El Estado mexicano está totalmente rebasado. En materia de espionaje todo está fuera de control. El gobierno federal y los gobiernos de las entidades de la República son incapaces de siquiera detectar –ya no digamos prevenir o evitar– el espionaje que, fuera de la ley, realizan servidores públicos de los tres niveles de gobierno y empresarios.

No se trata de los viejos seguimientos físicos que aún se hacen a determinados personajes. El espionaje de hoy es total, permanente e invade todos los aspectos de la vida de las personas: familiar, laboral, académico, lúdico, de negocios, cultural, de pareja. Se trata del espionaje digital. Puede dirigirse contra cualquier persona.

Uno podría suponer que es el Estado el que detenta el monopolio de la capacidad de intervenir comunicaciones digitales. No es así. Menos en México, donde el fenómeno ha tomado tintes grotescos. Basta con consultar los dispositivos de espionaje del mercado que, sin ningún tipo de restricciones, se venden a quienes lo solicitan.

“Conozca y recupere de cualquier Iphone y smartphone: Whats App, llamadas en tiempo real, uso de redes, e mails, redes sociales, ubicación gps,  mensajes, contactos, llamadas, toda la información en memoria y mucho más.”

“Espionaje integral de computadoras. El más completo, mejor y más pequeño keylogger del mundo. Disponible en USB y PS/2, tamaño micro; función Fecha-Hora; con internet inalámbrico; funciona para Mac, Windows, Linux. Sólo conéctelo y espíe. No requiere ningún software ni controladores.”

Los anuncios se cuelgan como si se tratara de la venta de útiles escolares o comida. De hecho, el servicio es a la carta. Todo depende de cuánto pueda gastar el cliente y qué actividades de espionaje desee realizar. No hay restricción alguna. Cualquiera puede comprar los equipos y los servicios.

Si hasta hace algunos años estos equipos se vendían tímidamente en algunas calles del centro de la Ciudad de México (la de mayor fama es la del Eje Central Lázaro Cárdenas, dentro y en las inmediaciones de la Plaza de la Computación), hoy el comercio es totalmente abierto, cínico. Los pagos incluso pueden concretarse en bancos y tiendas de autoservicio y esperar el equipo cómodamente en casa.

El número de empresas que se dedican a comercializar este tipo de equipos y a proveer estos servicios es indeterminado. El asunto es que estas actividades terminan por representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de las personas y también de las instituciones. A diario actores individuales adquieren la capacidad de afectar potencialmente la seguridad pública y, en algunos casos, la seguridad nacional. ¿Cuántos de estos equipos acaban en manos de políticos que buscan desprestigiar y aplastar a un rival? ¿Cuántos en las de empresarios que buscan sacar ventajas frente a sus competidores o beneficiarse ilegalmente de información privilegiada? ¿Cuántos en las de los cárteles del narcotráfico y otras expresiones de la delincuencia organizada?

Se trata ya de un fenómeno generalizado que viene a trastocar aún más el funcionamiento de los sistemas político, financiero y económico de México.

Los gobiernos de los estados, lejos de combatir estas actividades, participan de manera entusiasta. Contratan “servicios de inteligencia” que facturan bajo cualquier concepto.

Es un asunto de negligencia e incapacidad. Pero no sólo. También es un asunto de legislación. Las propias leyes no contemplan esta nueva realidad y para nada regulan estas actividades. Es verdad que prohíben el espionaje entre particulares y también el que se realiza por parte de agentes del Estado si no es autorizado por un juez; pero fácilmente se les puede burlar.

Tan sencillo es adquirir los equipos y tan alta es la demanda que se ha consolidado un mercado en auge, con una diversidad de software y programas informáticos para la intervención de computadoras y teléfonos inteligentes. Con esa información se crean perfiles de conducta, actividades, tendencias e intereses de las personas espiadas, secretos industriales, contraseñas, códigos de acceso a cuentas privadas…

El asunto es que en el Código Penal Federal se establece como grave delito la comisión de espionaje. Pero no sanciona a quienes venden o compran equipos o servicios destinados al espionaje. Un sinsentido. Por ello México se ha convertido en uno de los mayores compradores de equipo espía. El vacío legal es evidente.

En el Senado de la República se encuentra una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, todas en materia de seguridad cibernética. Fue presentada por el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, quien es integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, presidente de la Comisión de Reforma del Estado y secretario de, entre otras, la Comisión de Justicia,

A decir del legislador, el objetivo de esta iniciativa es que “el Estado mexicano desincentive esta práctica creciente en nuestro país”. Se busca que no sólo se castigue el espionaje sino la venta, compra y posesión de equipos que lo hacen posible.

Los intereses que se oponen a cancelar estas actividades ya son poderosos. Y mientras más pase el tiempo, adquirirán mayor poder aún. El Gran Hermano, de George Orwel palidece frente a la multitud de hermanos vigilantes, cínicos e impunes.

Zósimo Camacho

[BLOQUE: OPINIÓN][SECCIÓN: ZONA CERO]