En las últimas semanas, la agenda política entre México y Estados Unidos estuvo enmarcada en la probable imposición de aranceles (por la parte estadunidense a la mexicana) por el tema migratorio y, también, en la negociación del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (Tmec) en los respectivos congresos de los tres socios.
Las negociaciones entre México y Estados Unidos culminaron con una declaración conjunta con respecto del tema migratorio y al desarrollo de la frontera sur de México y los países del triángulo norte de Centroamérica, o lo que se conoce desde hace algunos años como la “Frontera del Siglo XXI”, declarada así por el Homeland Security estadunidense.
Aranceles y acuerdo migratorio
El mismo día que el Senado en México comenzó a debatir sobre el Tmec, Donald Trump lanzó una campaña en contra de México si éste no reducía o “hacía algo” para detener el flujo de migrantes hacia Estados Unidos. En este sentido, la contrapartida sería la imposición de aranceles desde un 5 por ciento a un 25 por ciento, con lo que en distintos medios trascendió que “peligraba” el tratado. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador mencionó que se buscaría resolver las diferencias con diálogo y con soluciones pacíficas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareció ante el Senado mexicano, donde mencionó que “se ganó tiempo (45 días) en el que se valorarán medidas que son nuestras” [1]. Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, anunció un listado “políticamente sensible” de productos importados de Estados Unidos para ponerles aranceles como parte de una política recíproca en caso de que se consumaran los aranceles [2].
En varios medios internacionales trascendió que “peligraba” el Tmec, y que con la imposición de aranceles se comenzaría una guerra comercial entre ambos países, a pesar de que el Senado mexicano continuaba evaluando el tratado. La banca internacional declaró que la imposición de aranceles implicaría la recesión de la economía mexicana hacia finales de 2019. Es sabido que el comercio entre ambos países implica para México casi el 80 por ciento de sus exportaciones totales, y que mucho del comercio que se efectúa es intrafirma. Así, los principales productos afectados podrían ser automóviles, autopartes, equipos de cómputo, equipos electrónicos, petróleo crudo, equipos de comunicación, televisores, equipamiento médico y ciertos productos agropecuarios [3]. No obstante, varios congresistas, e incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos, se opusieron a este tipo de medidas proteccionistas contra uno de sus principales socios comerciales, expresando así las contradicciones al interior del gobierno estadunidense [4].
A pesar de lo anterior, la amenaza de Trump tenía también razones de política interna pues, de cara al proceso electoral por la Presidencia en Estados Unidos, uno de los “enemigos comunes” vuelve a ser México, los y las migrantes y Venezuela, por lo que América Latina se encuentra en el centro de la política interna estadunidense. La forma particular de hacer política de Trump [5], vía redes sociales, con la amenaza a sus enemigos o adversarios y con medidas de corte proteccionista, no muchas veces ha terminado en lo que el representante de la Casa Blanca desea. Un claro ejemplo de esto es la construcción del muro fronterizo y la detención de la migración y la imposición de aranceles.
Acuerdo migratorio bilateral
Después de varios días de reuniones de altos mandos de ambas naciones en Washington, el 7 de junio se emitió la declaración conjunta de Estados Unidos y México. En esta declaración México se comprometió a “fortalecer el cumplimiento normativo para detener la migración irregular”, para lo cual se despliega a la recién creada Guardia Nacional en el país, prioritariamente en la Frontera Sur. También se comprometió a desmantelar las organizaciones del tráfico de personas, contrabandistas y sus redes financieras. Por último, y dándole continuidad a uno de los rubros de la Iniciativa Mérida, se comprometieron ambos países a fortalecer la cooperación para el intercambio de información y acciones coordinadas para proteger y asegurar la frontera entre las dos naciones [6].
Por su parte, Estados Unidos acordó expandir y agilizar inmediatamente la implementación de protocolos existentes de protección de migrantes a través de toda la frontera sur, lo que implicaría el retorno de miles de migrantes bajo el pedido de asilo a territorio mexicano para esperar la adjudicación de su reclamo de asilo. En este sentido, México se comprometió a autorizar el ingreso de esos migrantes por razones humanitarias, ofrecerá empleos, atención médica y educación. En caso de que en 90 días no funcionen estas medidas, se evaluarán medidas extraordinarias.
Por último, ambos países reiteran la declaración del 18 de diciembre de 2018 sobre el Plan de Desarrollo Integral, lanzado por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador en colaboración con los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Honduras: 10 años después
En 2019 se cumplen 10 años del golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya, quien fuera presidente de Honduras, inaugurando así una serie de golpes suaves, legislativos y la judicialización de la política [7]. Dicho golpe contó con el apoyo de Estados Unidos [8], y tenía entre sus objetivos cambiar la geopolítica regional en beneficio de los intereses del capital estadunidense y en contra del proyecto de integración regional propuesto por Venezuela. En los últimos 10 años, Honduras militarizó la vida pública, realizó reformas judiciales, continuó con el modelo maquilador exportador y minero, vivió fraudes electorales –uno en 2013 y el último de 2017– avanzó en el proyecto de infraestructura en materia de energía y aumentaron los niveles de explotación laboral, violencia y asesinato de líderes sociales, a la par de la aprobación de medidas de ajuste estructural, como las realizadas recientemente por el gobierno de Juan Orlando Hernández y que desataron una serie de protestas [9]. Estas son algunas de las principales razones estructurales de la migración, la cual se ha incrementado en los últimos años, principalmente en beneficio del capital estadunidense.
Más allá de la forma particular de gobernar de Trump, vía redes sociales, la probable imposición de aranceles en contra de México expresa los contrapesos en el gobierno de Estados Unidos, toda vez que no ha podido continuar con la construcción del muro tal como ha querido, además de un Congreso dividido tras las elecciones intermedias de noviembre de 2018. Por otro lado, expresa también las dificultades existentes para el gobierno de López Obrador ante un incremento en la migración centroamericana. El intento del gobierno mexicano para desmilitarizar la política pública en materia de migración se vio frenada por la administración Trump, pues no hay que olvidar que para esta última, la migración es tema de seguridad nacional en el marco de la Frontera del Siglo XXI. En este sentido, Trump continúa el plan de contención de la militarización y obliga a México a seguir la senda trazada por la Iniciativa Mérida.
Notas
[4] https://www.uschamber.com/tariffs
[5] https://www.celag.org/trump-influencer-derecha-latinoamericana/
[7] https://www.celag.org/wp-content/uploads/2017/03/LawfareT.pdf
[8] https://wikileaks.org/plusd/cables/08TEGUCIGALPA863_a.html
[9] https://www.celag.org/la-permanencia-de-la-encrucijada-hondurena/
Aníbal García Fernández/Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag)
*Maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México
[OPINIÓN] [ARTÍCULO]
