El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó a todos los servidores públicos federales un documento fechado el 24 de noviembre de este año, en el que manifiesta que “el principal problema de México es la corrupción” y que, lamentablemente, no se constriñe a la evasión fiscal, el fraude, el desvío de recursos, entre otras prácticas criminales. Mismas que antes de la llegada de la Cuarta Transformación (4T), difícilmente se visibilizaban y menos aún se castigaban. En esta misiva les dice a todos los empleados federales que: “…los objetos, piezas, muebles, artefactos, máquinas, obras de arte y documentación que se encuentran en lugares públicos administrados por la Federación y ustedes usan, en algunos casos para la realización de su trabajo, son propiedad de todos los mexicanos”. Es así, que todo servidor público del gobierno, es decir, de cada una de las dependencias que operan con dinero público son los destinatarios de esta carta: desde el encargado de la limpieza hasta el más alto directivo; en suma, todos aquellos a los que con nuestros impuestos les pagamos por que realicen su trabajo.

Sin embargo, por el resto del contenido del documento, el mensaje tiene énfasis para aquellos empleados federales que por las características de su trabajo tienen la encomienda de proteger los bienes culturales y naturales de la nación, ya que les dice: “…llamo la atención de ustedes sobre el vastísimo e incuantificable patrimonio que se encuentra en reservas naturales, edificios, museos, casas de cultura, plazas públicas, parques, monumentos y zonas arqueológicas que, junto con algunos acervos o fondos documentales, archivos, bibliotecas y otro tipo de bienes muebles e inmuebles, también son patrimonio de todos los mexicanos”.

Por lo tanto, al ser nuestro patrimonio cultural y natural la materia de custodia, estudio, difusión o cualquier otra actividad que los empleados federales realicen, ellos nos deben rendir cuentas a todos y cada uno de los mexicanos, pues trabajan con algo que es nuestro y que además está protegido con fundamento constitucional por la fracción XXV del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso del patrimonio cultural integrado por “vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional”; y que, en lo particular está protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. En el caso del patrimonio natural está referido en el párrafo III del Artículo 27 de la Constitución, del que ya se han desprendido leyes integrales que legislan todo lo referente a este aspecto como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Y en ambos casos, nuestro patrimonio está además protegido por diversas leyes, tratados y acuerdos nacionales e internacionales que han sido firmados por México.

Dice el primer mandatario: “Es corrupto aquel que daña, descuida, sustrae o vende cualquier bien nacional y permite, como ha sucedido recientemente, por ejemplificar, que casas subastadoras particulares de México y del extranjero, rematen nuestro patrimonio”. Y debe saber el presidente que los recientes acontecimientos de la venta de piezas arqueológicas mexicanas en Alemania, no son los únicos actos delincuenciales derivados de la corrupción que dañan y han afectado a nuestro patrimonio cultural. Las afectaciones a los bienes de la nación se dan también en nuestro territorio, ya sean causadas por criminales dedicados al tráfico de piezas arqueológicas y artísticas; así como por vándalos que dañan el patrimonio monumental histórico, como ya se ha hecho costumbre en las manifestaciones feministas a lo largo del país.

Por otro lado, recientemente ha quedado evidenciado el proceder de altos administrativos e investigadores de institutos académicos federales que operan con recursos públicos y que ha dañado a los bienes de la nación, como en el caso de los científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) involucrados en el desvío de millonarios recursos económicos y de bienes muebles e inmuebles adquiridos con dinero del erario. El presidente debe ser informado de que esos investigadores y académicos no son los únicos involucrados en acciones que han dañado o destruido al patrimonio nacional. Los casos de daño patrimonial mexicano son cuantiosos y no importa la magnitud de la estructura piramidal afectada, el tamaño de la pieza arqueológica vendida, el valor monetario de la obra artística robada, la dimensión de la avería o saqueo perpetrado a un pecio (barco hundido), o si el daño fue causado con intención criminal o por negligencia en el ejercicio de la profesión; al final y de acuerdo al presidente y a las leyes nacionales e internacionales vigentes, el daño al patrimonio cultural de la nación es un delito. En el Título Cuarto de nuestra Constitución, en sus artículos 108 y 109, están contempladas las responsabilidades de los servidores públicos, particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial al Estado.

No cabe duda que la revolución social y pacífica que hemos emprendido millones de mexicanos al impulsar la 4T no sólo alcanza a los ámbitos político, social y económico. La bandera de este gobierno es el combate a la corrupción y como lo ha manifestado López Obrador, esta batalla se libra en todos los frentes; y hoy, con la carta del presidente, queda claro que esta revolución castigará los actos de corrupción que se ejerzan en el manejo del patrimonio de los mexicanos, con especial énfasis en los delitos que cometan los empleados de la nación que trabajan y viven del patrimonio cultural que a todos nos pertenece, pues así lo ha señalado: “El gobierno y todos los servidores públicos tenemos la obligación de conservar, preservar y defender nuestro patrimonio cultural e histórico. Una acción en contra de esta política de Estado no sólo es un delito sino un acto de deshonestidad”.

El presidente ha dicho en su misiva que: “El gobierno de México reitera que se castigará con base en la ley a cualquier empleado federal que incumpla con estas normas y que será señalado públicamente por incurrir en estas prácticas ilegales e inmorales que han permitido negocios privados con los bienes de todos los mexicanos”. Es así que, en adelante los empleados federales, esos que trabajan para el pueblo de México, que son los responsables de preservar e investigar nuestro patrimonio cultural y natural estarán bajo estricta observación, no sólo desde la Presidencia de la República, o desde las diversas Secretarías del Estado o de los institutos culturales, artísticos y científicos nacionales. También deberán ser escrutados a fondo por el periodismo, cuya responsabilidad en este tenor es una obligación del oficio por el compromiso social de la profesión. Y cada uno de nuestros empleados nacionales que incurra en un delito contra el patrimonio de los mexicanos será señalado públicamente, y esa no debe ser una prerrogativa del presidente, las autoridades competentes en la materia, o los periodistas; señalar un delito contra el patrimonio cultural o natural de México es una responsabilidad y un derecho de todos los mexicanos como está establecido en nuestra Carta Magna en el Artículo 109, que incluye la prerrogativa a titulo personal de llevar la denuncia a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

López Obrador se ha comprometido en su carta a que publicará un decreto en el que se especifiquen los ordenamientos jurídicos que se violan cuando se actúa de manera deshonesta en el manejo de los bienes de la nación. Y finaliza la misiva con un exhorto, que no debe limitarse a los empleados federales, sino que debe ser extensivo a toda la población: “los invito a cuidar y proteger el legado de milenios que nos han dejado nuestros predecesores y a hacer conciencia del valor y riqueza de cada pieza, por más pequeña que parezca, que tiene para seguir mostrando al país y a otras naciones la grandeza de México”.

Es así que por más pequeño que se considere el daño ocasionado al patrimonio de México, así haya sido causado por criminales profesionales, por delincuentes de ocasión, por académicos de relumbre o por profesionales negligentes: administrativos, investigadores o custodios de nuestra riqueza cultural y natural, todos estamos obligados a denunciarlo públicamente y ante las autoridades correspondientes, pues un delito contra los bienes de la nación es un crimen contra todos los mexicanos.

Roberto Galindo*

*Maestro en ciencias con especialidad en exploración y geofísica marina; maestro en apreciación y creación literaria

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