El tercer piso del edificio Plaza de la República número 6, la oficina “migratoria de Miguel Shultz 136 y el Campo Militar número 1 son identificados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como las cárceles clandestinas donde agentes del Estado desaparecían forzosamente a opositores a los gobiernos priístas, desde la década de 1950.

“La práctica de la desaparición forzada indefinida o transitoria fue posible a través del uso de lugares de desaparición: lugares geográficos concretos para incomunicar o desaparecer a los opositores políticos por periodos concretos o que su desaparición se extendiese indefinidamente. Los lugares de desaparición de los que hay registro que operaron en la década de 1950 fueron las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad en el tercer piso del edificio Plaza de la República #6, la oficina migratoria de Miguel Shultz 136 y el Campo Militar No.1”, señala en su Informe especial sobre violencia política del Estado.

Agrega que “el Campo Militar número 1 fue utilizado como lugar de desaparición forzada de disidentes y de los cuerpos de aquellos ejecutados extrajudicialmente. El primer dato que se tiene del uso de cremaciones clandestinas en su interior fue en los sucesos represivos del 7 de julio de 1952”, cuando en la Presidencia de la República aún estaba Miguel Alemán Valdés.

Elaborado por la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado Durante el Pasado Reciente, el informe indica que en 1961 el entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, inauguró la cárcel preventiva para reos del fuero federal dentro de esas instalaciones militares. Respecto de la cremación de cuerpos de los disidentes ejecutados extrajudicialmente en el mismo Campo Militar número 1 señala que “está presente no sabemos aún hasta qué fecha”.

Asimismo, recuerda que la Fiscalía Especial de los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado encontró pruebas contundentes en el archivo de Sedena –telegramas que datan de 1974 en Guerrero– del conocimiento, la implicación y la dirección que tenían la Presidencia y el Estado Mayor en las detenciones y traslados de los detenidos al Campo Militar No. 1: en la “documentación consta que el Secretario de la Defensa traía detenidos civiles a la prisión del CM1, y que tanto Echeverría como Moya conocían de estas detenciones”.

Finalmente el informe apunta que la “otra cárcel clandestina que operó durante 1953, de la que no tenemos información hasta cuándo operó, fue la que estuvo ubicada en Miguel Schultz 136, en la colonia San Rafael, a la que llevaban a todos los detenidos de la DFS. Ahí donde mantuvieron incomunicados a líderes henriquistas durante 3 días como medida ‘preventiva’ en contra de una rebelión que se planeaba para el 31 de agosto, y fue igual en los años posteriores, por lo menos hasta 1955”.

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