Además del actual presidente Arturo Zaldívar, otros dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se opusieron a avalar la operación de Estado orquestada por el entonces presidente Felipe Calderón –para encubrir los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC, en Sonora, y con ello proteger a su esposa Margarita Zavala y su familia–. Junto con Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan N Silva Meza firmaron un voto de minoría en el que documentan graves violaciones a los derechos humanos de los 153 menores de edad víctimas de la conflagración, de los cuales 49 perdieron la vida. Los crímenes que denunciaron desde 2010 no prescriben
Primera parte. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Olga Sánchez Cordero y Juan N Silva Meza son los tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se opusieron a la operación de Estado que orquestó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para encubrir los crímenes relacionados con el incendio de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y en el cual fallecieron 49 bebés de entre 10 meses y 4 años de edad, y otros 104 resultaron heridos (más de 70 de ellos, de gravedad).
En medio de las fuertes presiones que se ejercieron contra el Poder Judicial en mayo de 2010, encabezadas por el entonces secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, los tres ministros firmaron un voto de minoría en el que documentaron graves violaciones a los derechos humanos de los 153 menores de edad víctimas de la conflagración, de los cuales 49 perdieron la vida. Ello, aún a costa de su seguridad personal, con el riesgo de sufrir desaparición forzada en un momento en el que la Secretaría de Seguridad Pública estaba a cargo de Genaro García Luna, aliado del Cártel de Sinaloa.
Y es que de acuerdo con el ahora ministro presidente, “los pasillos y salones de la Corte estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] anterior. La Corte –que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde– eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos. Se paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal”.
El pasado 22 de febrero, el ministro Arturo Zaldívar reveló la operación de Estado que instruyó Felipe Calderón para ocultar la verdad. Entre los crímenes que denunciaron los tres ministros –gracias a la investigación del presidente de la Corte– hay graves violaciones a derechos humanos que no prescriben.
Por ejemplo, apuntan que “las gravísimas omisiones que se detallan en este dictamen llevan a esta Suprema Corte a determinar la vinculación directa en las violaciones graves a las garantías individuales de los 49 niños que fallecieron en la tragedia investigada y los 104 niños lesionados, muchos de los cuales no podrán recobrar una vida normal debido a la gravedad de los daños físicos que recibieron, a los servidores públicos que tenían la obligación de cuidar la vida y su integridad. En específico de quienes tenían a su cargo la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social y omitieron la emisión de las políticas públicas que pudieron haber evitado esta lamentabilísima tragedia; así como al entonces gobernador del estado de Sonora quien incurrió en inexcusables actitudes omisivas que generaron el incendio en la Guardería ABC”.
Con apenas unos meses de haber asumido el cargo de ministro y previo a presentar el proyecto, el Zaldívar le avisó a Gómez Mont que presentaría el proyecto, “por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal”. Lo que siguió fue una amenaza a su vida, según lo narrado por el propio ministro.
“Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz subió cada vez hasta que terminamos a gritos. En un momento me dijo el secretario: ‘dice el presidente que no te apoyamos para esto’. Respondí: ‘dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, yo no soy su empleado, y no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños’. Ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto, y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana, yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte”.
Graves violaciones a los derechos humanos
Con todo el poder del Estado en su contra, los tres ministros señalaron en su voto minoritario que servidores públicos federales, estatales y municipales –con corresponsabilidad de los dueños de la guardería ABC, entre ellos la prima de Margarita Zavala: Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella– omitieron obligaciones legales específicas que generaron las violaciones graves a las garantías individuales.
Entre los derechos humanos que se violaron destacaron el principio de interés superior de la niñez. Al respecto, indicaron que “el artículo 4 de la Constitución reconoce distintos derechos a los niños y establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos”.
Éste establece que “[…] los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez […]”.
Más aún, los tres ministros consideraron que la interpretación de este artículo constitucional debe tomar en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos de los menores de edad, firmados y ratificados por México. Por tanto, se agrega que “este principio ordena que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas ‘reforzadas’ o ‘agravadas’. El hecho de que haya mayores exigencias para el Estado cuando se trata de salvaguardar los derechos del niño también puede justificarse a la luz de las disposiciones del derecho internacional relacionadas con los derechos del niño”.
Al respecto, citaron –entre otras normativas– la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana, que reconocen que los menores requieren una protección y cuidado especiales. Incluso detallaron que este principio de interés superior ordena que las medidas de protección sean doblemente reforzadas cuando están dirigidas a niños pequeños, como eran los de la guardería ABC [de entre 10 meses y 4 años de edad].
Los ministros señalaron que “el Comité de Derechos del Niño ha establecido que la protección a los menores tiene que ser más intensa cuando se trata de niños que se encuentran en la primera infancia. Esta mayor protección encuentra su justificación en la especial vulnerabilidad de los niños a esta edad. Es evidente que las capacidades motrices y comunicativas de los niños en la primera infancia son muy limitadas, de tal manera que dependen por completo de sus padres y cuidadores para poder sobrevivir”.
El segundo derecho humano violado fue el de la protección de la vida y a la integridad física. Al respecto, observaron que “la falta de cumplimiento de distintas disposiciones legales relacionadas con algunas medidas de seguridad ocasionó que 49 niños que se encontraban en la ‘guardería ABC’ el día 5 de junio de 2009 perdieran la vida y otros 104 fueran afectados en su integridad física”.
En ese sentido, apuntaron que “el derecho a la protección de la vida es un derecho fundamental implícito en la Constitución, que se deriva de todos los derechos expresamente estipulados que requieren de la vida como condición para su ejercicio”. Adicionalmente, subrayaron que los tratados internacionales suscritos por el país en materia de derechos humanos lo tutelan, como el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El voto minoritario también señaló que, en el caso de la guardería ABC, lo que el alto tribunal debía determinar es si hay una relación especial entre el Estado y los 49 niños que perdieron la vida en la vida. “La respuesta a esta pregunta es indiscutible: sí existía una relación jurídica especial entre el Estado y los niños que murieron en el incendio que imponía a aquél la obligación de emprender medidas adecuadas para la protección de sus vidas”.
Los ministros Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero y Juan N Silva Meza consideraron de forma contundente que “existen elementos suficientes para concluir que si las autoridades estatales hubieran cumplido sus deberes constitucionales de protección de la vida, interpretados de conformidad con el estándar doblemente reforzado que impone el principio interés superior del niño en relación con los menores que están en la primera infancia, en ningún caso hubiera tenido lugar una tragedia de las dimensiones como la que ocurrió el 5 de junio de 2009 en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Lo que significa que no hubieran perdido la vida los 49 niños que fallecieron el día del incendio”.
De igual forma, concluyeron “que si las autoridades hubieran cumplido cabalmente su obligación de proteger la integridad a los menores que eran usuarios del servicio de guarderías subrogadas, los niños que se encontraban en la guardería ABC no habrían sufrido ninguna afectación en su integridad física”.
En el caso del incendio, otros derechos que se violaron fueron de acuerdo con los tres ministros que se opusieron al autoritarismo del entonces presidente Calderón fueron: a la seguridad social y a la salud, así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en las relaciones laborales.
Responsabilidad de los socios de la guardería
En una declaración trascendental para la búsqueda de la justicia en el caso de la guardería ABC, el pasado 22 de febrero el ministro presidente de la Corte señaló: “hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente [Felipe Calderón], para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de derecho, de autonomía y cuantas cosas ¡sin ninguna autoridad moral para decirlo!, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ése el comportamiento”.
A pesar de aquellas amenazas, de la campaña de desprestigio en medios de comunicación corporativos, los juristas Zaldívar, Sánchez Cordero y Silva Meza determinaron en su voto minoritario “que los socios, administradores y representante legales de la guardería ABC, tienen una responsabilidad solidaria compartida por los hechos acontecidos materia de la investigación”. Una de las socias es, precisamente, la prima de la panista Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Calderón Hinojosa.
Con todo el aparato de Estado y mediático en contra, los ministros establecieron “que al tratarse de un servicio público subrogado, deben vincularse a todos y cada uno de ellos con el funcionamiento de la guardería de acuerdo a su nivel de participación, al tener que ver de manera directa con la toma de decisiones en relación al funcionamiento de la sociedad y por lo tanto con la prestación del servicio, tanto en su función de persona moral particular, como en su carácter de autoridad material para efectos de la investigación como auxiliar del Instituto subrogante”.
En su histórico voto minoritario señalaron que, “más allá de que la responsabilidad imputada sea o no analizada conforme a su calidad de sociedad civil, debe hacerse bajo la consideración de las responsabilidades de dichas personas derivadas de los derechos de los menores que se han vulnerado con la deficiente operación del servicio público prestado. Es decir, a la luz de los derechos relativos a la primera infancia, que impone el artículo 4, párrafo octavo de la Constitución Federal”.
Al respecto, determinaron que los prestadores del servicio incumplieron con lo establecido en la Constitución, en la Ley del Seguro Social, en el Reglamento para la Prestación de los Servicios de Guardería, la Norma que establece las Disposiciones para la Operación del Servicio de Guardería, las Bases para la Subrogación de Servicios de Guardería del Esquema Vecinal Comunitario, la Norma Oficial Mexicana 167-SSA-1-1997, el contrato de prestación de servicio de guardería en su modalidad de esquema vecinal comunitario único –celebrado el 29 de diciembre de 2006 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la sociedad civil Guardería ABC–. Ello, “porque no desempeñaron la obligación de prevenir el riego derivado de no cumplir los cuidados suficientes a los ni os bajo su resguardo durante la jornada de trabajo”.
Para los ministros, los socios, administradores y representante legal “fueron omisos en dirigir y normar las acciones suficientes de prevención relacionadas con los estándares de protección civil a que estaban obligados para garantizar la integridad y seguridad de los menores en la guardería subrogada, no obstante que, conforme a los ordenamientos constitucionales y legales antes señalados, se establece que la prestación del servicio de guardería debe cumplirse con base en determinados requisitos para el debido funcionamiento de la guardería, as como con los programas de protección civil y técnicos de seguridad expedidos por el Departamento de Bomberos de la localidad, a fin de mantener la calidad de la operación de la guardería, pero sobre todo para respetar en ordenamiento constitucional que hace referencia a los derechos de los niños”.
Operación de Estado para ocultar los crímenes en la guardería ABC
Durante la presentación del libro 10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acusó a Felipe Calderón Hinojosa de orquestar una operación de Estado para ocultar la verdad en el caso de la guardería ABC y proteger a su esposa Margarita Zavala:
Contarles una historia de uno de estos asuntos. Quizás el asunto que más me conmovió desde que soy ministro, y que fue mi “bautizo” como ministro. Es el de la guardería ABC. Cuando llego a la Corte, ésta tenía todavía la facultad de investigación de violación de derechos fundamentales del artículo 97 constitucional. Realmente para lo que había servido esta facultad, hasta ese momento, era para que la Corte pagara los platos rotos de lo que no habían hecho los otros poderes. Era una facultad que nunca había servido para nada. Las ministras y ministros nunca se habían tomado la molestia de revisar que esto sirviera para algo.
Como yo iba llegando, tenía 2 meses en la Corte, me turnaron a mí este asunto que no me tocaba, se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo consciencia de lo importante que era tener este asunto a los 2 meses de haber llegado, y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. “Chamaqueándome”, pensaron que lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté.
Era un asunto muy complejo, porque durante un año, los ministros habían estado recibiendo informes de la comisión de investigación de la guardería ABC. Yo no había recibido ningún informe, no era ministro. Iba llegando. Tenía una ponencia muy complicada, porque mi antecesor tuvo a bien darle base a todos los que estaban ahí, subirles el sueldo, aunque la mayoría ni siquiera sabían redactar un acuerdo elemental.
Con la mitad de la ponencia de quienes yo llevé y dos talentosas secretarias que allí estaban -seis secretarios y dos secretarias- empezamos a analizar el tema de la guardería ABC.
Lo primero que hice fue buscar a los padres de los niños lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad de México los había recibido. Logré contactarlos, y algún día en el salón de usos múltiples de la Corte, estuve presente en una de las reuniones -que yo nunca pensé que iba a estar- en donde se respiraba el mayor dolor que he sentido en mi vida de alguien ajeno. Una reunión donde no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el percibido ahí.
Las madres y los padres de los niños fallecidos y lesionados, se fueron presentando uno a uno, una a una, diciéndome su nombre, el nombre de su niña o niño, y si estaban lesionados, o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque por tener que trabajar, por su culpa se habían muerto sus bebés.
Un padre me narró cómo durante todo un día buscó a su niña Emilia, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital. La reconocía por su ropita. Cuando tocaba su piel, su piel se rompía y se despegaba. Los padres me contaron que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor el tema.
Me contaron como los padres de niños lesionados, los directivos del IMSS habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que les tenían que pagar por sus lesiones, y por la situación en que habían quedado. Les dije en esa ocasión a los padres, que no quería hablar con sus abogados, quería verlos a los hijos y escucharlos.
Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos en que yo defendería la Constitución, y defendería los derechos de sus niños.
Luego de terminar esa reunión de más de 3 horas –de la que hoy todavía no entiendo por qué pude aguantar y no llorar- subí a ponencia y les dije a mis secretarios: “ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños, esto es una infamia que yo no voy a convalidar”.
Empezamos a hacer el proyecto sin decirle a nadie ni cuándo ni cómo iba a salir. Le dije a mi equipo que tenía que salir antes del 5 de junio, que es la fecha del aniversario de la guardería ABC.
Lo primero que les dije es que teníamos que replantear la facultad para que tuviera sentido. Recordaba Fabiana Estrada, hace unos días, que yo en mi laptop redacté ese capítulo, justo para redimensionar la función de la facultad de investigación.
Seguimos trabajando, y ya previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de gobernación, que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina, y estuvimos platicando un buen número de horas. Según mi entonces secretaria particular que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz subió cada vez hasta que terminamos a gritos.
En un momento me dijo el secretario: “Dice el presidente que no te apoyamos para esto”. Respondí: “Dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de estado, yo no soy su empleado, y no voy a llevar en mi consciencia la muerte de 49 niños.” Ahí terminó la plática.
Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia. Firmé dos ejemplares del proyecto, y les dije que los guardaran bajo llave, y que si a las 8:30 de la mañana, yo no estaba en la Corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la Corte.
Sale el proyecto, y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto, que me apoyaban, a la hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa; pero, a partir del segundo día se dio una operación de estado impresionante para denostar el proyecto, denostarme a mí, y decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni.
Así empezaron a pegar y pegar. Los pasillos, salones de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de estado, el director del IMSS anterior. La Corte que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos. Se paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo federal.
Ahora que se habla tanto de independencia, y por qué yo voy a desayunar a Palacio. Los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento, en que el gobierno prácticamente tomó la Corte.
Se publica el proyecto en internet, como habíamos quedado, y recibo durante la semana, varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo. Llegamos a la discusión, que fueron 3 días mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al Salón de Plenos, todo lo que acordamos parecía que no lo platicamos, empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado no se iba hacer.
Se dijeron cosas horribles estando ahí los padres de los niños quemados y lesionados. Con una carencia de sensibilidad, y de humanidad. Ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando.
Debatí, prácticamente solo. Votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, nada más. Llevé el debate 3 días contra el resto del Pleno de ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación, porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni el juicio de la historia.
Hoy después de tantos años, el caso guardería ABC, la responsabilidad de los servidores públicos, sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Hoy podemos decir que nos quitaron esa facultad a la Corte cuando se dieron cuenta que podía servir para algo. Era muy cómoda mientras no servía.
Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de “estado de derecho”, de “autonomía”, y cuantas cosas, ¡sin ninguna autoridad moral para decirlo!, porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Ahí está el proyecto que presenté. Vean ustedes los debates, vean la carencia de argumentos.
Quiero decirles otra cosa. Por lo menos dos de mis compañeros leyeron como posicionamiento en el Pleno, los memorándum que nos había llevado la autoridad. No tuvieron ni el cuidado de cambiar la redacción. Por no dañar a la Corte esto no lo hice público en ese momento.
Pero, este asunto nos demuestra cómo el derecho, cuando se toma en serio, puede hacer diferencia. Cómo en un órgano colegiado, se puede empezar desde la minoría de uno para ir generando una cultura distinta. El derecho puede ser un motor de cambio social. El derecho jurisdiccional puede ser un motor de cambio social. |
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