Las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia discutirán una iniciativa que busca tipificar el delito de anticoncepción forzada y sancionarlo hasta con 7 años de cárcel. El documento señala que es necesario visibilizar que su comisión se da cuando las mujeres son sometidas, sin consentimiento previo o a través de la coacción, al implante anticonceptivo o a procedimientos químicos, sustancias u objetos que evitan la fecundación.

De aprobarse, se reformaría el artículo 67 y se adicionaría los párrafos tercero y cuarto al artículo 51 Bis 2, ambos de la Ley General de Salud; asimismo, del Código Penal Federal se reformaría el artículo 199 Quintus, párrafo primero, y adicionaría un último párrafo al artículo 199 Quintus y el artículo 199 Quintus 1.

Entre las penas presentadas, se propone la suspensión del empleo o profesión del responsable por un plazo equivalente a la condena en prisión impuesta hasta la inhabilitación definitiva. “En caso de que el responsable sea servidor público será privado del  cargo o comisión que haya estado desempeñando hasta el momento”.

La propuesta contempla que “la persona responsable del delito deberá brindar reparación del daño o algún tipo de prestación económica, social o de cualquier otra índole y estas serán aumentadas hasta un tercio”.

Respecto a los cambios a la Ley General de Salud, se plantea que en tratamientos de anticoncepción o esterilización, la autorización deberá otorgarse por escrito y únicamente podrá ser proporcionada por la persona usuaria beneficiaria, previo a su intervención o internamiento.

Tratándose de personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad, añade, “el personal que recabe la autorización deberá explicarles atendiendo a sus condiciones particulares, incluyendo el lenguaje o idioma que comprendan. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, podrán auxiliarse por un intérprete de lengua de señas mexicanas o de persona de su confianza”.

La propuesta fue presentada por la diputada Olga Luz Espinosa, quien subrayó que es “fundamental reforzar las acciones en favor de la salud sexual y reproductiva, siempre garantizando el respeto a los derechos humanos”.

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