entrega de los trabajos. El dueño, Rodrigo Ares de Parga, expresidente del Club Pumas

En 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio continuidad al Programa de Renovación Académica, puesto en marcha por primera vez en 2012. La política institucional busca contener las protestas del 74 por ciento de sus profesores, quienes se encuentran en precariedad laboral, pues no cuentan con definitividad y viven con la incertidumbre de quedarse sin trabajo en cualquier momento.

 

 

Una auditoría interna –realizada por la Contraloría, con número A035/2019-AT-A1– señala que sólo en 2018 la UNAM destinó casi 1 mil 267 millones de pesos a una vertiente del programa, que consiste en el retiro voluntario de profesores y profesoras de más de 70 años edad y con 25 años de antigüedad, al menos 7 de ellos con definitividad.

La Contraloría –dependiente del Patronato Universitario– encontró que el despacho encargado de evaluar el Programa, Arapau y Asociados, SC, incumplió con los dos contratos asignados, a pesar de que la UNAM le pagó todos los servicios acordados.

Destaca también las inconsistencias en los documentos que sí entregó. Y concluye que no se puede confiar en ellos. El dueño de esa consultora que se embolsó más de 5 millones 630 mil pesos es Rodrigo Ares de Parga, quien fuera presidente del Club Universidad Nacional, mejor conocido como Pumas, precisamente en el tiempo en el que se hizo de los contratos.

Sin evaluación, subprograma millonario

El Programa de Renovación Académica derivó en dos vertientes. La primera, para “ofrecer al personal académico de carrera de tiempo completo una mejor opción de jubilación”. La segunda, “abrir oportunidades de contratación a jóvenes capacitados para afrontar las tareas docentes y de investigación”.

Tales directrices se concretaron en sendos subprogramas: de Retiro Voluntario por Jubilación del Personal Académico de Carrera (Revol) y de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera a la UNAM.

En realidad, el Revol –señala la propia auditoría– ya se había puesto en marcha desde 2012. Para 2018, periodo revisado, se encontraba en su sexta etapa.

En la auditoría interna, la Contraloría de la UNAM encontró que la Dirección General de Presupuesto destinó recursos a un subprograma del que no le presentaron métricas e indicadores institucionales.

De acuerdo con información proporcionada a la Controlaría universitaria por la Dirección General de Personal, los recursos ejercidos en este subprograma en 2018 sumaron 1 mil 266 millones 934 mil 990.41 pesos. De ellos, un importe por 944 millones 429 mil 993.46 pesos se destinaron a rentas vitalicias; otros 316 millones 94 mil 299.24 millones a gratificaciones por retiro, y 6 millones 410 mil 697.71, a gastos médicos mayores.

Los auditores destacan la bolsa destinada a este subprograma pues, según información que obtuvieron del Sistema de Información Universitaria (Siau), superan “a los destinados a diversas Entidades Académicas representativas de la institución”. Incluso, señala que éstas últimas sí “cuentan con indicadores del cumplimiento de sus objetivos”.

Cita los casos de las Facultades de Ciencias, Ciencias Políticas y Sociales, Contaduría y Administración, Filosofía y Letras, Ingeniería, Química, Medicina y Arquitectura. Y los Institutos de Física y de Ingeniería. En todos los casos, con presupuestos por debajo de los 1 mil 266 millones del Revol. De hecho, con asignaciones anuales que van de los 390 millones a los 1 mil 190 millones de pesos.

El comparativo sirve para mostrar la importancia presupuestal que da la UNAM al Programa de Renovación de la Planta Académica; en específico, al subprograma Revol. Lo anterior contrasta, destacan los auditores, con el hecho de que la Dirección General de Presupuesto no ha establecido metas ni indicadores para evaluar los resultados obtenidos. Y, por ello, “se carece de elementos medibles y cuantificables, para evaluar el alcance del objetivo planteado en las Normas Complementarias del Subprograma emitidas por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico”.

En efecto, el objetivo señala: “Contar con una planta académica equilibrada en términos de experiencia y juventud y, de esta manera, contribuir al mejoramiento constante de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Así, los auditores determinaron que no se puede saber si se está cumpliendo con ese objetivo ni se pueden plantear estrategias para alcanzarlo.

Además, previamente, en los ejercicios de 2016 y 2017, la Dirección General de Presupuesto en coordinación con la Dirección General de Proveeduría contrató los servicios de una empresa para evaluar el programa institucional. La ganadora de la licitación pública fue Arapau y Asociados, SC, a quien se le encargó la realización de dos estudios de diagnóstico del Revol por un monto total de 5 millones 631 mil 800 pesos: el primero, en 2016, por 2 millones 760 mil 800 pesos, mientras que el segundo, en 2017, por 2 millones 871 mil pesos.

La auditoría señala que prácticamente los dos estudios revisaron los mismos aspectos en el mismo periodo (2013-2017). Lo que también destaca es que los estudios no son coincidentes a pesar de haber trabajado con los mismos datos. “Se observó que la cantidad de académicos beneficiarios difieren entre un estudio y otro, no obstante que se refieren a los mismos años y Convocatorias”.

Aunque la diferencia entre los estudios pagados por la UNAM no permite saber exactamente cuántos académicos se adhirieron al subprograma, sí se puede establecer un rango. Entre 2013 y 2016, los académicos inscritos en el Revol fueron entre 490 y 497.

Los estudios contratados concluyen para ambos periodos supuestos ahorros y economías de la UNAM. Uno dice que por 129 millones de pesos y otro que por 154 millones. La diferencia es de 25 millones de pesos. Pero no queda claro cómo se llega a esas sumas.

Encima, la empresa incumplió los contratos. Con respecto del contrato 2016 44555-825-30-III-16, nunca rindió un informe general, como lo marcaba la cláusula sexta. Tampoco emitió el análisis de las convocatorias que se emitieron para incorporara a los profesores al subprograma, como lo establecía el Anexo Único en e numeral 3.1.

La misma disposición le obligaba a realizar una encuesta entre los beneficiarios, como otro de los elementos del proceso de evaluación del subprograma. “Sin embargo, no se proporcionaron los resultados, ni la evaluación de la pertinencia de llevar a cabo encuestas a los beneficiarios o la justificación para no realizarlas”.

También el contrato establecía la obligación de revisar las convocatorias de la licitación del Servicio de Renta Vitalicia para el Personal de Carrera Adherido al Subprograma. Con ello se buscaba que se pudieran realizar recomendaciones para las etapas subsecuentes.

Pero, de nueva cuenta, “no se presentaron los resultados de las visitas a las diferentes aseguradoras para conocer su interés en participar en este tipo de convocatorias”.

Los auditores encontraron que la Dirección General de Presupuesto de la UNAM pagó el trabajo completo mediante siete transferencias electrónicas. Pero no hay documentos que acrediten que la Universidad quedó en entera conformidad con lo recibido. Haber pagado por adelantado y sin que se acreditara la calidad de los trabajos, violó lo establecido en los propios contratos de 2016 y 2017:

“Sólo procederá el pago de facturas que presenten los proveedores que amparen las adquisiciones, arrendamientos o servicios contratados, previa verificación de la entrega a entera satisfacción de los bienes o prestación de los servicios en os términos contractuales pactados.”

La Contraloría corrobora que se “desconocen los resultados de ambos estudios, situación que limita la posibilidad de fortalecer la planeación, ejecución y seguimiento del programa, así como poder desarrollar nuevas estrategias”.

Por todas las irregularidades, la Contraloría de la UNAM emitió cuatro “acciones correctivas” al titular de la Dirección General de Presupuesto, maestro Raúl Alberto Delgado, y al director de Integración Presupuestaria, licenciado Juan Felipe Durán.

La primera de ellas es que ambos funcionarios deben “solicitar las aclaraciones necesarias al Despacho Consultor ‘Arapau y Asociados, SC’, sobre las bases utilizadas ara la determinación de as cifras, y en su caso cumpla con los compromisos contraídos respecto a la confiabilidad y corrección de la información presentada” (sic).

Con respecto de la segunda acción preventiva, la Contraloría demanda solicitar al despacho los productos correspondientes a las actividades pendientes de desarrollar. Como se ha informado, no entregó todos los servicios adquiridos sin que la UNAM le requiriera, no obstante que ya se le pagó todo.

La segunda acción correctiva consiste en que deben presentar evidencia de la recepción formal a entera satisfacción de los entregables derivados del convenio.

Y la última: “una vez que se corrijan las conclusiones y los resultados, difundirlos con las instancias participantes (Direcciones Generales de Personal y de Asuntos del Personal Académico) del Subprograma de Retiro Voluntario.

Adicionalmente, los auditores también emitieron una “acción preventiva”. Consiste en establecer métricas e indicadores que permitan evaluar el desempeño del Subprograma de Retito Voluntario y que brinden claridad al ejercicio de los recursos aplicables; los cuales puedan ser evaluados por cualquier instancia”.

La auditoría estuvo a cargo del licenciado en Contaduría Rubén Omar Sosa López, quien coordino al equipo de auditores. La revisión del trabajo estuvo a cargo del licenciado en Administración Enrique Galicia Espinosa, jefe de Proyectistas. Y la supervisión fue la licenciada en Contaduría Miriam Susana Espinosa Rodrigo, directora de Auditorías a Entidades y Dependencias “A”. Todos, funcionarios de la Contraloría, dependientes del Patronato Universitario.

A través de la Dirección General de Comunicación Social, que encabeza Néstor Martínez Cristo, Contralínea solicitó entrevista con quien la UNAM determinara para informar sobre las auditorías señaladas. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

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