Cuando los resultados de las urnas son contrarios a la mayoría de los sufragios, hay decepción en los ciudadanos, que degenera en desprecio y enojo cuando nuevamente son convocados a ejercer su derecho y obligación de votar.
El antiguo priismo, con su corporativismo burocrático, sindical y de sus organizaciones obreras, campesinas y de clases medias, movilizaba, con el paternalismo de los subsidios –necesarios en cualquier democracia por económicamente capitalista que sea: ahora mismo la estadunidense echa mano del keynesianismo para intervenir en los mercados y resolver su crisis financiera y de préstamos populares–, a sus beneficiarios, incluso por el método electorero del “acarreo”.
Así legitimó la legalidad de sus elecciones que a veces, dependiendo del candidato presidencial, sobre todo, y de algunos caciques que tenían “carisma”, lograba entusiasmar, hasta que apareció la competencia más agresiva y entonces los salinas y los zedillos dejaron de ser imanes para exhibir a un Partido Revolucionario Institucional (PRI) agonizante con todo y la fugaz irrupción de Colosio, al que el salinismo, arrepentido de su postulación, le quitó la candidatura quitándole la vida.
Salinas y Zedillo –la mancuerna que terminó en desacuerdo– recurrieron descaradamente al abultamiento de los resultados electorales por medio de cientos de trampas. Y se cumplió la sentencia de Cosío Villegas, que “de un desgajamiento del PRI” se tendría una oposición decidida a competir por la sucesión presidencial (consultar el ensayo El sistema político mexicano, de Daniel Cosío Villegas).
Así fue que un priista de la talla de Cuauhtémoc Cárdenas, con un grupo connotado de ese partido, desafió al salinismo y, después, con menos fuerza el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), con la mancuerna Cárdenas-Clouthier, para rematar con las victorias pírricas de Fox y más la de Calderón, cuando éste fue impuesto en la Presidencia de la República a pesar del triunfo arrollador de López Obrador.
La disputa López Obrador versus Calderón logró sustentar considerablemente la concurrencia a las urnas. Al negarse las instituciones a revisar “acta por acta, urna por urna”, se inició el malestar, al menos de la mitad de los votantes que habían sufragado por López Obrador (más de 14 millones) y en vísperas del proceso electoral intermedio del sexenio calderonista, se gestan dos actitudes para enfrentarlo.
Este 5 de julio, la cita es para votar por seis gobernadores, 300 diputados federales, más de 2 mil ayuntamientos (de los 2 mil 486) y legisladores de las 32 entidades del país (que incluye al Distrito Federal, con elecciones para sus 16 delegaciones). No parece existir gran expectación, al grado de que otra vez tenemos enfrente la posibilidad de dos bolas de nieve, si es que sigue expandiéndose el abstencionismo, por una parte, y por la otra el llamado a presentarse en las urnas para anular el voto e incluso estampar leyendas de censura contra el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos.
Ambas posiciones son contrarias a lo que es un Estado de partidos en el contexto republicano de la democracia, por más que éstas sean muy limitadas, porque el manejo autoritario y sin resultados de los dos sexenios panistas, que no han sabido cómo gobernar, pero sí siguen inmersos en la corrupción y abusos del poder, ha impedido que nuestro sistema político vire hacia más democracia indirecta-representativa y que se alimente de la democracia directa, consultando al pueblo con referendos y plebiscitos en asuntos decisivos para la nación.
Se necesita una votación masiva, a pesar de que los partidos, por cuyas siglas sufraga generalmente la ciudadanía y sus candidatos, no ofrecen nada que no sea lo de siempre en un ambiente de total incredibilidad, desdén hacia los políticos y a que el calderonismo, precipitándose al vacío de su ineficacia, antes que atraer, ahuyenta a la participación electoral.
A ese autoritarismo e ineficacia se acogen los gobernantes para alentar el abstencionismo y que la minoría que va a las urnas, dividida, reparta los apoyos, y con el “divide y vencerás”, en la cúpula, se arreglan unos con otros, para dejar en la orfandad a la mayoría de los ciudadanos.
Los que alientan la anulación de las boletas le hacen un gran favor a esos gobernantes y a esos partidos, con todo y que se manifieste el enojo de los votantes y los cuales no salen a la luz pública, ya que se contabilizan como sufragios nulos. No hay más que promover la asistencia de los más de 70 millones de mexicanos en edad ciudadana, para castigar a los partidos que no han cumplido, y darle la oportunidad al que consideren que podría resolver los problemas que más agobian el presente de la nación.
Los panistas han jurado que no se meterán con los vendavales de los mercados (la inflación, el desempleo, el cierre de empresas, la insolvencia de los deudores, etcétera), salvo con el mercado electoral para tratar de “voltear la tortilla” y reencauzar votantes para su causa perdida, ya que ni el foxismo ni el calderonismo tuvieron la capacidad política para maniobrar consecuentes con sus ofertas.
La del “presidente del empleo” se esfumó. No hay que no quiera atraer a los ciudadanos.
Las encuestas, incluyendo las ordenadas por Los Pinos, vaticinan el regreso victorioso de los priistas, aún con sus cargas negativas: Marín (Puebla), Bours (Sonora), Ulises Ruiz (Oaxaca), Herrera Beltrán (Veracruz), Granier (Tabasco). También una caída en las preferencias del PRD (hasta en su coto de caza el Distrito Federal) y el desplome del PAN, que bien puede quedarse como la tercera fuerza, con miras a perder la sucesión presidencial.
Si el abstencionismo aumenta y otro porcentaje decide anular su boleta, entraremos a otra crisis, la política-electoral, que pondría en manos de una minoría la decisión de la elección y con esto el riesgo de lo que Maurice Duverger, en lúcido ensayo, llamó y fundamentó como “la democracia sin el pueblo”.
Es tal el descrédito de la práctica política y sus protagonistas, dado la creciente corrupción (ahora sobre todo panistas, pero también perredista y no menos la priista en los estados y municipios) y su incapacidad e ineficacia para instaurar un mínimo de seguridad por el avasallamiento del narcotráfico, que los ciudadanos consideran anular sus votos o no ir a las urnas en forma masiva.
Y, de pilón, los abusos del IFE y demás funcionarios que se despachan con voracidad en el cobro de sus percepciones, cuando los mexicanos sufren las devastadoras consecuencias del alza de precios, bajos salarios y desempleo que los obliga a reducir drásticamente el consumo, llegando al límite de solamente sobrevivir, cuando no resistir en la miseria, la hambruna, las enfermedades. Así no hay cómo entusiasmar a los votantes: amenaza el abstencionismo, anular los sufragios y dejar para otras elecciones la votación masiva.
