Hablar de militarismo en el Continente Americano implica responder una pregunta: ¿cuáles son las causas por las que las Fuerzas Armadas de un Estado adquieren mayor influjo que los ciudadanos y la propia ley?
En este caso particular existe una primera razón de tipo histórico: las relaciones con Estados Unidos y su apoyo histórico a las camarillas castrenses.
Si bien en el momento actual Washington dedica atención al Estado Islámico y a la contención de potencias como Rusia o China, no se resiste a ver en América Latina sino su traspatio.
Especialmente le preocupa el poderío creciente de Brasil, una de las potencias del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), las relaciones de Venezuela con Rusia y las inversiones y el influjo galopante de China en América del Sur.
Los tiempos en que Estados Unidos desplegaba grandes contingentes de tropas en la región quedaron atrás –explica Noam Chomsky en un artículo publicado en el sitio en internet Rebelión–, pues hoy apenas mantiene 2 mil uniformados en todas sus instalaciones y en algunas bases estratégicamente repartidas.
Existen cerca de una veintena de estas instalaciones en toda Latinoamérica, principalmente en América del Sur.
Pero este reducido número de fuerzas se debe a la proximidad del territorio estadunidense con sus vecinos del Sur, lo cual no hace necesario desplazar excesivo número de soldados por el Continente para posibles acciones.
Desde los siete enclaves estadunidenses en el territorio de Colombia, los servicios de inteligencia de la nación norteña controlan el espacio aéreo y las comunicaciones de todo del Continente, según explica un informe publicado en la revista Foreign Affairs Latinoamérica.
Gracias a esas instalaciones, además, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos podrían, eventualmente, acometer una operación militar de gran envergadura en cualquier país del Continente, por lo cual mantienen los aeropuertos y puertos contratados con Colombia en capacidad de albergar tropas y pertrechos, incluida la labor de 800 especialistas permanentes de la Secretaría de Defensa.
Colombia es, además, el tercer receptor de ayuda económica y militar proveniente de Estados Unidos, a través del plan homónimo. El presupuesto de éste asciende a 7 mil 500 millones de dólares, asegura la página oficial del Departamento de Defensa.
Sin embargo, el as bajo la manga de la estrategia estadunidense para América Latina –según explica el Cubadebate– es el Comando Sur, en especial su fuerza de choque más poderosa: la IV Flota.
El Comando Sur despliega –a la manera usual de otros mandos regionales de Estados Unidos– componentes de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas: Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines y Ejército.
Los acuerdos para reactivar la IV Flota, en cambio, se dieron sospechosamente al poco de conocerse la decisión del gobierno ecuatoriano de no renovar el tratado que permitía a Washington utilizar la base militar de Manta, la más importante de Suramérica.
Este pacto expiraba en noviembre de 2009 y dejaba a Estados Unidos sin bases operativas de grandes dimensiones en América del Sur.
Industria y gasto militar
Otra razón que ha impulsado el militarismo –de acuerdo con un informe publicado por el barcelonés Centro de Estudios para la Paz– han sido los conflictos existentes entre las naciones de la zona, resultado de diferencias políticas, económicas y culturales que se remontan a los albores de la independencia americana.
Los diferendos entre Chile y Perú, o entre Chile y Bolivia, han clasificado dentro de esta tipología. Estas naciones se han enfrentado en más de una ocasión desde el siglo XIX, y por esta causa aún mantienen disputas fronterizas.
La sospecha y el nacionalismo son las justificaciones para que tales Estados eroguen importantes sumas cada año con el propósito de mantener ejércitos poderosos.
Chile, por ejemplo, dedica el 3.5 por ciento de su producto interno bruto (PIB) al sector militar: industria, sueldos, mantenimiento de armas, compras en el extranjero, entre otros gastos.
Según informes de la Organización de las Naciones Unidas sobre los estándares internacionales en gasto militar, se recomienda que éste no supere el 1 por ciento del PIB. Además, sobrepasar el 2 por ciento implica convertirse en un país militarizado y, si las erogaciones sobrepasan el 4 por ciento, tal Estado debe considerarse una nación altamente militarizada.
Según el Anuario 2014 del Stockholm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), los gastos militares de los países de América del Sur llegaron en 2013 a 67 mil millones de dólares, un aumento del 1.6 por ciento en comparación con el año anterior.
Este tipo de gasto impulsa todo el espectro económico militar, es decir, el mantenimiento de las Fuerzas Armadas y la compra de armamentos.
En el caso de países con industrias militares como Brasil, Argentina y Chile, implica dedicar importantes sumas al sueldo de ingenieros y especialistas, al desarrollo de nuevas tecnologías de producción, y a la reparación y mejora de las instalaciones fabriles y a laboratorios.
Un criterio muy utilizado por los lobbies asociados a este complejo de poder es que el aumento de recursos destinados a la rama bélica de la industria resulta una inversión productiva en términos de eficiencia económica.
Políticas públicas capaces de contener las tendencias negativas en este campo e impulsar la búsqueda de una alineación distinta a la promovida por Washington, podrían ser las mejores estrategias para combatir el militarismo.
David Corcho*/Prensa Latina
*Periodista
Contralínea 419 / del 12 al 18 de Enero de 2015
