El 18 de marzo pasado, la celebración por la expropiación petrolera –que llevó a cabo el expresidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938– no pudo ser más falsa y llena de símbolos equívocos.

Enrique Peña Nieto insistió en que el Estado continuará siendo dueño de Petróleos Mexicanos. Algo que es absurdo si sabemos que vienen la reglamentación energética y la entrada de inversión extranjera al máximo. Pero si no fuera así, el horroroso caso de Oceanografía muestra el saqueo, los fraudes y el aprovechamiento del petróleo por empresarios tramposos, políticos totalmente desprestigiados (como Vicente Fox, Marta Sahagún y Felipe Calderón, entre otros), hijos de papi, funcionarios en activo o que han pasado a la iniciativa privada y sindicalistas impresentables.

Uno de éstos últimos, a quien se dice lo relevarán de su posición de secretario general porque no defiende obreros sino que engorda la cartera de sus hijos, Carlos Romero Deschamps, dijo muy orondo: “Las vacaciones, sueldos y prestaciones de los petroleros son por la lucha histórica de los trabajadores, no por negociaciones extrañas” (sic con antifaz). Y remató: “Frente a la reforma energética, responderemos con más dedicación y ahínco” (Reforma, 18 de marzo de 2014). Lo que muestra la desfachatez al cubo y el apoyo de funcionarios que solapan a depredadores del patrimonio nacional.

En el Distrito Federal hubo una marcha encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas para oponerse a la privatización del llamado oro negro. También diversas fuerzas de izquierda, fragmentadas por intereses grupales, protestaron contra la embestida neoliberal que tiene como fines la ganancia máxima, la destrucción de la naturaleza y el desempleo para la mayoría, a excepción de unos cuantos técnicos.

Ese mismo 18, la organización Artículo 19, por medio de su presidente, Darío Ramírez, presentó su Informe anual acerca de la situación de los periodistas en México (Animal Político, 18 de marzo de 2014). El documento no puede ser más desolador acerca de lo que ocurre en ese gremio.

En 2013 fueron agredidos 330 informadores (casos documentados): 59 por ciento más que 1 año antes; seis de cada 10 agresiones las realizaron funcionarios públicos; 39 medios de difusión sufrieron ataques en sus instalaciones.

El 64 por ciento de estas acometidas ocurrieron en cuatro estados: 14 en Coahuila, cinco en Quintana Roo y en Durango, respectivamente, y cuatro en Veracruz.

Vale la pena insistir que durante el gobierno de Javier Duarte, en tierras jarochas, han asesinado a 10 tecleadores. Y éste, por cierto, fue el anfitrión de Peña Nieto para la celebración del 18 de marzo. Obviamente los dos mencionados se abrazaron y luego lo hicieron con Romero Deschamps, como si nada ocurriera ni existieran serios problemas qué resolver. Incluso el asesinato de dos veracruzanos 1 día antes.

No importó que cada 26 horas y media un reportero sea agredido.

De 50 homicidios de periodistas (las cifras son del Informe de Artículo 19), 29 están si saber quién los efectuó, 20 son del crimen organizado y uno de un servidor público.

Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila son los estados con más tecleadores abatidos.

Resulta preocupante que en el Distrito Federal empiecen a darse signos de represión. Ello ha ocurrido el 1 de septiembre, el 2 de octubre y el 1 de diciembre del año pasado. En el primero de ellos fue herido Juan Francisco Kuykendall, quien falleció el 25 de enero de 2014. Uno de los mencionados como parte de esta represión es quien renunció hace poco como comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, a quien se le ha querido destacar como el “policía modelo”, aunque ya sabemos que tiene mucha tela de donde cortar para hacerle un rosario de agresiones.

Darío Ramírez señaló que es realmente inefectivo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación. Curiosamente, unas horas antes había renunciado Juan Carlos Gutiérrez, jefe de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, también de la Secretaría de Gobernación.

Claro, también existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una parecida en el Distrito Federal, otra más de apoyo a los periodistas en la Cámara de Diputados y otras. De todas ellas no hay ni resultados serios ni condenas a fondo de los ataques a informadores. Sabemos, empero, que de 2003 a 2013 han desparecido 18 de ellos.

Hay otros asuntos de trascendencia. Uno de ellos es que en Puebla, el gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, está literalmente matando a los medios impresos, ya que no le da publicidad más que a tres, sus consentidos; en tanto, importantes diarios como La Jornada de Oriente, están en situación crítica.

Algo similar ocurre con revistas “incómodas”, notoriamente Contralínea, la primera en denunciar lo de Oceanografía y la relación con los hijos de Marta Sahagún: Jorge y Manuel. En esa misma situación de castigo se encuentra Proceso.

Sabemos, asimismo, del caso de un famoso periodista que salió de la televisión por insistir que el secuestro en México iba en aumento.

Recientemente, el semanario Zeta investigó y documentó que en los 14 meses de Enrique Peña Nieto van 23 mil muertos, cifra que para Miguel Osorio Chong y Monte Alejandro Rubido es menor, aunque ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo en el total de víctimas.

Por eso tiene razón el poeta Javier Sicilia: “un gobierno que no puede dar cuenta de sus víctimas es un gobierno que comienza a tener complicidades muy graves con el crimen organizado” (Proceso, número 1950).

En el Estado de México –antes con Peña Nieto y ahora con Eruviel Ávila–, el crimen hace cada vez más de las suyas.

Por lo tanto, una cosa son las ficciones de que “vamos muy bien” y otra, la realidad que estalla por todas partes.

*Periodista

Contralínea 379 / 30 de marzo al 5 de abri