Al presentar el segundo dato de prueba en contra de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, la Fiscalía General de la República dio a conocer el escrito de denuncia presentada por Santiago Nieto, titular Unidad de Inteligencia el 2 de mayo de 2019, y que consiste en señalar operaciones de procedencia ilícita atribuibles al exservidor público, su hermana Gilda Lozoya y el empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, SA de CV.
En dicha denuncia –fundamentada en el artículo 402 Bis–, la UIF señaló: “es conocido que Emilio L. participó en 2012 en la campaña de Enrique Peña Nieto, y luego en el periodo de transición fue el representante de asuntos internacionales, periodo en el que se hicieron los depósitos [presuntos sobornos] primero de 500 mil dólares, después 1 millón de dólares y posteriormente otro millón de dólares, que equivalía a 34 millones 133 mil 400 pesos, que es el monto del inmueble que se ubica en Ladera 20, interior 11, [colonia] La Retana, Lomas de Bezares, alcaldía Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México; celebrado en Arquímides 16, colonia Polanco Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad de la señora Carmen A”.
La denuncia –leída este día en la comparecencia de Lozoya Austin ante el juez federal José Artemio Zuñiga Mendoza– establece que la offshore “Tochos Holdings era una empresa donde Emilio L. estaba como beneficiario; dicha entidad mercantil recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, banco privado en Suiza. En ese momento, la beneficiaria fue Gilda L., sin embargo, llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban. Pero en lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva”.
Agrega que “a través de Tochos Holding Limited, en 2012 se transfirieron, primero 1 millón 500 mil dólares y después 1 millón 800 mil dólares para la adquisición de la casa. Al respecto, apunta que “llamó la atención que una empresa adquiriera un bien inmueble, dado que no tenía sentido de inversión y no representaba una ganancia para la entidad mercantil, ya que el que sería titular del bien inmueble era una persona que no tiene nada que ver con la entidad jurídica mercantil”.
Y agrega que el 21 diciembre de 2013 se depositaron 60 mil dólares en favor de Emilio L., y otro monto para Carmen A. por la casa de Lomas de Bezares, “por lo que resulta notorio que los recursos adquiridos no provienen de relaciones comerciales, sino de actos de corrupción, con base en una estratagema de triangulación de recursos tanto a nivel nacional como internacional”.
