La filósofa estadunidense Martha Nussbaum sostiene que las humanidades “sirven para realizar el potencial de las sociedades que luchan por la justicia; y que no sólo nos proporcionan conocimientos sobre nosotros mismos y sobre los demás, sino que nos hacen reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la aspiración de todo individuo a la justicia” [1]. Sirva esta frase de referencia para describir las cualidades de la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), recién presentada ante el Congreso [2] y atacada por algunos medios de comunciación y opositores del actual gobierno de México.

Para esta discusión hay dos preguntas pertinentes: ¿qué propone el Ejecutivo federal en dicha iniciativa para reorganizar la ciencia? ¿Cuáles son sus implicaciones? Si se hace un poco de memoria, en sus inicios la 4T comenzó con una serie de cambios que incluyen nuevos paradigmas en el sector educativo [3] y científico a cargo del gobierno federal. Ello ocurrió desde finales de 2018. Los cambios en este sexenio son impulsados con una nueva visión de apoyo desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) hacia los centros públicos e instituciones de educación superior (IES).

Además, con varias convocatorias lanzadas entre 2019 y 2022 [4] se ha reivindicado una ruta de creación científica, tecnológica y de las humanidades que amplificó la base de beneficiarios en muchos aspectos (becas, posgrados, integrantes al Sistema Nacional de Investigadores), y con una clara vocación social hacia la solución de problemas nacionales prioritarios. Ojo, los gobiernos estatales también tienen obligaciones pero eso se pasa por alto en el debate público.

Otro asunto que tampoco se suele observar entre quienes atacan esta iniciativa de ley es lo que ocurrió en el pasado: en el sexenio de Vicente Fox (diciembre de 2000-noviembre de 2006) se estableció una reforma al sistema nacional de creación científica que hizo cirugía mayor al sistema nacional de investigadores, y abrió la puerta del financiamiento público a las actividades de investigación y tecnologías privadas. Así, el paradigma de los tres sexenios pasados fue la entrega de recursos monetarios a empresas, asociaciones civiles y universidades privadas.

En los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto no se tuvo ningún eje rector del camino que debería seguir la ciencia mexicana, únicamente se fomentaron políticas de entrega de recursos públicos para beneficios privados en el sector de la ciencia y la tecnología.

Sirvan las líneas anteriores para introducir los principales rasgos de la nueva Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que ha despertado –faltaba más– un rechazo en ciertos medios de comunicación y columnas superficiales de personajes que no necesariamente conocen el desarrollo de la ciencia en México y mucho menos su organización.

Una primera cualidad de la nueva Ley de HCTI es su carácter democrático y dialógico para su elaboración. Por primera vez, en México se realizó una serie de consultas a toda la comunidad científica que quiso participar: a todos los integrantes del SNI (Sistema Nacional de Investigadores) se nos invitó –y hubo foros– para proponer y nutrir la iniciativa que hoy se está discutiendo en el Congreso de la Unión, después de un largo consenso que se impulsó gracias a la atinada gestión de la doctora María Elena Álvarez-Buylla Roces en el Conacyt. Una vez que se llevaron a cabo múltiples foros, estudios comparativos, seminarios, discusiones en la Cámara de Diputados (había 47 iniciativas al respecto) y amplios mecanismos de diálogo entre todos los actores, se concluyó con esta propuesta de nueva Ley de HCTI.

La segunda cualidad es su talante humanista, ello a diferencia de lo que ocurrió en gobiernos federales pasados, cuyos criterios de asignación y programas de ciencias –entre 1990 y 2018– hicieron a un lado las humanidades. En los hechos, quedaron fuera de los procesos de apoyo en todos los ámbitos: supresión gradual de las humanidades en la educación básica y media superior [5]; disminución de apoyos directos a los centros de estudios y universidades (por ejemplo, reducción de matrícula y presupuesto en humanidades); falta de apoyos para realizar estudios de posgrado en las áreas de humanidades y ciencias sociales; y disminución en la cantidad de becas. Tampoco existían convocatorias especiales para fomentar grandes proyectos de investigación en las áreas de humanidades. Como es de conocimiento público, el gasto federal fluía a raudales sólo para generar tecnología e innovación en el ámbito privado y sin ningún beneficio público. Ante este panorama, la nueva Ley de HCTI reivindica el derecho humano a la ciencia.

Este derecho es muy importante para el diseño de la política científica porque establece que la ciencia es un bien público al que deben acceder todas las personas y grupos como parte del progreso científico con beneficio social, y con el objetivo de proteger los derechos colectivos y de las generaciones presentes y futuras (artículos 2 y 3 de la iniciativa). Así, visualizar la ciencia como un derecho humano es atribuirle una cualidad de bien público que le permite a los individuos y grupos participar en la educación, el trabajo, la vida política y cultural, y todo ello conduce a la democratización y mejoramiento económico-cultural de los pueblos.

La tercera cualidad de la propuesta es que por primera vez en México existirá un sistema de organización y ecología científica con un objetivo claro: establecer una serie de programas de gestión de la ciencias y articular sus ejes en torno a políticas de colaboración entre instituciones de educación superior. Ello, mediante el acceso abierto de los productos científicos y de divulgación, y con el objetivo de solucionar problemas prioritarios con mecanismos e instrumentos públicos de apoyo.

La iniciativa propone que todas las actividades mencionadas sean a cargo del Estado, primordialmente bajo los siguientes principios: rigor epistemológico, inclusión, pluralidad, equidad, responsabilidad ética, social, y ambiental; no discriminación, interculturalidad, diálogo de saberes, trabajo colaborativo y beneficio social (artículos 6 ,7 y 8).

La cuarta cualidad y rasgo principal de la política científica que propone la iniciativa de la Ley de HCTI es su carácter integral, de largo plazo, plural, participativo, incluyente, transversal e interinstitucional. Lo anterior quiere quiere decir que –a partir de la nueva ley, el Conacyt en alianza con las IES y la Secretaría de Educación Publica agrupará esfuerzos y fortalecerá las instituciones públicas para robustecer el sistema nacional de posgrados, con becas universales para el alumnado; proyectos de investigación, divulgación de la ciencia y mecanismos de acceso universal al conocimiento, tales como repositorios y ecosistemas informáticos; con bases sólidas y de largo alcance.

Es importante subrayar que en México no contamos con un verdadero sistema de organización y gestión la ciencia [6] que agrupe los esfuerzos locales, regionales y nacionales para estudiar los problemas más urgentes de México en todos los ámbitos de las ciencias sociales y exactas, y sobre todo para proponer soluciones a dichos problemas, sin perder de vista la economía o los peligros del cambio climático. Todos esos temas los abarca la nueva ley, e incluso propone impulsar un sistema de transición energética a partir del uso de fuentes sustentables.

En este sentido, en los capítulos I y II de la Sección Primera de la iniciativa se incorpora un Programa Especial de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación para realizar el diagnóstico y análisis en que se encuentran las HCTI en el país y trazar las nuevas políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Dicho programa contempla su homólogo en cada estado de la República, con el objetivo de reactivar los sistemas locales de investigación que hasta la fecha brillan por su ausencia en cuanto a financiamiento y gestión de proyectos de investigación: en algunas entidades sólo existen en el papel.

En los últimos 20 años no se había visualizado un programa de esta naturaleza porque las políticas, apoyos científicos y convocatorias estaban fragmentados y, en su peor vertiente, dirigidos a favor del sector privado. Y aunque el desarrollo científico es una facultad constitucional obligatoria para la federación, en los estados y municipios las políticas respectivas carecían de sistematización. La gran prueba de todo ello es que las universidades públicas han ido cediendo los espacios de gestión científica y los parámetros de medición a criterios del norte global (índices de citación, índices de publicaciones y los dispositivos de evaluación académica, pagos a editoriales internacionales en detrimento de la estructura y calidad editorial de las IES nacionales), que responden meramente a conceptos técnicos que nada tienen que ver con la solución de problemas o necesidades sociales.

La quinta cualidad de la iniciativa es que también contempla el apoyo al sector privado y su colaboración para contribuir al progreso nacional, pero sin que ello implique un cheque en blanco ni falta de reglas para la rendición de cuentas, como sucedió con las transferencias multimillonarias de los sexenios pasados a favor de empresas multinacionales. Debemos ser responsables y cuidadosos al señalar que este apoyo establece la corresponsabilidad del sector privado para que realice actividades vinculadas a la investigación, siempre y cuando los proyectos tengan beneficios sociales. Y es que es imposible dejar de mencionar los miles de millones de pesos del Conacyt que fueron transferidos al sector empresarial entre 2013 y 2018, y cuyos resultados no se ven reflejados en avances científicos palpables a favor del país.

En suma, y volviendo al planteamiento de la filósofa Nussbaum, la iniciativa de Ley de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación por primera vez tiene una visión de Estado para la ciencia en México. Nunca antes se había hecho un esfuerzo legislativo de calado tan profundo ni se habían puesto en las normas los conceptos de bóveda para un verdadero programa científico de excelencia que le devuelva el sentido humanista a la ciencia mexicana en el corto, mediano y largo plazo.

Ante algunas manifestaciones alarmistas sin sustento sobre esta iniciativa –que auguran el “fin del Conacyt”, la “radicalización” de la ciencia– resulta oportuno mencionar que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador cumple con los criterios de racionalidad legislativa, en cuanto a la claridad de su texto, los fines sociales que persigue, su articulación y sistematización coherente con las directrices constitucionales en materia de ciencia, educación y planeación del Estado en torno a la dignidad humana y rectoría económica del Estado. Además, incorpora los estándares internacionales del derecho humano a la ciencia y tiene un sólido trabajo de consenso articulado por la administración de la doctora María Elena Álvarez-Buylla.

Esperemos que el Congreso apruebe la nueva ley de HCTI porque estaríamos ante un verdadero hito que mejoraría en mucho la gestión y sistematización de la ciencia con objetivos de justicia social. Parafraseando a Nussbaum, podemos afirmar que la nueva ley posiciona a la ciencia no sólo en una serie de conceptos técnicos utilizados pasivamente sino que nos ayudaría a definir los objetivos de una sociedad y transformarla.

A cuatro años de la Presidencia de López Obrador, esta iniciativa representa una oportunidad inmejorable para dejar de ser el país que importa de otras naciones la ciencia y carece de política pública articulada y ordenada en torno a las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación de calidad nacional. En suma, se trata de una propuesta que estimulará el crecimiento del pensamiento crítico y la producción científica nacional en beneficio de la sociedad mexicana.

Referencias:

[1] Discurso al recibir el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2012.

[2] Presentada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados el 13 de diciembre de 2022. Véase Gaceta Parlamentaria número 6174-XII.

[3] La reforma de 2019 rescata la importancia de las escuelas normales como las formadoras docentes por excelencia, y con la nueva Ley General de Educación se reorganiza el diseño de los procesos de evaluación y de la nueva escuela mexicana que pone a los maestros y maestras como agentes fundamentales del cambio educativo.

[4] Convocatorias que en el sexenio de Peña Nieto se abandonaron, como las de ciencia básica y problemas nacionales. A diferencia del periodo entre 2019-2021 en que se dieron apoyos de 3 mil millones a 1 mil 232 proyectos y a otros proyectos de infraestructura.

[5] Por ejemplo en los planes de estudio de bachillerato que imparten los Colegios de Bachilleres de los estados y en los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios no se enseñan etimologías, sociología, derecho, antropología ni materias relacionadas con la comprensión de la sociedad humana.

[6] Aunque la primera ley que crea un instituto mexicano de ciencia y tecnología data de 1950, fue hasta la década de 1970 cuando se crearon los primeros centros públicos de investigación con el impulso del Conacyt.

Isaac de Paz González*

*Profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, México. Doctor en derechos fundamentales y libertades públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha. Orcid: https://orcid.org/0000-0002-2267-5629, correo electrónico: [email protected]. Miembro del SNI (2); y de la Society of Legal Scholars y de The International Association of Constitutional Law.

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