Durante la actual administración de Felipe Calderón se contabilizan 75 agresiones contra periodistas: 60 asesinatos y 15 desapariciones. Si se agregan los números del sexenio de Vicente Fox Quesada (27 asesinados y 2 desaparecidos), la cifra se eleva a 104.

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y diversas organismos internacionales de defensa de los derechos humanos consideran que México es el país más peligroso de América para ejercer el periodismo.

 

Actualmente, es “una profesión de alto riesgo” en este país, coinciden Balbina Flores, representante de Reporteros sin Fronteras, capítulo México, y el quinto visitador Fernando Batista, director general del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

Al menos desde 2008, México ha mantenido una tasa de poco más de un periodista asesinado mensualmente (1.13). De continuar el comportamiento de las estadísticas, aún podrían ocurrir tres homicidios más en contra del gremio periodístico antes de concluir 2011.

 

A decir de Darío Ramírez, representante en México de la organización internacional de defensa de las libertades de expresión e información Artículo 19, “desde 2006 la tendencia es la misma”. El clima adverso generalizado que se vive en el país se evidencia en el aumento de agresiones a periodistas. Rogelio Hernández, coordinador de protección de la Casa de los Derechos de Periodistas, confirma: “Las cifras son un reflejo de la alta vulnerabilidad del gremio”.

 

El reciente asesinato de Marcela Yarce, reportera y fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga, periodista independiente y exreportera de Televisa, podría alertar sobre una nueva tendencia en las agresiones contra mujeres del gremio periodístico. Hasta la fecha, los registros oficiales y de organizaciones no gubernamentales consultados por Contralínea dan cuenta de nueve asesinatos de mujeres periodistas en lo que va de la actual administración. En toda la historia del periodismo en México y hasta antes del calderonismo, habían sido asesinadas seis trabajadoras de los medios de comunicación.

 

En el Distrito Federal, entidad que se había mantenido con los índices más bajos de agresiones a mujeres periodistas, ahora se pueden contar cuatro casos. Tres de ellos fueron asesinatos. Uno, desaparición forzada. Siete homicidios restantes ocurridos durante el panismo han tenido lugar en Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz y Guerrero.

 

A decir de Agniezka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, “las mujeres defensoras (de derechos humanos) y las mujeres periodistas estamos en una situación aún más vulnerable por la condición de género. Creo que en este caso (el de Marcela Yarce y Rocío González) eso fue muy evidente”.

 

El clima hostil que vive México no exime a los periodistas; además, no se vislumbra un cambio a corto plazo, declara la representante de Reporteros sin Fronteras, Balbina Flores.

 

El incremento en el número de estos casos podría responder a la “falta de eficiencia y prontitud para esclarecer los crímenes anteriores, a la impunidad, a la corrupción, a la falta de voluntad política”, explica –en entrevista con Contralínea– la diputada Yolanda Valencia, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación. Ante estos hechos, quedaría al descubierto la responsabilidad del Estado mexicano.

 

Representantes de organizaciones no gubernamentales coinciden en que el gobierno, en sus tres niveles, no ofrece las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes ejercen el periodismo. No se cuenta con una policía investigadora que favorezca el esclarecimiento de cada uno de los casos denunciados.

 

No se tiene la seguridad de que se castigará a quienes atenten contra los periodistas, asegura Abel Barrera, presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.

 

Además de que las leyes mexicanas no protegen de manera suficiente el trabajo de los periodistas, los profesionales de la comunicación se encuentran con que las autoridades son negligentes u omisas. Muchas veces, son los perpetradores de las agresiones.

 

“Las autoridades están coludidas; tienen intereses económicos o políticos y les irritan los periodistas de investigación, críticos, analíticos, que cumplen con su función de informar a la sociedad”, considera Miguel Concha Malo, director general del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. En efecto, de acuerdo con el informe La violencia en México y el derecho a la información, presentado en mayo pasado por Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social, el 49.03 por ciento de las agresiones contra periodistas durante 2010 han sido cometidos por alguna autoridad.

 

Ante las condiciones de violencia en el país, los periodistas han tenido que adoptar sus propios mecanismos de protección. Darío Ramírez, representante de Artículo 19, explica que a partir de la administración presidencial de Felipe Calderón se han presentado nuevos tipos de amenazas contra la libertad de expresión. La organización ha registrado, por lo menos, cinco editoriales en las que se claudica, por motivos de seguridad, a la cobertura de ciertos temas relacionados con violencia y el crimen organizado. Son hoyos negros informativos, asegura Ramírez. Desde el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera completa: “Se buscan métodos de autoprotección como la autocensura”.

 

Las condiciones actuales para el ejercicio del periodismo en México no son las mejores. El panorama podría continuar igual en tanto no se reconozca que “cada atentado en perjuicio de un comunicador o periodista es un atentado a la vida democrática del país”, señala Fernando Batista, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

No obstante, existen vías que podrían fortalecer la seguridad para el ejercicio periodístico en México. A decir los distintos organismos consultados por Contralínea, la creación de políticas públicas y la federalización de los delitos en contra de comunicadores representarían un avance no sólo para el gremio, sino para la democracia nacional.

 

Asimismo, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas pugna porque el Estado mexicano reconozca la importancia de este sector de la sociedad y, de esta forma, pueda convertirse en una comisión permanente con mayores facultades.

 

En cuanto a la labor de las fuerzas policiales, una mayor capacitación de sus cuadros podría derivar en mejores investigaciones que favorezcan el esclarecimiento de los casos. Pues siempre que se mantengan impunes los crímenes contra periodistas se estaría favoreciendo la incidencia de estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia.

 

En palabras del representante de Artículo 19: “La libertad de prensa en México es un enfermo grave con ganas de vivir”.

 

 

 

Periodistas desaparecidos

Fuentes: Centro de Periodismo y Ética Pública, Reporteros sin Fronteras, Comité para la Protección de los Periodistas, International Press Institute, www.libertaddeexpresion.org, Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación