Aún con el esfuerzo que han realizado las autoridades penitenciarias en México durante la pandemia de Covid-19, se han observado sensibles deficiencias estructurales –previas a la declaratoria de emergencia sanitaria de la pandemia–, revela un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Agrega que esto ha agravado las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la liberad.
El Informe especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en centros penitenciarios para a atención de la emergencia sanitaria generada ante el virus SARS-COV2 (Covid-19) señala que desde 2016 se identificaron riesgos sobre las condiciones en las que se encontraban las personas privadas de libertad, como el hacinamiento, sobrepoblación, falta de acceso de insumos necesarios y servicios médicos para garantizar condiciones de higiene, aseo personal y de salud.
Realizado por la Tercera Visitaduría General y en estrecha vinculación institucional nacional y local,cita datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019 –que contó con la visita de 203 instituciones penitenciarias (186 mil 149 personas) de las 309 existentes, y que reveló deficiencias en el personal, insuficiencia de actividades laborales y de capacitación, deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, deficiente separación entre los procesados y sentenciados, insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, presencia de actividades ilícitas, sobrepoblación, hacinamiento, deficiencia en los servicios de salud.
Por todas esas condiciones, el Informe señala que durante la pandemia se elevó significativamente el riesgo de propagación del virus SARS-CoV-2. Fue por ello que, el pasado marzo, la Secretaría de Salud y el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) –en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– emitieron el Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 al interior de los centros penitenciarios y se contemplaron dos vertientes de acción: la prevención y la atención de emergencia.
En el Informe, la CNDH considera que las condiciones de vida en los centros penitenciarios del país han sido y son consideradas como un tema de atención comunitaria y por ello, desde el inicio de la pandemia, ha emitido pronunciamientos penitenciarios, ha exhortado a las autoridades sobre la necesidad de mejorar las condiciones para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que incluyan un internamiento digno para que puedan reinsertarse [posteriormente] de manera efectiva en la sociedad.
