Después de semanas de intensas y masivas manifestaciones en Topolobampo, Sinaloa, alrededor de las 4:00 horas del 15 de junio de 2026, integrantes de las comunidades mayo-yoreme de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Ríos instalaron carpas y desplegaron mantas y banderas del colectivo ¡Aquí No! en la planta de amoníaco que construye el grupo suizo-alemán Proman, a través de su filial mexicana GPO.

Asimismo, tomaron de manera pacífica e indefinida el acceso al complejo para impedir lo que consideran una grave amenaza para su área natural protegida, la destrucción de su modo de vida y el desplazamiento de los pueblos originarios. El gobernador indígena y vocero del movimiento, Felipe Montaño Mendoza, afirmó que permanecerán en el sitio el tiempo necesario hasta obtener una respuesta del gobierno federal.

En la bahía de Ohuira se encuentra el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, de importancia internacional y declarado sitio Ramsar. Es hábitat de miles de aves playeras, delfines nariz de botella, tortugas, peces y crustáceos de alta relevancia ecológica y comercial.

No podemos separar la lucha por la soberanía nacional de la lucha por la soberanía local. En todo el país existen numerosos movimientos en los que la población defiende la vida, la tierra, el agua y su derecho a decidir el destino de sus regiones. Un claro ejemplo de esta determinación por defender los intereses de las comunidades frente a megaproyectos nocivos impulsados por capital extranjero se desarrolla en Topolobampo y en la bahía de Ohuira, en Sinaloa.

Después de años de dilaciones, la titular de la Semarnat se presentó en Ohuira el 8 de junio, donde llamó al diálogo y manifestó su disposición para realizar una inspección que permita elaborar un informe actualizado. También planteó mediar con la empresa GPO y prometió evaluar minuciosamente las Manifestaciones de Impacto Ambiental de los tres proyectos previstos para la zona: la planta de amoníaco, las llenaderas y el muelle, con el fin de revisar condicionantes e inconsistencias.

Alicia Bárcena reconoció que se trata de una zona Ramsar y prometió impulsar acciones para estudiar su manejo e inscribirla ante la instancia internacional correspondiente. Sin embargo, sus planteamientos no convencieron a los integrantes del movimiento “Aquí No”, quienes exigen la clausura inmediata del proyecto y la reparación de los daños ocasionados. Argumentan que la planta ya registra un avance de 88 por ciento y ha provocado afectaciones ambientales: se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han destruido manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar.

Son largos años de resistencia en defensa de la bahía de Ohuira, en Sinaloa. La oposición a la planta productora de amoníaco impulsada por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial de Proman AG, crece día con día.

Comunidades y organizaciones rechazan que los intereses de una empresa suizo-alemana se coloquen por encima de los de los pueblos originarios, del medio ambiente y de la biodiversidad de una región que consideran en riesgo. La consigna es clara: la lucha es por la vida y por el territorio. En las últimas semanas de 2026, las movilizaciones en defensa de la bahía han cobrado una fuerza notable.

“¡Aquí no!” es el clamor de los pueblos originarios mayo-yoreme de Sinaloa y de la población no yoreme de la zona, que se considera amenazada por un proyecto altamente contaminante. La planta contempla producir 800 mil toneladas de amoníaco al año y, en una segunda etapa, duplicar esa capacidad.

Si las dos plantas de amoníaco llegaran a construirse y operar a plena capacidad, la producción conjunta podría alcanzar aproximadamente 1 millón 600 mil toneladas anuales. De acuerdo con los opositores al proyecto, esto tendría efectos devastadores para la zona y para las comunidades de Juan José Ríos, Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones.

No se debe ni se puede imponer a una comunidad una planta que conlleva graves riesgos para la salud de la población, así como peligros de explosión o de generación de una nube tóxica, además de daños a la vegetación y a los ecosistemas acuáticos.

El proyecto ha contado, según sus detractores, con la complicidad de autoridades municipales, estatales y funcionarios federales que han maniobrado para favorecerlo. Como parte de ese proceso, realizaron una “consulta indígena” en septiembre de 2022, en la que incluyeron a otras 11 comunidades de vocación agrícola, ubicadas hasta a 45 kilómetros de distancia y fuera del área de afectación directa.

Mediante la entrega de despensas, dinero y una votación a mano alzada, lograron que se aprobara el proyecto. En contraste, la población del puerto de Topolobampo no fue tomada en cuenta, pese a encontrarse a solo 2 kilómetros de distancia. No se consultó a sus habitantes, aun cuando son directamente afectados por la destrucción del manglar y han manifestado reiteradamente su rechazo al proyecto en las movilizaciones recientes. Sin embargo, a la empresa sí le interesa aprovechar la infraestructura de Topolobampo: su ferrocarril, puerto, aeropuerto y cercanía con Los Mochis.

Si se concreta lo que los opositores consideran el golpe definitivo contra la bahía ubicada en Ahome, Sinaloa, podría generarse un proceso de desplazamiento de las comunidades. Quienes permanezcan en la zona quedarían expuestos a riesgos de explosiones, derrames y fugas. Además, el amoníaco sería almacenado y transportado en grandes cantidades, con los peligros inherentes a esas actividades.

Según información de la propia empresa, en una tercera etapa se construiría una planta adicional de metanol. Esta sustancia es altamente tóxica para las personas y puede provocar intoxicaciones graves. Además, es inflamable, sus incendios son difíciles de detectar y los derrames de gran magnitud pueden afectar cuerpos de agua y ecosistemas.

Dicho proyecto fue autorizado en 2014, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que se hubiera realizado una consulta indígena libre, previa e informada, pese a tratarse de actividades de alto riesgo. Además, la consulta efectuada en septiembre de 2022, a la que ya hemos hecho referencia, fue considerada irregular por los opositores al proyecto. Señalan que dicho proceso debió realizarse nueve años antes, durante el gobierno de Mario López Valdez (2011-2016), cuando comenzó la construcción de la planta.

En enero de 2020, durante una asamblea del Consejo Consultivo de la Nación Mayo-Yoreme, el entonces presidente provisional, José Luis Butimea Valenzuela, dio a conocer, en acatamiento al mandato de las comunidades, el rechazo al proyecto. Argumentó que el amoníaco, un gas venenoso, ya ha cobrado numerosas vidas en la región.

Los habitantes de la zona no quieren vivir con miedo ni en un clima permanente de desconfianza. Algunos pobladores ya contemplan abandonar sus comunidades ante la incertidumbre que genera el proyecto. Donde antes prevalecía la convivencia, hoy existen conflictos y divisiones entre los pueblos. Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena, ha denunciado que los opositores al proyecto han sido objeto de amenazas anónimas e incluso del secuestro de una compañera como forma de intimidación.

La empresa alemana sostiene que el proyecto generará empleos; sin embargo, sus opositores señalan que serían poco más de 100 puestos de trabajo y que buena parte del personal especializado sería traído por la propia compañía. A cambio, advierten, se pone en riesgo el sustento diario de alrededor de 4 mil pescadores y se vulneran los usos y costumbres de las comunidades.

La resistencia ha sido constante. El 7 de noviembre de 2022, unas 700 personas marcharon varios kilómetros desde Los Mochis hasta el puerto de Topolobampo. Posteriormente se dirigieron a las instalaciones de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), donde colocaron un gran letrero con la leyenda: “Clausurado”. En la movilización participaron integrantes del pueblo mayo-yoreme, habitantes de la zona, pescadores y defensores del medio ambiente.

La nación mayo-yoreme, con presencia en el sur de Sonora y el norte de Sinaloa, ejerce su derecho a la libre determinación y a la toma de decisiones como pueblo originario, al amparo de los artículos 1, 2, 4 y 27 de la Constitución, así como del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, diversos tratados de derechos humanos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Las comunidades indígenas pesqueras de Paredones, Ohuira y Lázaro Cárdenas también han emprendido una batalla legal para impedir el avance del proyecto. A través de los amparos en revisión 497/2021 y 498/2021, buscan detener la construcción de la planta y lograr la restitución del hábitat natural de la bahía. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de resolución en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En la bahía de Ohuira, las comunidades se han dedicado a la pesca durante más de un siglo, tanto para su sustento como para la comercialización de sus productos. Desde tiempos ancestrales han cuidado los recursos naturales de la región y continúan haciéndolo en la actualidad.

De acuerdo con los opositores al proyecto, la empresa extraerá diariamente millones de litros de agua, lo que implicaría también la captura de millones de larvas y otras especies marinas en etapas tempranas de desarrollo, afectando su reproducción.

Advierten que ello tendría consecuencias para la productividad de la bahía, comprometería el sustento de las comunidades pesqueras y alteraría el equilibrio del ecosistema. Además, sostienen que el agua sería devuelta con mayor salinidad, contaminantes y temperaturas elevadas. Aseguran que mitigar esos impactos requeriría procesos de tratamiento costosos que la empresa no estaría dispuesta a implementar.

Por otro lado, de acuerdo con información de la Convención Ramsar, las lagunas Santa María, Topolobampo y Ohuira albergan 84 por ciento de las aves acuáticas migratorias que pasan el invierno en México. Asimismo, este sistema lagunar cumple una función clave como estabilizador costero, al reducir la energía de las escorrentías provocadas por las lluvias.

Además, el pueblo mayo-yoreme cuenta con concesiones sobre el uso del agua de la bahía. Por ello, sus integrantes sostienen que no puede autorizarse la instalación de una planta de amoníaco que pondría en riesgo la vida silvestre y los recursos naturales de la zona. Consideran que el proyecto pretende avanzar mediante acciones que contravienen el marco legal vigente.

El pueblo mayo-yoreme ha recurrido a instancias internacionales y está dispuesto a defender sus derechos y los de las futuras generaciones. Sus integrantes se asumen como custodios de una herencia recibida de sus antepasados y de un patrimonio que deberán legar a quienes les sucedan. Tras años de resistencia, han logrado frenar desde 2013 el avance definitivo de la planta.

Los opositores al proyecto advierten que, de continuar su desarrollo, podrían verse afectados los manglares y especies de importancia económica y ecológica, como el ostión, el camarón, la almeja y la jaiba. Señalan que la bahía funciona como un criadero natural que debe protegerse, debido a su escasa profundidad –menor a cinco metros en amplias zonas– y a que cuenta con una sola boca de salida. Como referencia, mencionan el caso de una bahía en Trinidad y Tobago que, pese a tener tres bocas de comunicación y una profundidad cercana a los 40 metros, ha registrado impactos ambientales asociados a actividades similares.

La empresa alemana y quienes respaldan el proyecto argumentan que la planta contribuirá a la producción de fertilizantes. Sin embargo, sus detractores sostienen que los fertilizantes químicos pueden generar efectos negativos a largo plazo sobre los suelos, los mantos freáticos, los ríos, lagos y mares. También señalan que su uso intensivo favorece procesos de contaminación que afectan los ecosistemas costeros.

Ante la actual crisis de fertilizantes, diversas organizaciones promueven alternativas agroecológicas producidas en México. Reconocen que los fertilizantes son fundamentales para incrementar la productividad agrícola y garantizar la producción de alimentos; sin embargo, consideran prioritario impulsar insumos que aporten nutrientes, mejoren la calidad del suelo y favorezcan un desarrollo sostenible de los cultivos. En ese contexto, defienden el uso de fertilizantes orgánicos.

Los defensores del proyecto suelen justificarlo por la escasez de fertilizantes derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, sus opositores consideran que esta situación representa también una oportunidad para impulsar a gran escala la producción de fertilizantes agroecológicos en México, elaborados por productores nacionales y orientados a reducir la dependencia de los agroquímicos.

Desde esta perspectiva, se propone fomentar la producción local y regional de fertilizantes orgánicos en todo el país. Estos insumos podrían elaborarse en el campo por pequeños productores, cooperativas, ejidos y unidades familiares, así como en espacios urbanos como parques, viviendas, escuelas y mercados. Los promotores de esta alternativa consideran que la producción de biofertilizantes es un componente fundamental para fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de fertilizantes sintéticos importados.

Las comunidades de Ohuira, Topolobampo, Paredones y otras localidades rechazan cualquier proyecto que ponga en riesgo la captura de camarón, la acuacultura y las actividades de pescadores y cooperativas locales. También se oponen a las afectaciones sobre hábitats marinos, aves, fauna acuática, manglares y humedales, de los que depende el equilibrio ecológico de la región.

Las comunidades también rechazan enfrentar el riesgo de un accidente industrial. Asimismo, expresan su preocupación por el elevado consumo de agua que demandaría la planta, así como por las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al proceso industrial y al uso de grandes cantidades de gas natural como materia prima.

Decenas de organizaciones sociales, colectivos, académicos e intelectuales han expresado su apoyo a la comunidad mayo-yoreme de Sinaloa y se han sumado a la exigencia de cancelar la planta de amoniaco en la bahía de Ohuira. Conforme avanza el conflicto, las movilizaciones han ido en aumento.

Apoyemos a las comunidades mayo-yoreme, a los habitantes de Topolobampo y a las poblaciones de la región. Protejamos el medio ambiente y detengamos la devastación que, a juicio de los opositores al proyecto, provocaría la instalación de la planta. Sostienen que el país no debe repetir esquemas de desarrollo que privilegian intereses corporativos por encima de las comunidades y de los recursos naturales.

Los opositores al proyecto demandan su cancelación en Sinaloa y en cualquier otra región donde pueda generar afectaciones similares. Asimismo, plantean impulsar la producción de fertilizantes agroecológicos y atender de manera inmediata las demandas de las comunidades movilizadas. Consideran que esa es la vía más adecuada para resolver el conflicto con responsabilidad social.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social