Como parte de la estrategia nacional de seguridad, se creará la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En conferencia presidencial, señaló que “esta subsecretaría se reforzará con analistas, investigadores de campo, investigadores de gabinete y especialistas técnicos que traduzcan la inteligencia recabada en campo por distintas instituciones en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación; siempre, por supuesto, trabajando en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la República”.
También, Harfuch informó que se fortalecerán otros sistemas de inteligencia y de seguridad pública. “Hemos planteado diversas líneas de acción. Al consolidar el Sistema Nacional de Inteligencia, contaremos con mejores capacidades de investigación para combatir mejor la delincuencia y el crimen organizado. Este Sistema Nacional de Inteligencia permite que la inteligencia naval, la inteligencia militar, inteligencia financiera, se traduzca en productos que se puedan integrar de manera adecuada en productos operables”.
Asimismo, puntualizó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incrementará las capacidades humanas y tecnológicas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para el desarrollo de protocolos de intercambio de información entre diversas instituciones de seguridad y el CNI.
“Por otra parte, vamos a fortalecer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con la implementación de una Academia Nacional de Seguridad, donde se homologuen los planes y programas de estudio, así como para la impartición de capacitaciones especializada para las instituciones locales y federales. Mediante el secretariado se establecerá un sistema de evaluación para las 32 policías estatales cuando sea requerido”.
Finalmente, Harfuch agregó que, para implementar las acciones prioritarias, se desarrollará un modelo de atención integral a los delitos de alto impacto. “Este modelo contempla acciones preventivas, coordinación institucional, acción oportuna de las fiscalías locales para la judicialización de objetivos, vinculación a proceso y mecanismos de control de actividades delincuenciales generadas desde el interior del sistema penitenciario”.
