Después de haber sido engañadas, secuestradas, robadas, torturadas, asesinadas brutalmente y sus cuerpos desnudos abandonados en la vía pública, las periodistas Yarce –quien fuera colaboradora de esta publicación– y González Trápaga vuelven a ser víctimas de sus ejecutores, un grupo de mafiosos asesinos que con sus declaraciones las agraden una vez más al manchar su reputación y honor. Con su solo dicho y sin prueba alguna, pretenden involucrarlas en crímenes del narcotráfico.

En este clima de agresiones y de manera perversa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal –que encabeza el precandidato al gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera– filtra a Reporte Índigo parte de la averiguación previa que aún está en proceso de investigación, y que hasta ahora sólo ha llevado a la captura de tres presuntos responsables del doble feminicidio.

Éstos delincuentes ni siquiera han sido consignados ante las autoridades judiciales (apenas están en calidad de arraigados) mientras sus cómplices siguen en libertad. Así, la filtración de una parte del expediente no puede tener otro propósito que agraviar doblemente a las víctimas. Esta vez el responsable es el Ministerio Público, quien tiene la obligación legal de guardar la confidencialidad del proceso de investigación. Al entregar la información para que ésta se difunda masivamente, la procuraduría capitalina comete un delito grave que no podemos soslayar y que ofende el honor y el prestigio de las dos mujeres victimadas.

Reporte Índigo y su reportera Icela Lagunas se prestaron a la difamación contra las víctimas, al publicar información parcial y sin ningún rigor periodístico. Tanto la publicación como la periodista están obligadas por la ética y la responsabilidad profesional a contrastar y verificar cada una de las acusaciones de las que hicieron eco, y que ponen en duda el nombre de las colegas asesinadas. Y si bien ambas mujeres ya no pueden defenderse de los señalamientos, Reporte Índigo y la reportera tenían opciones para conocer la verdad y dar cabida a la réplica en el mismo espacio y en el mismo momento de la difamación.

Pudieron entrevistar a los familiares de las víctimas; a sus compañeros de trabajo (el equipo de Contralínea siempre ha estado dispuesto a colaborar); investigar diligentemente la forma de vida de Marcela Yarce y Rocío González, así como sus ingresos y egresos; solicitar a los filtradores de la Procuraduría General de Justicia copias de los estados financieros de las cuentas bancarias de las víctimas, donde se demuestra que ambas vivían modestamente y de acuerdo con sus percepciones laborales. En eso no hay nada que haga creer que realizaban negocios sucios.

Motivada por esta nueva agresión, Contralínea presentará una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y quien resulte responsable por la filtración ilegal de un fragmento del expediente de investigación, utilizado para denigrar la imagen pública de las víctimas y poner en riesgo el proceso judicial que se les sigue a los victimarios.

Después de conocer de viva voz del procurador Miguel Ángel Mancera que no había elemento alguno para sospechar siquiera que las dos periodistas tuvieran relación con algún negocio ilícito de sus victimarios, sorprende que la filtración de información fuera sólo del señalamiento de los asesinos en contra de las dos mujeres y que no se entregara también la información financiera, fiscal y de la forma de vida que confirma la honestidad de Marcela y Rocío. Exigimos justicia y que se deje de manchar el nombre de las periodistas asesinadas.