Juan Carlos Díaz Guerrero/Prensa Latina

 

Asunción, Paraguay. Este país tiene la peor distribución de tierra en América Latina y la situación se vislumbra como el problema más complejo a resolver por las autoridades, ante la demanda del esfuerzo conjunto de los poderes del Estado.

 

Los datos ilustran que 500 familias poseen el 90 por ciento de las tierras, 351 mil propietarios concentran 9.7 millones de hectáreas, y 351 mil familias carecen de éstas.

 

El actual gobierno del presidente Fernando Lugo se ha visto imposibilitado con trabas de todo tipo para impulsar la reforma agraria integral.

 

La Comisión Verdad y Justicia revela en un informe que 7 millones 851 mil 295 hectáreas mal habidas (19 por ciento del territorio nacional) fueron distribuidas de manera irregular entre 1954 y 2003, periodo en el que gobernó durante 35 años el dictador general Alfredo Stroessner y durante las administraciones de la Alianza Nacional Republicana (Partido Colorado).

 

Un comunicado de la Conferencia Episcopal Paraguaya expone que es imperativo la elaboración de un catastro nacional “que posibilitará la recuperación de las tierras malhabidas y mal adjudicadas y la adecuada titulación de las propiedades”.

 

Es necesario y urgente que los poderes públicos asuman su responsabilidad en ordenar el caos existente sobre la tenencia y la propiedad de la tierra en el país.

 

“Somos conscientes −indica el texto− que el problema es complejo y la solución demanda la acción coordinada de los poderes del gobierno para el logro del bien común, en orden a la construcción de un estado social de derecho, tal como reza nuestra Constitución nacional.”

 

 

Las tensiones generadas en la última semana de enero pasado por el conflicto de tierras en Ñacunday, Este de Paraguay, reavivaron el viejo problema y sus contradicciones.

 

El enfrentamiento entre productores de origen brasileño y campesinos paraguayos generó tensión y algunos exabruptos, pero no llegó a correr la sangre, como pretendieron algunos políticos y medios de comunicación.

 

Los colonos y los llamados carperos (porque viven en carpas) sin tierra mantienen una disputa por la posesión de miles de hectáreas de terrenos cultivables en los distritos de Ñacunday, Santa Rosa del Monday y Cedrales, departamento de Alto Paraná.

 

Entre las propiedades bajo sospecha están las 12 mil hectáreas que se adjudica Tranquilo Favero, considerado el Rey de la soya en Paraguay (el 64 por ciento de la superficie agrícola del país está destinado a ese cultivo).

 

El ministro de la Secretaría de Información y Comunicación, Augusto Dos Santos, reveló que en 2009 dos abogados presentaron ante la Fiscalía General los documentos en los que se reconocen la existencia de tierras públicas con títulos apócrifos.

 

“Existen dudas sobre la legalidad de los títulos de los actuales dueños y este procedimiento busca aclararlas”, expresa al referirse a la mesura judicial impulsada por el Poder Ejecutivo.

 

Dos Santos considera necesario transparentar la tenencia de las grandes extensiones de tierras que históricamente han sido apropiadas de manera ilegal.

 

Al respecto comenta que las tierras de Ñacunday son un caso paradigmático, al ser posesiones arrebatadas al Estado paraguayo tras la guerra de exterminio de la Triple Alianza (1864-1870) y fueron recuperadas en 1958, con una sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia.

 

El secretario de Estado manifiesta que “estamos esperando los resultados de los trabajos de deslinde a cargo del Servicio Geográfico Militar, y si existen irregularidades en la forma del procedimiento serán investigadas y aclaradas [las tierras] como corresponde”.

 

 

Precisamente la presencia de uniformados en la zona agudizó las contradicciones entre productores y campesinos, cuando los militares comenzaron a realizar mediciones, de acuerdo con los colonos, sin orden  judicial.

 

La situación generó denuncias mutuas, se acusó al gobierno de ser el responsable de instigar las invasiones y hasta sectores de la derecha vincularon el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra.

 

No puede obviarse que la situación se presenta en un año netamente electoral y los discursos y declaraciones buscan sus réditos en río revuelto.

 

Ese instrumento legal –conocido también como Ushuaia II– fue suscrito por los presidentes del Mercado Común del Sur y países asociados en la Cumbre del Bloque Suramericano, 20 de diciembre de 2011, y reafirma el compromiso con la democracia.

 

El gobernador del departamento de San Pedro, José Ledesma, desmiente que las mediciones realizadas en la zona por el personal militar de la Dirección del Servicio Geográfico obedezcan a “un plan del oficialismo”.

 

Asegura que son las organizaciones de lucha por la tierra las que exigen hoy día al Ejecutivo para promover la medida.

 

Puntualiza que “nosotros no manejamos esos documentos ni es una actividad que emprenda el Poder Ejecutivo”.

 

Augusto Dos Santos, titular de la Secretaría de Información y Comunicación, subraya que los ataques contra el presidente, por las acciones iniciadas en la zona de Ñacunday, desvían el debate de fondo relacionado con la recuperación de tierras del Estado mal adjudicadas.

 

“La gente de Ñacunday hace 12 años que está ahí”, y existen documentos en mano de los reclamantes de que los colonos [brasileños y paraguayos] estarían usufructuando en forma irregular las fincas, por lo cual se requiere la medida judicial.

 

El dirigente campesino Belarmino Balbuena señala que la mesura judicial impulsada por el gobierno no sólo favorecerá al sector campesino sino también a los dueños, ya que podrían conocer las dimensiones de sus terrenos y si son auténticos los documentos.

 

Sin embargo reconoce que la medida provoca el disgusto de sectores interesados en continuar manteniendo esas tierras mal adjudicadas.

 

Si bien existe el compromiso del Ejecutivo de localizar eventuales tierras mal habidas mediante la medida judicial, el Estado debe de hacer respetar su soberanía nacional, ajustándose a las leyes nacionales.

 

Para Hugo Ruiz, asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, vincular el Protocolo de Montevideo con el conflicto por la tierra por parte de sectores de la derecha paraguaya es irracional y “está fuera de toda realidad”.

 

Señala que al pretender la mínima relación entre la lucha por la tierra contra el latifundio y el documento firmado en la capital uruguaya “estamos entrando en el terreno de la irracionalidad”, porque “no hay ninguna justificación o parámetro posible de comparación”.

 

El asesor expresa que ambos temas requieren de debates sociales más profundos al estar vinculados con una mayor democratización del país.

 

La reacción de sectores de la derecha en el caso del Protocolo de Montevideo muestra cómo éstos “entienden que con una mayor democratización van a perder sus privilegios y cuotas de poder”, sentencia.

 

En medio de las disputas, el embajador brasileño en Asunción, Dos Santos, manifiesta su deseo de superar de forma pacífica y dentro de la ley la situación, y expresa que el problema, como toda situación de conflicto, genera tensión.

 

“Esperamos que el ambiente se pacifique, haya diálogo y que el gobierno paraguayo pueda encaminar este inconveniente”.

 

 

En un comunicado, las fuerzas militares aclaran que su labor en la zona de Ñacunday es de carácter técnico profesional y se desliga respecto de los hechos de alteración del orden ocurridos en el lugar.

 

Los uniformados ingresaron a la propiedad de los productores por solicitud del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, indica el texto.

 

Las propiedades se encuentran ubicadas en la zona de seguridad fronteriza (50 kilómetros de la frontera terrestre o fluvial) entre Paraguay y Brasil.

 

El decreto 7525/2011 sobre la Ley de Seguridad Fronteriza faculta en su artículo cuatro al Ministerio de Defensa, conforme el documento, a inventariar las condiciones de dominio de los inmuebles rurales como parte de la Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza.

 

La disposición señala que el personal militar queda plenamente autorizado para ejercer la función indicada, en coordinación con el Servicio Nacional de Catastro y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.

 

Augusto Dos Santos explica, al respecto, que el trabajo que ha hecho en la zona por técnicos militares no es nada nuevo al tratarse de la aplicación de una ley vigente desde 2005, referida a la “zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay”.

 

Añade que los efectivos de las Fuerzas Armadas comenzaron desde 2007 el trabajo de registro de las tierras fronterizas.

 

La situación derivó en que integrantes de la Comisión Permanente del Congreso viajarán a la zona de Ñacunday para entrevistarse con todas las partes y después convocarán al ministro del Interior, Carlos Filizzola.

 

El secretario de Estado niega la invasión de tierras por campesinos en la zona del conflicto, y explica que en el lugar se reforzó el plantel policial y “de ser necesario enviaremos más personal”.

 

Medios periodísticos paraguayos publicaron que campesinos allanaron en territorio de propiedad privada, aunque las imágenes transmitidas por la televisión no eran del todo claras ni demostraron el hecho. La policía nacional dispuso el envío hacia la zona de Ñacunday de 200 uniformados, los cuales están a cargo del jefe de Orden y Seguridad del departamento de Alto Paraná, el comisario Óscar Ferreira.