La industria busca ganancias extraordinarias por la vía que sea: despojo, super explotación del trabajo, corrupción, desvío del poder, desregulación ambiental, acusa el doctor Andrés Barreda Marín. El coordinador del Pronace de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, del Conahcyt, advierte que esta voracidad implica una contaminación altamente tóxica que busca no gastar en regulación, restauración ni atención a la salud. En México, apunta, hay 70 regiones altamente contaminadas que ponen en riesgo todo tipo de vida, por las sustancias químicas altamente peligrosas que expulsan. En esas zonas, las personas enferman copn padecimientos terminales, y las muertes prematuras son lo común: la incidencia de cánceres, enfermedades crónicas renales y tumoraciones es mucho mayor que en el resto del país, sin que se les preste atención a estas víctimas del sistema neoliberal
Las personas que habitan en una de las 70 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) en México están en el olvido, en el abandono, y en medio de dinámicas sociales y económicas muy complicadas, afirma el doctor Andrés Barreda Marín. El coordinador del Programa Nacional Estratégico (Pronace) de Agentes Tóxicos y Procesos Contaminantes, del Conahcyt, agrega que esas víctimas de la contaminación carecen de reparación de daños, y tampoco cuentan con centros adecuados de atención médica.
Tan sólo en municipios como Domingo Arenas, San Matías Tlalancalela, Mazatecochco y San Martín Texmelucan –de Tlaxcala y Puebla– hay más del 40 por ciento (47, 43, 41 y 41 por ciento, respectivamente) de persomas que no está afiliada a servicios de salud, de acuerdo con un documento elaborado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).
El pueblo mexicano está “contaminado, lleno de enfermedades degenerativas”, continúa el académico en entrevista para Contralínea. Esto ocasiona que la gente levante la voz; sin embargo, cuando sucede, son ignorados, estigmatizados, reprimidos y llegan a ser asesinados; por lo que se van “deprimiendo, encolerizando [y] decepcionando” de un sistema que no les hace caso, por no considerarlos prioritarios. “Es un abandono generalizado”, acentúa.
Un problema apenas revisado
A la evidencia de ciertas características cualitativas, en términos toxicológicos, se le considera RESA. “Cuando en ella se superponen diferentes procesos de contaminación: industriales, extractivos, agroindustriales o urbanos […] que emiten al aire, que vierten a los ríos o que llevan a cabo entierros” de diferentes tipos de sustancias tóxicas en forma de residuos, plaguicidas, presas de jale, lixiviados o desechos urbanos, explica el también doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM.
Hay, de igual manera, una superposición de agentes tóxicos y de enfermedades graves. Por ejemplo, “hay mucha insuficiencia renal crónica, hay muchos tipos de cáncer, particularmente cáncer infantil, leucemias. Pero hay más afectaciones que ni siquiera se tienen muy tipificadas, que pueden ser de origen ambiental, que son enfermedades degenerativas del sistema nervioso [e] inmunológico”, enumera Barreda Marín.
Se calcula que existen 70 RESA’s muy notables en México, de las cuales se han monitoreado unas 35, y apenas estudiadas 12, porque éste es un tópico que ni siquiera se discutía en la academia, los medios o las secretarías. Entonces parece un tema de paranoia, pero hay que ir a las regiones y verlas para entender la gravedad, critica el doctor. “Es muy grave ya la situación, y lamentablemente nos estamos moviendo muy lentamente”.
Puebla y Tlaxcala sufren
La población que vive a lo largo del río Atoyac (uno de los más contaminados en México) y el Balsas, está en constante riesgo “a sufrir enfermedades catastróficas, como la Enfermedad Renal Crónica y diferentes tipos de cáncer”, relacionados a la “presencia de contaminantes como el plomo y el arsénico en agua y suelo” debido “a las descargas de aguas residuales, no tratadas, de más de ocho mil empresas, incluyendo las industrias textil, alimentaria, farmacéutica y automotriz”, documentó el Primer informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac (CAA).
Elaborado por el Conahcyt, el informe destaca la categorización de la Cuenca como RESA con base en estudios de al menos dos décadas que evidencian como “un importante número de empresas […] liberan sustancias tóxicas al medio ambiente, tanto al agua, suelo y aire”.
La CAA es hogar de un total de 3 millones 857 mil 882 personas en 69 municipios (47 en Tlaxcala y 22 en Puebla), quienes han sido invadidas por la operación de aproximadamente 30 conglomerados industriales, de los cuales destaca el incremento de los dedicados a la química (pinturas, metalúrgicas y de plásticos), que se extienden alrededor del volcán Matlacuéyetl o Malinche, de Tlaxcala, hasta el sur de Puebla, evidencia el texto.
La Zona Metropolitana (ZM) de Puebla, Zahuapan y Texmelucan son las mayores contribuyentes de emisiones contaminantes; por sectores económicos, son el automotriz, el de generación de energía eléctrica, de la química y textiles. El automotriz “tiene un reporte acumulado histórico de más de 600 millones [613.76 millones] de toneladas de bióxido de carbono [CO2] en la ZM Puebla”.
A pesar de la cantidad de empresas instaladas en esta zona, Tlaxcala “se encuentra entre las entidades con grado medio de marginación” y 194 de sus colonias en grados altos. Incluso “las localidades de más de 2 mil 500 habitantes en la Ciudad de México perciben hasta 18 veces más que las de Tlaxcala”.
Por todo esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 10/2017, que “insta a los gobiernos estatales de Puebla y Tlaxcala y a los municipales de Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Tepetitla, Nativitas e Ixtacuixtla a implementar medidas para restituir el daño a las comunidades y para garantizar el derecho a un medio ambiente sano”. Además, solicitaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal para la Protección al Ambiente (Profepa) “a implementar las medidas de urgente aplicación para frenar la contaminación” en la región.
Neoliberalismo: principal culpable
“El neoliberalismo lo que busca es tener ganancias extraordinarias por la vía que sea: puede ser la vía del despojo, de la super explotación del trabajo, de la corrupción, del desvío del poder y la desregulación ambiental”, analiza Barreda Marín. Por tanto, aunque contaminar no sea el objetivo último del sistema, “contener la contaminación implica llevar a cabo gastos en materia de regulación, restauración, atención a la salud”. Mejor que las empresas no gasten en eso, ironiza, “y se lo embolsen de manera verdaderamente obscena”.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la contaminación se generalizó por todo México, narra el Coordinador del Pronace. Ello, pues Estados Unidos, a partir de que investiga, identifica y, posteriormente regula y vigila sus sitios contaminados, “empezaron a exportar sus procesos de contaminación y empezaron a expulsar sus sustancias químicas altamente peligrosas” hacia China, Asia y México.
“Vamos a tener el salario más bajo del mundo y vamos a tener la desregulación ambiental más alta del mundo”, fue la mentalidad mexicana en el diseño del TLCAN, explica el doctor en estudios latinoamericanos, y lo clarifica respecto a las sustancias tóxicas reguladas alrededor del mundo: a nivel global se usan 300 mil de estas sustancias; en Europa se regulan 11 mil, en Estados Unidos 800; y, por otro lado, solo hay regulación de 200 en México.
Asimismo, señala que en el vecino del norte hay inspectores que vigilan la toxicidad emitida por las empresas y, en México, cada industria reporta, de manera voluntaria, a través del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), los tóxicos que emite.
Esto es la herencia del neoliberalismo, menciona el académico. Fue una omisión deliberada del Estado mexicano, “planeada y realizada con dolo. Es una omisión criminal”, y “lo que hace es ahondar cuantitativamente y degenera cualitativamente la miseria del pueblo de México”.
A su vez, se detuvo la investigación en las regiones contaminadas por la industria “para hacer de México un paraíso industrial que resultara atractivo al capital global, en el sentido de que aquí no iba a haber exigencias de regulación serias en materia de alta contaminación”, lo que generó un atraso científico en el rubro de la toxicología de alrededor de medio siglo, afirma el Coordinador del Pronace.
“Las empresas trasnacionales siempre han tenido ejércitos de científicos a su servicio”, a quienes Barreda Marín nombra ‘mercenarios’. Eso es muy común en todos lados y, en México, con la descomposición tan grave en lugares como la UNAM, “se castigó toda la investigación crítica, todo lo que tuviera que ver con compromiso social; y se premió todo lo que tuviera que ver con el silencio”, continúa.
El costo que no se contabiliza
En términos económicos, no se tiene una estimación de los impactos que la alta contaminación genera; “apenas estamos empezando a identificar” éstos, menciona el doctor. Por tanto, se debe trazar un camino para “mostrar evidencia del extraordinario costo que [la contaminación] tiene. En primer lugar, es un costo social, ¿cuánto vale la vida de las personas que ya se murieron por esto? Pero no solo es la mortalidad, es la morbilidad: la gente no solo se sigue enfermando, sino […] de enfermedades cada vez peores y el tratamiento de esas enfermedades es muy costoso, es brutal y cada vez es peor”, puntualiza.
“Eso no lo contabilizan [las empresas] en las cuentas económicas, en las sumas y restas. Dicen ‘generamos empleo’, ¿y cuánta insuficiencia renal y cáncer generaron? Eso lo deben contar”, critica el académico, quien es cauteloso con el tema del nearshoring –o reubicación de empresas– en México. Si bien es importante que llegue la inversión al país, se debe observar la legislación vigente, pues mantiene normas ambientales previas.
“Bajo los patrones de desregulación del neoliberalismo puede ser fatal [la llegada masiva de empresas]. Entonces, lo que hay que hacer es […] poner una regulación sensata protegiendo al país, de manera que la llegada del capital pueda ser benéfica y no terminar en una dinámica suicida”, advierte.
Actuar con coordinación
“Ahorita, la gente que vive en las RESA está mostrando lo que en 20, 30 años será la suerte de muchísima más gente. Es el anuncio del costo brutal inconmensurable que va a tener el problema más adelante. Entonces lo tienen que atender. Todo lo que es ahorita ahorro, en otros lugares son costos incluso impagables”, lamenta Andrés Barreda.
Las RESA’s representan un problema multifactorial, agrega. “No es que podamos señalar un culpable; ya se dejó avanzar tanto que es una red compleja que requiere cambios profundos” y que “mientras no llevemos a cabo transformaciones narrativas, de percepción y educativas fuertes, no vamos a terminar de resolverlo, entonces va a tardar; pero va a ser peor mientras más nos tardemos en actuar”.
Por ello, es necesario que a todos los niveles de gobierno se tomen el problema enserio. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no lo hizo a pesar de habérsele explicado la problemática durante cuatro años, señala el doctor. Por otro lado, la de Salud “sí se lo tomó enserio y se hicieron trabajos de atención en cuatro regiones del país muy graves, y se dio cuenta de que tiene que cambiar la formación de médicos para que sepan salud ambiental”, afirma.
Hay veces que las y los funcionarios públicos ven el tema como una agenda política o una exageración. “Esos políticos no tienen una responsabilidad frente a las generaciones futuras […]. Tienen que tomar conciencia”, puntualiza el académico, y da esperanzas de que incluso “en las peores zonas se pueden hacer cosas muy importantes, pero las autoridades tienen que ir y tienen que atender”.
Por tanto, Andrés Barreda Marín espera que la próxima administración continúe con el espíritu del Pronace que él coordina, que “sea también de incidencia; que no regresemos a una ciencia pura que investiga en las alturas de los laboratorios, sino que sea una ciencia comprometida con la solución de los problemas más urgentes del país”. Que se trabaje con las comunidades “no para volverlas objeto de investigación, sino sujeto de solución de los problemas que se están viviendo en las RESA. Así, con un Conahcyt elevado a rango de Secretaría y “en condiciones de igualdad, podría llevarse a cabo una articulación” para combatir la situación, analiza.
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