En diciembre de 2018, a partir de un contundente giro electoral, en nuestro país se puso de manifiesto una fuerte impugnación a la política económica neoliberal impuesta desde las últimas dos décadas del siglo XX. Con ello se comenzó a ampliar el sentido de las acciones económicas, al ser dirigidas no al individuo –sujeto económico exaltado por la corriente marginalista sobre la que se sustenta el neoliberalismo–, sino a la comunidad y al Estado, entendidos como sujetos prioritarios de la nueva dirección.

Fue así como en el primer piso de la cuarta transformación, el Proyecto Alternativo de Nación –que durante décadas se fue construyendo en nuestro país– se convirtió en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024). Viraje que abrió la posibilidad para que el Estado mexicano definiera sus objetivos, estrategias y planes de acción para el trazado de rutas efectivas dirigidas a alcanzar un desarrollo con bienestar. Y bajo el lema “por el bien de todos, primero los pobres”, se reorientó el gasto público hacia los sectores sociales más pobres e históricamente humillados, haciendo de la política social un eje impulsor del desarrollo. El resultado –de acuerdo con el Banco Mundial, a través de su Programa de Pobreza e Inequidad– fue la salida de 11 millones de mexicanos de una situación de pobreza, entre los años 2018 y 2024.

Ahora bien, dado que ningún proceso de desarrollo económico se lleva a cabo plenamente en el corto plazo, una vez comenzado el segundo piso de la transformación, con la presidenta Claudia Sheinbaum a la cabeza, los retos se amplían. Pues, además de continuar con la política de mayor acceso de la población mexicana a bienes de consumo básico, como es la alimentación, se debe proveer a ésta de bienes necesarios para su reproducción integral. Lo cual implica el fortalecimiento de una estrategia de industrialización nacional dirigida a mantener las condiciones de crecimiento en dos direcciones: una hacia el exterior, a través de la producción manufacturera en el espacio-tiempo global, y otra dirigida al crecimiento hacia el interior del país con base en las formas de propiedad estatal, cooperativas y ejidales, vigentes en nuestra Constitución.

Dada esta nueva estrategia, la propuesta que se presenta en el Plan Nacional de Desarrollo (2025-2030) se trazó en función de la coordinación de los sectores público, privado y social, con miras a la revitalización productiva en diferentes regiones y sectores económicos del país; que a nivel macro, se ven reflejadas en políticas económicas de carácter federal, y a nivel micro con la construcción de un sistema de redes de producción y consumo local.

En la estructura económica en su conjunto, se puede observar que se trata de un cambio complementario (no excluyente) que enriquece a la economía política mexicana, desde el momento en el que se acepta la coexistencia de diferentes formas de producir, a la par que habilita una diversificación de las formas distributivas. Todo esto, bajo el principio de simultaneidad, que permite no sólo operar bajo esquemas de regulación de mercado –a través de la ley del valor–, sino también de regulación estatal.

Al respecto, vale recordar que, de acuerdo con los economistas clásicos, la distribución del mercado opera bajo el principio de igualdad de valores, asumiendo que el valor de una mercancía está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Por lo que, si sumamos la regulación estatal –mediante el uso de mecanismos administrativos legales, dirigidos a la implementación de estrategias de producción social a partir de las condiciones de funcionamiento específicas, y el trazo de una política distributiva de desarrollo integral– se genera otro tipo de distribución, una que tiene como base el valor de uso –es decir, la utilidad que tienen los bienes y productos generados– por encima del valor de cambio –el precio de los bienes y productos generados–. Con ello se tiende a reducir la disparidad de ingresos, ya que éstos no están solo en función de la lógica de la propiedad privada bajo la forma de salarios y ganancias; sino que se recuperan formas basadas en el beneficio, concepto que tiene raíz en el latín “buen oficio” y que hace referencia a ese peculiar orgullo que surgía del “buen hacer”.

En términos prácticos, se incentiva de forma simultánea la micro regulación bajo formas vinculadas con la ley del valor, y también las asignaciones –bajo licitaciones– para la producción en segmentos estratégicos, como parte de un proyecto de planificación económica dirigida por el Estado, sin que con ello se vea comprometida la eficacia de los procesos productivos.

Bajo esta estructura, se pueden atender dos grandes limitaciones que presenta el mercado en materia distributiva: la primera es de alcance, pues, si bien el mercado puede ser un mecanismo eficiente para la asignación de recursos a corto plazo, no ha mostrado la misma eficiencia para el mediano y largo plazo. Esto debido a que, bajo la lógica de recuperación acelerada del capital, los beneficios esperados a mediano y largo plazo se desdibujan, y, como tal, se tienen sectores que no son atractivos para la inversión privada. Una segunda limitación es de función, pues el mercado, al carecer de la capacidad de trazado de directrices distributivas generales, margina sectores que escapan a la lógica de un sistema competitivo, pero que pueden ser de interés general de la sociedad. De ahí que una economía mixta en la que la propiedad pública -gubernamental y no gubernamental- ocupa la posición dominante, contribuye a la activación de estos sectores, sin que con ello se impida el desarrollo de formas de propiedad privadas.

Como se puede apreciar, esta propuesta va encaminada a una mayor participación estatal en temas económicos, pues no se puede seguir permitiendo que sean las élites las que posean la atribución de la planificación económica ya que, con esto, se pone en franca desventaja a las y los trabajadores de nuestro país. Por ello, vale recordar que anteponer el bien social al bien privado es la esencia de una economía plural, opuesta a la neoliberal.

Carolina Hernández Calvario*

*Académica de la UAM Iztapalapa. Estudió la licenciatura y el doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y la maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.

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