El gobierno de Enrique Peña Nieto deja a las Fuerzas Armadas Mexicanas en la peor crisis de su historia. Para ser justos, tales saldos no sólo son responsabilidad de él. Felipe Calderón es el otro gran artífice del trance que hoy viven el Ejército Mexicano, la Armada de México y la Fuerza Aérea Mexicana.

No se trata de una crisis económica: el presupuesto para los militares mexicanos creció exponencialmente en los últimos sexenios. Es más profunda y tiene que ver con el proyecto de país que se impuso desde la década de 1990. Se trata de una crisis de identidad.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas sufren una transformación inacabada. Hoy, al interior del país, son una especie de policías de elite tratando de combatir a la delincuencia organizada y reaccionando ante delitos de alto impacto. Y hacia el exterior viven un proceso de integración subordinada al Comando Norte de Estados Unidos.

Los militares mexicanos no se sienten cómodos ni en un escenario ni en el otro. Pero, al final, la doctrina militar y la estructura castrense se ha ido adaptando a tales funciones.

La incertidumbre del generalato y el almirantazgo no es menor. Los actuales mandos superiores ya son hijos de este esquema ideológico impuesto por las elites que han venido gobernado el país. Y ahora no saben qué viene para ellos. El mensaje de quienes asumirán el Poder Ejecutivo federal a partir del 1 de diciembre es que las Fuerzas Armadas Mexicanas están en el error. Ya no harán lo que hoy hacen. Ni al interior ni al exterior.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que la actual estrategia de lucha contra el narcotráfico ha fracasado y que su gobierno lo combatirá de otra manera. Precisamente, las dos últimas administraciones han hecho de la lucha contra el narcotráfico la principal tarea de las Fuerzas Armadas: la razón de ser de que estén desplegadas en todo el territorio nacional, de los incrementos en sus presupuestos y del crecimiento de su tropa y marinería.

Pues bien, esa tarea ya no podrá ser más su leitmotiv. Tendrán que regresar a sus cuarteles, así sea de manera gradual mientras se crea la Guardia Nacional y se (supuestamente, ahora sí) profesionalicen las policías.

Lo militares mexicanos regresarán a sus cuarteles con más penas que glorias. Todo ejército expuesto a contacto con la población sufre, de manera natural, un desgaste. Pero aquí el costo será mucho más alto que un simple “desgaste”, toda vez que tanto soldados como marinos se vieron involucrados en crímenes de lesa humanidad: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura y vejaciones. Por más propaganda que se difunda a través de los medios de comunicación, los militares mexicanos dejarán las calles con menos prestigio que con el que salieron.

Para profundizar la crisis y la incertidumbre, hay que sumar la desaparición del Estado Mayor Presidencial. Este cuerpo de elite integrado por militares de las tres Fuerzas Armadas se encarga de proteger al presidente y a su familia (y a los jefes de Estado extranjeros que visiten el país). Pero no sólo. También realiza actividades de inteligencia y contrainteligencia y lleva la agenda del mandatario. Estas tropas se reintegrarán a sus armas de origen y se disolverá este Estado Mayor.

Tal determinación no es sencilla. Trastocará las funciones, doctrina y estructura de las tres Fuerzas. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) tendrán que reasignar a quienes integran los comandos, batallones, compañías, escuadrones y grupos del Cuerpo de Guardias Presidenciales (del Ejército), el Batallón de Infantería de Marina de Guardias Presidenciales (de la Armada) y el Grupo Aéreo de Transportes Presidenciales (de la Fuerza Aérea): más contrariedades para quienes se encarguen próximamente de las dos secretarías castrenses.

El “Día del Estado Mayor Presidencial”, decretado por Peña Nieto apenas el 18 de febrero de 2013, quedará como una anécdota más del sexenio.

Al exterior, parece que los militares mexicanos pisarán freno en la carrera desbocada que llevaban para integrarse a la agenda estadunidense. Según quien asumirá Presidencia de la República en unos meses, la política exterior mexicana volverá a ser juarista (más específicamente, readoptará la Doctrina Estrada): estará en contra de la intervención en asuntos internos de otros países, no andará calificando la legitimidad de los gobiernos y buscará solucionar sus propios problemas antes que “ayudar” en los ajenos.

Tal determinación de política pública podría chocar con lo que han venido haciendo los militares mexicanos en los últimos años: integrándose cada vez más en ejercicios militares con Estados Unidos y los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Y algo más: ¿se suspenderá la participación de militares mexicanos en misiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)? Según las directrices de la próxima política exterior, todo parece indicar que así será.

Los cascos azules mexicanos hicieron su debut en este sexenio. La participación de México iba tan en serio que hasta el gobierno de Peña Nieto mandó construir el Centro de Adiestramiento militar para las tropas de soldados, marinos y policías que se integren a las Operaciones de Paz de la ONU. Hasta la fecha, tal “edificio inteligente” se mantiene en la opacidad. No se sabe cuánto ha costado a los mexicanos.

Incluso la actual administración creó para este asunto un Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Veremos si, en efecto se acaba la aventura de los cascos azules mexicanos y qué uso le darán a las instalaciones recién construidas.

Fragmentos

El mixe Adolfo Regino encabezará próximamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (o como se le llame de ahora en adelante). En sus primeras declaraciones ha señalado que se enviará un proyecto de reforma a la Constitución para establecer una nueva relación entre el Estado mexicano y los indígenas, “basado” en los Acuerdos de San Andrés. Estaremos atentos a lo que se proponga y se apruebe. La actual legislación también dice estar “basada” en tales Acuerdos. Autonomía y respeto a sus derechos y cultura es lo que reclaman las naciones, tribus y pueblos indígenas.

Zósimo Camacho

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