¡Insólito! Lo dijo Felipe Calderón hace poco: la justicia en México se vende al mejor postor. Casi todos lo hemos padecido. Basta encontrarse un supuesto agente del orden o llegar a una delegación. Incluso, hasta para un trámite, hay que entrarle, como dicen los burócratas. En el otro extremo, las elites: recomendaciones, favores, amiguismo y, lo más irritante, la impunidad.
Dos Méxicos son los que se han polarizado hace tiempo, no obstante la reforma política, las comisiones de derechos humanos, las oficinas de transparencia y la simulación mayor: la rendición de cuentas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha regalado estampas de su limitación y parcialidad. En el tema del aborto, hasta la ministra Olga Sánchez Cordero, antigua feminista, se arrugó. Ante las agresiones a Lydia Cacho, la Suprema dijo que las consecuencias contra su persona no fueron graves, lo cual hizo sonreír y continuar la depredación en Puebla de Mario Marín. En Atenco, la represión a los manifestantes fue obra de unos policías torpes y no de Enrique Peña Nieto y Wilfredo Robledo, gobernador y jefe de la policía, respectivamente. Y en Oaxaca, si bien Ulises Ruiz estuvo involucrado en la golpiza y matanza contra sus paisanos, eso no importó en absoluto y dejó en posibilidades a uno de los mayores alquimistas electorales de cometer otras fechorías, por acción u omisión, como los homicidios en San Juan Copala, la represión a los periodistas David Cilia y Érika Ramírez, y la imposibilidad de que la ayuda humanitaria llegue a esa zona triqui.
Pero, ¡caray!, uno esperaría que el asunto de la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, hiciera que los señores mejor pagados de la nación (7 millones de pesos al año) tuvieran mejores argumentos que (re) citar la Carta Magna, sin interpretar las doctrinas modernas.
Ello además porque el documento inicial de los magistrados Rosamaría Mota y Carlos Rozón señalaba que hubo una serie de burócratas involucrados en la tragedia. Fueron negligentes, cuando menos. En igual sentido hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, las coincidencias mostraban que era necesario determinar quiénes eran los responsables de un acto criminal sin paralelo en la historia del país, incluso mundial.
Frente a los mencionados pronunciamientos, las diferentes procuradurías, federal y de Sonora, ni siquiera movieron un dedo. Lo que daba idea clara del amparo a la cúpula del poder. Algo igual que en el priismo más tradicional, ahora en tiempos albiazules.
Cerca del año de impunidad, hubo una reunión en Los Pinos entre algunos de los padres y madres de los fallecidos y Felipe Calderón. Se decretó un día de duelo nacional por los asesinados en Hermosillo. Algo que no se divulgó de inmediato, pero después se supo que el Ejecutivo ofreció indemnizaciones amplias a los deudos y atención médica de por vida a los afectados parcialmente o de por vida por el incendio, más de un centenar de infantes. Hasta el momento, la aceptación de esas propuestas está pendiente, en la mayoría de los casos.
En este contexto, entra el informe del ministro Arturo Zaldívar. Éste plantea algo evidente: los responsables de esta infamia son principalmente Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours.
Al dar a conocer su análisis, el ministro Zaldívar recibió una serie de ataques en medios que aparentemente defendían al que fuera encargado del Instituto Mexicano del Seguro Social y hoy despacha como secretario de Comunicaciones y Transportes, Molinar Horcasitas. Mientras, diversas academias médicas y Guillermo Soberón y Jesús Kumate protegieron a Daniel Karam.
Curiosamente, en varios de los medios donde se criticó y hasta satirizó a don Arturo, no se habló con imparcialidad de un asunto que es trascendente para la vida del país: que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Televisa y socios la fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad para los siguientes 20 años y que seguramente se le dará al consorcio de Emilio Azcárraga y a Nextel una parte importante para realizar lo que actualmente se le designa cuádruple play: voz, imágenes, video y televisión de paga.
Supimos por un abogado prestigioso que, en una emisión del consorcio de Azcárraga, una señora muy reconocida invitó a varios especialistas en derecho constitucional a tratar el asunto, pero la “línea” fue no criticar al secretario de Comunicaciones y Transportes, quien otorga las concesiones.
Juan Molinar y Daniel Karam se dedicaron, jornadas enteras –con goce de sueldo–, a cabildear acerca de su no responsabilidad en el suceso horrendo. Y tuvieron el apoyo, faltaba más, del secretario de Gobernación, el irascible Fernando Gómez Mont.
Por ocho votos contra tres, se desechó que ellos dos y Eduardo Bours fueran responsables. Únicamente se les considera involucrados. Igual que lo hicieron los “Supremos” con Marín, Peña Nieto, Ulises Ruiz y los que vengan.
Nuestro reconocimiento a don Arturo Zaldívar por querer darle sentido moderno al artículo 97 constitucional y no que sea letra impresa muerta y, claro, por su valentía al mostrar que todavía se puede confiar en alguien para quejarse. Y también, en esta ocasión, a doña Olga Sánchez Cordero, que quiso introducir la necesidad de que los particulares que ofrecen un servicio público subrogado también deban involucrarse en la responsabilidad si hay víctimas en un siniestro. Lo mismo que a Juan Silva Meza.
Los más importantes son los padres de familia, quienes no se han rendido y continúan exigiendo justicia, ahora en el exterior al cerrarse las puertas aquí. Su lucha va adelante a pesar de ofrecimientos, incomprensiones, ataques de los medios y burlas de los funcionarios. Un ejemplo claro de que el país no está derrotado.
