Aún no se ha oficializado un contenido específico en la propuesta de reforma electoral que impulsará la presidenta Claudia Sheinbaum; sin embargo, es altamente probable que se recuperen varias de las propuestas de lo que fue el “Plan A” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en lo referente al financiamiento a los partidos políticos, al desarrollo de las candidaturas plurinominales y al rol del Instituto Nacional Electoral. Todos esos elementos son fundamentales y, efectivamente, el mejor camino es someterlos a una amplia consulta entre los distintos sectores porque esa reforma tendrá efectos relevantes en la reorganización de la política nacional.

En verdad urge una reconfiguración profunda en las tareas de los partidos políticos que se encuentran sumidos en una crisis de representación desde hace varios años. En ese sentido me gustaría abonar al debate con algunas propuestas, que desde mi perspectiva podrían resultar beneficiosas. La primera es que se debe garantizar que las bases militantes de los partidos políticos elijan directamente las candidaturas que se presentarán en los comicios electorales. Hasta el momento son las élites partidistas las que definen la mayoría de las candidaturas, y, la ciudadanía sólo debe contentarse con decidir las opciones que dan los partidos políticos.

Morenaha dado ya un ejemplo interesante con sus encuestas como método de definición de candidaturas, sin embargo, esos ejercicios continúan con mucha opacidad y bajo un control férreo de las cúpulas partidistas. Además, aquellas encuestas no toman en cuenta la opinión efectiva de las y los militantes que sencillamente se quedan mirando. Una opción podría ser que las encuestas sean tomadas en cuenta como un indicador vinculante para la selección de las candidaturas, pero también se podría sumar otro indicador: el desarrollo de elecciones directas de las bases militantes, preferentemente a través de asambleas.

Del PRI y el PAN no se puede ni siquiera hablar porque sus definiciones de candidaturas son simples dedazos provenientes del gran empresariado, como ya atestiguamos abiertamente en 2024, con el papel degradante de Claudio X González Guajardo repartiendo órdenes a direcciones partidistas subordinadas.

Por otro lado, si se reduce el financiamiento a los partidos políticos, entonces podrían flexibilizarse los requisitos para registrar nuevos partidos políticos, porque los que existen hasta ahora resultan demasiado altos y se vuelve casi una Odisea intentar crear un nuevo partido. Hasta el momento las únicas personas que tienen posibilidad de impulsar algo así son las más adineradas, o que tienen un gran conocimiento mediático o quienes cuentan con redes de poder lo suficientemente sólidas como para convocar a miles de personas a afiliarse.

También se ha discutido mucho acerca de cómo transitar de una democracia exclusivamente representativa a una participativa. Si bien es un gran logro poder votar ahora por el poder judicial o llevar a revocación de mandato al cargo ejecutivo, esas medidas, aunque muy valiosas, siguen estando enmarcadas en la lógica representativa. En ese sentido, podría ayudar apostar por la creación de un cuarto poder popular, organizado de “abajo hacia arriba” con comités locales por colonia, pueblo o barrio. Ahí podría generalizarse lo que ya se ha experimentado en la Ciudad de México con el “Presupuesto Participativo”, pero al mismo tiempo, esos espacios también podrían fungir como puntos de encuentro para discutir las problemáticas locales, regionales y nacionales y con ello proponer reformas legislativas o políticas públicas. Aunado a eso, los poderes ejecutivos de los distintos niveles tendrían que estar obligados a reunirse con ellos de manera periódica para consensuar rutas de gobierno y acción pública.

El trasfondo real de la discusión actual tiene que ver con cómo se amplia y profundiza la democracia de una manera que permita que las clases populares realmente incidan en la toma de decisiones públicas y no sean relegadas a la instrumentalización del discurso político, pues lo que debe ser prioridad es incrementar la autonomía del pueblo frente a las clases dominantes del poder económico.

No soy ingenuo, sé que dentro del Estado capitalista, la independencia total entre poder político y poder económico es imposible, sin embargo, sí creo que podría lograrse una mayor autonomía relativa que cuando imperaba la conducción férrea del neoliberalismo. La única forma de disminuir el poder mafioso del bloque dominante es incrementar el poder de las clases populares e incentivar que estas dejen de ser seguidoras y se conviertan en verdaderas decisoras.

El cansancio que provoca el capitalismo todos los días es fulminante porque las personas que trabajan todo el día, llegan a casa y solo quieren descansar, ver una serie en la tele y despreocuparse. El trabajo que carcome todos los días deja poco o nada de tiempo o energía para dedicar a las actividades comunitarias, a la política. Para modificar algo de eso, hay que democratizar al máximo la toma de decisiones de todas las esferas de la vida social, pasando por el trabajo, la familia, las amistades, y desde luego el barrio. Por eso, una pregunta que debe guiarnos es: ¿cómo hacer para que el pueblo realmente ejerza su propia autodeterminación y la democracia deje de ser solo un ejercicio de votación cada 3 o 6 años?

Pablo Carlos Rojas Gómez*

*Doctor en ciencias políticas y estudios latinoamericanos. Investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS-UNAM).

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